El diputado sandinista ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Francisco Campbell, dijo que Costa Rica no puede permitir labores de explotación minera —a cielo abierto— en las riberas del río San Juan, porque existe una resolución que lo prohíbe y que, además, cualquier otorgamiento de concesión debe ser analizada por la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo.
Costa Rica autorizó la explotación de oro a Industrias Infinito, S.A. en Las Crucitas. Industrias Infinito, S.A. es subsidiaria de la empresa canadiense Vanessa Venture Limited y posee un total de 1,400 hectáreas en la ribera del río San Juan, pero sólo 50 serán usadas para instalar la mina. Se conoció que los primeros trabajos de minería comenzarían en este mes.
La resolución del Parlacen data del mes de octubre del 2004 y al parecer el Gobierno costarricense pretende pasar por encima de la misma.
“Como Parlacen vamos a insistir que se respete esta resolución y es la comisión la que tiene que dictaminar sobre el impacto ambiental negativo o positivo de cualquier concesión que pueda tener”, indicó vía telefónica el diputado.
LO QUE DICE LA RESOLUCIÓN
La resolución firmada en Guatemala, el día 27, establece que la adopción de un “no otorgamiento” de concesiones mineras, en la cuenca del río San Juan por las grandes afectaciones que puede tener sobre el medio ambiente.
Grupos ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica han expresado que las labores de minería cercanas al río resultan un peligro inminente. Indican que cualquier movimiento de tierra o el uso de sustancias químicas en las labores que se realicen pueden llevar a una contaminación del río, ya que el plantel estará ubicado a escasos tres kilómetros. Además la vegetación estará en peligro por el continuo despale que se hará en la zona.
Al mismo tiempo el documento indica que se deben alcanzar acuerdos binacionales que tomen en cuenta la estructuración o recuperación de corredores biológicos en las zonas fronterizas, como parte de apoyo al Corredor Biológico Mesoamericano.
Manifiesta que se puede plantear ante el Tribunal Centroamericano del Agua, la necesidad de su intervención ante el gobierno de Costa Rica sobre la concesión minera Las Crucitas, dado que ese tribunal propone hacer valer los instrumentos de derecho ambiental existentes.
A LA CCJ
El diputado Francisco Campbell lamentó que el gobierno de Oscar Arias, aparentemente pretenda permitir los trabajos de minería en la zona, porque afectaría los intereses de ambos países en la ribera del río San Juan.
Si Costa Rica no revierte su decisión el tema puede ser llevado hasta la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Según el parlamentario, este organismo podría hacerse cargo porque es un asunto que se relaciona con la integración de la región de Centroamérica.
“Si bien es cierto que Costa Rica no es parte del Parlacen ni de la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte tiene incidencia en asuntos de integración, también Costa Rica es suscriptor de las alianzas para el desarrollo sostenible en la región, tiene compromisos con el resto de países y no puede tomar decisiones que afecten el medio ambiente, el desarrollo sostenible”, expresó ayer el diputado Campbell.
También indicó que el Parlacen está autorizado para realizar un estudio de Derecho Comparado, donde se revisen los convenios internacionales asumidos particularmente por Nicaragua y Costa Rica en materia de la protección de la cuenca compartida.
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es otra de las entidades, al igual que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que podrían evaluar el caso y presentar sus consideraciones, dice la resolución del Parlacen.
En Nicaragua el centro ambientalista Humboldt ha sido uno de los más críticos, sobre la decisión de las autoridades costarricenses. Sin embargo, también han mostrado su malestar porque el gobierno de Daniel Ortega y en particular el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) aún no emite un pronunciamiento enérgico rechazando la explotación minera en Las Crucitas.
Autoridades de Humboldt han dicho que existe un doble discurso de las autoridades nacionales, porque mientras dicen proteger el medio ambiente, por otro lado parecen estar a favor de los proyectos de fuerte impacto ambiental.
Mientras que el ambientalista Kamilo Lara, del organismo ambiental SOS Ambiente, exigió un pronunciamiento enérgico de las autoridades nacionales, ya que todo movimiento de tierra o el uso de sustancias químicas en las labores que se realicen pueden llevar a una contaminación del río. Para Lara con esta actitud Nicaragua pone en entredicho la sostenibilidad ambiental del río San Juan y traería serias consecuencias negativas a la calidad del agua, a recursos naturales del lugar.
