Un día irrespeta derechos ciudadanos y al día siguiente ofrece milagros a unos y amenazas para otros. Ésa ha sido la política del presidente sandinista Daniel Ortega y en consecuencia la vida en Nicaragua se complica más.
Si el precio del petróleo sube, si la economía de Estados Unidos entra en recesión y los alimentos se vuelven escasos y más caros, el ciudadano espera que el Presidente de su país actúe con responsabilidad, que trate de unir y apoyar a la población para sostener o mejorar la economía nacional frente a la tormenta.
Sin embargo, Ortega ha hecho lo contrario. Mandó a bloquear algunas exportaciones de frijol y días después reveló su intención de que la empresa estatal Enabas se encargue de hacer ese negocio, que el Estado compre los granos a los agricultores, a un supuesto “precio justo”, para revenderlos a países vecinos o en Venezuela.
El temor se propagó entre agricultores y comerciantes nicaragüenses, porque ese control acabaría con una red de negocios y mandaría al desempleo a miles de personas, además de quitar a los productores la libertad de vender sus productos a quien les pague mejor.
La consecuencia será que la producción de alimentos descenderá, a pesar de los buenos precios que ofrece el mercado, porque los productores se sentirían obligados a venderle al Estado y aceptar el precio que a éste se le antoje pagar, incluso con atrasos en la entrega del dinero debido al burocratismo de las entidades públicas.
Ese tipo de controles ya fallaron en Nicaragua en la década de 1980 y en los últimos años han provocado daños a las economías de Venezuela y Argentina, razón por la que hace cinco días el presidente venezolano, Hugo Chávez, tuvo que conceder aumentos de hasta 84 por ciento de los precios al consumidor de productos avícolas y de harina de maíz.
Chávez se ha empecinado en que los agricultores vendan a los precios que él dice, pero ese capricho “socialista” le quitó rentabilidad a la producción de alimentos, redujo las actividades productivas, volvió escasa la comida y fortaleció el mercado negro de Venezuela.
Ahora, al admitir de hecho parte de su error y subir los precios al consumidor, el régimen venezolano estima que la producción de alimentos podría subir en 20 por ciento a corto plazo, porque los empresarios privados volverán a invertir atraídos por la ganancia. Es lógico, nadie invierte su dinero para perder.
Previendo esas interferencias negativas de algunos gobiernos, hace semanas la jefa del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Josette Sheeran, criticó los controles de precios en países como Argentina, Vietnam y China, porque “no alimentan a los hambrientos, sino que alimentan la crisis”.
Esas medidas, afirmó, sólo conseguirán desincentivar la siembra.
Funcionarios del gobierno sandinista niegan que su intención sea controlar precios, y enfatizan en que sólo pretenden sustituir con Enabas a los comerciantes intermediarios. Sin embargo, al ser el Estado el único comprador, los productores perderían la opción de conseguir precios mejores, como sucede cuando el mercado funciona con libertad. Surgiría un mercado negro y algunos agricultores, espantados, moverían su dinero a otros negocios. Dejarían de producir.
