La dirigente del Movimiento María Elena Cuadra, Sandra Ramos, demandó del Gobierno una política de empleos, ante el inminente cierre de seis empresas del consorcio Nieng Hsing, que dejará en el desempleo a más de 14 mil personas, un 70 por ciento mujeres.
Ramos recordó que el cierre de otras empresas de la maquila, entre junio del 2006 y octubre del 2007, había dejado en desempleo a más de 2,715 personas.
La dirigente del movimiento de mujeres empleadas y desempleadas también mencionó que en el país cada año hay más de 50 mil personas que demandan un puesto de empleo en el país.
“Aquí podemos llenar el país de maquiladoras, y no va a satisfacer el gran desempleo que hay en este país”, expresó Ramos.
“Nos preocupa enormemente la salida del consorcio del país, pero nos preocupa porque no hay otra oferta de trabajo que esté ofreciendo como alternativa el nuevo Gobierno de Nicaragua”, indicó Ramos.
A la salida de los taiwaneses se habla del cierre de empresas de capital coreano, lo que empeoraría la situación, expresó Ramos.
GOBIERNO DEBE ABRIR NUEVAS FUENTES
Plantea que el Gobierno abra nuevas fuentes de inversión, pero no basta únicamente atraer al país nuevas zonas francas.
Ramos estima que es necesario que Inatec se convierta en un instrumento de apoyo para la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores. Ella es del criterio que es necesario que las autoridades promuevan las carreras técnicas, para que los obreros aspiren a empleos más dignos.
“(Por) lo que estamos preocupadas es que no hay una posición clara del Gobierno, de cómo vamos a hacer para atraer nuevas inversiones en este país; y que la gente deje de estar saliendo como exiliados económicos fuera de las fronteras nicaragüenses”, manifestó Ramos.
Desde entonces, dijo, al Movimiento María Elena Cuadra le ha correspondido asumir la labor de sindicalistas, “para que a la gente que está perdiendo su puesto de trabajo se le pague sus derechos adquiridos, que quiere decir todas sus prestaciones sociales y su indemnización”.
A la fecha ya cerró la Shao Hsing, con una afectación de 3,200 trabajadores. Otras cinco empresas han hecho aviso de cierre. El lunes los abogados de ese movimiento acudieron a la empresa Henry Garment, porque mil 500 obreros de esa fábrica pidieron su intervención, debido a que desconocían cómo serían liquidados.
“Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, pero aquí el mayor responsable de (hacer) cumplir los derechos de los trabajadores se llama Gobierno de Nicaragua (...) para eso están las instituciones, donde hay un montón de gente asalariada que debería estar garantizando que esto se haga correctamente y no nosotros”, manifestó la dirigente sindical.
