En pocas ocasiones se habla de las comunidades miskitas e indígenas que viven en la ribera del Río Coco, pero la preocupación de sus propios pobladores por la situación de pobreza extrema en que viven, la falta de medios para trabajar la tierra, de centros de salud, educación, sistema de justicia y el incremento de la actividad delictiva, han hecho que diferentes organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz, medios de comunicación y la misma Policía Nacional (PN) tomen cartas en el asunto.
Es por ello que recientemente viajó hasta el lugar una comisión integrada por representantes de la Asociación Nacional Pro-Derechos Humanos (ANPDH), docentes de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y altos mandos de la institución policial, luego de un acuerdo entre la Directora General de la Policía, primer comisionada Aminta Granera y el Obispo de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Matta, con el objetivo de verificar la situación real de la zona.
En el recorrido, los miembros de la comisión se reunieron con líderes locales de la comunidad de Boca de Plis, San Andrés de Bocay y Raití, quienes expusieron los problemas que tienen por las características geográficas del territorio fronterizo, el que es propicio para que grupos delincuenciales procedentes de Honduras se crucen y cometan sus fechorías. Asimismo, señalaron su preocupación por el tráfico ilegal de madera, narcotráfico, problemas de violencia intrafamiliar, abigeato, robos con intimidación y el poco acceso al sistema de justicia, sobre todo por las largas distancias a las más cercanas delegaciones.
Temas como la legalización de sus propiedades, por cuanto existe actualmente un litigio entre las comunidades mestizas e indígenas por la Demarcación Territorial y la problemática de los desmovilizados de la Resistencia y Ejército, son también parte de los problemas presentados por los pobladores.
NUEVA UNIDAD POLICIAL EN RAITÍ
Esta visita especial conformada por 33 civiles y 12 policías, al mando del comisionado mayor Otilio Duarte y del licenciado Roberto Petray, recorrió un total de 30 comunidades hasta llegar a la comunidad de Raití, sitio donde ya cuenta la Policía con 750 mil córdobas para construir la unidad policial, cuya disposición fue dada por el Presidente de la República, Daniel Ortega.
Raití, donde aún se observa el mal del grisi siknis en jóvenes y adultos, que armados de palos y otros objetos violentan a las personas y casas de habitación, es una microrregión que corresponde al municipio de San Andrés de Bocay, cuya única vía de acceso es acuática, en una panga donde el usuario paga al menos mil córdobas para llegar a su destino.
El jefe de la delegación policial de Wiwilí, Jinotega, que cubre esta zona, dijo que este problema de acceso es lo que ha dificultado la presencia policial. “Nosotros damos atención a estas comunidades cuando se da un hecho relevante; estamos hablando de los delitos contra la vida, porque el costo es demasiado alto, pero ahora la Policía Nacional se comprometió a la construcción de una unidad, con la que se espera se comience a atender a la población en julio, con un personal de siete fuerzas que van a prestar servicios a las comunidades aledañas”, indicó.
