La Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde el 4 de abril de 2002 contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. Tampoco la Corte se ha pronunciado sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado el 7 de julio de 2005, por varios medios de comunicación en contra de una reforma a la ley tributaria que con el pretexto de regular, reformaba el mandato constitucional que exonera de impuestos a los medios de comunicación. Las bancadas de los tres partidos de oposición que prometieron reformar la Ley impositiva, en este punto, aún no lo han hecho y el proyecto está en discusión en la comisión correspondiente.
El 19 de diciembre de 2007, el periodista de LA PRENSA, Jorge Loáisiga, fue víctima de una agresión al finalizar uno de los mítines que usualmente organiza el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en uno de los barrios pobres de Managua, en los que da a conocer decretos, acepta cartas credenciales de embajadores extranjeros y firma convenios de toda clase. En esta ocasión le tocó al Embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli. Al terminar el acto y después que el Presidente se había marchado, el periodista Loáisiga vio que el Embajador estaba dando declaraciones a periodistas y corrió hacia el lugar donde se efectuaba la improvisada rueda de prensa. En ese momento fue agredido por cuatro miembros de la seguridad personal del Presidente, llamados “camisas azules”, quienes lo tomaron del cuello con brutalidad, lo levantaron en peso y lo arrastraron fuera del lugar. Otro periodista del Canal 2 que filmaba los hechos también fue agredido por sujetos afines a Ortega. Dos policías de la escolta oficial de Ortega, que estaban en el lugar, esposaron a Loáisiga y pretendían arrestarlo, pero por una orden posterior lo dejaron en libertad.
Posteriormente el 7 de enero de 2008 representantes de LA PRENSA se reunieron con miembros de la jefatura de la Policía Nacional y discutieron medidas para evitar incidentes como el ocurrido con Loáisiga. La Jefa de la Policía, Aminta Granera, declaró que se diseñarían normativas para mantener los controles necesarios, pero también para evitar incidentes como el ocurrido el 19 de diciembre.
El 9 de enero de este año, el Presidente de la República publicó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que pone dicha ley en vigencia, sin embargo aún no se han formado las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) como establece la ley y no se cuenta con presupuesto para tal fin.
Una gran preocupación ha causado el régimen de convivencia familiar (casa por cárcel) otorgado a William Hurtado, ex oficial de la oficina de Seguridad del Estado en la década del primer gobierno sandinista, quien asesinó al periodista Carlos Guadamuz el 10 de febrero de 2004. Guadamuz había sido un colaborador muy cercano a Daniel Ortega, actual Presidente de Nicaragua, pero luego y hasta su asesinato fue un durísimo crítico de Ortega y de sus demás colaboradores. El régimen de convivencia familiar a Hurtado le fue concedido supuestamente por razones de salud. El 19 de abril de 2004 William Hurtado había sido condenado a 18 años de cárcel por matar a Guadamuz a quemarropa y también fue condenado a tres años y medio por intentar matar al hijo del periodista que lo acompañaba en ese momento.
Otro intento de liberar a Eugenio Hernández González, asesino de la periodista María José Bravo, del Diario LA PRENSA, fue frustrado por una oportuna denuncia de este Diario. Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aparentemente motivados por intereses políticos, estarían intentando beneficiar a Hernández González, ex alcalde de un municipio rural que fue condenado a 25 años de prisión, cambiando por homicidio culposo la sentencia por asesinato por la que fue condenado.
El gobierno de Daniel Ortega mantiene una política de secretismo y embargo de la publicidad estatal, favoreciendo a los medios que son propiedad del partido oficialista o que se han apegado a difundir las informaciones oficiales como se les imponen que las publiquen. El presidente Ortega firmó en marzo de 2007 un acuerdo con el Colegio de Periodistas de Nicaragua para que los pequeños radioperiódicos recibieran publicidad estatal, pero aún no ha cumplido.
Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que dirige la Primera Dama, señora Rosario Murillo, están realizando una fuerte campaña de calumnias contra Jaime Chamorro, Director de LA PRENSA, y Eduardo Montealegre, líder de la oposición, ahora nombrado candidato a Alcalde de Managua por la más importante coalición de partidos políticos. La campaña se origina en que Montealegre fue gerente y Chamorro directivo de un banco que en licitación pública ganó bonos del Estado llamados Certificados Negociables de Inversión (Cenis), para hacerse cargo de los depositantes de uno de los cuatro bancos que quebraron en un corto período entre los años de 1999 y 2000. El Estado perdió en estas cuatro quiebras 500 millones de dólares, sin embargo el banco al que estuvieron ligados Montealegre y Chamorro sólo recibió 50 millones en bonos y a menor interés que los otros bancos. No obstante, desde hace varios meses se está pasando una viñeta de televisión y radio patrocinada por los CPC, en la que se dice: “Los Cenis fueron el robo del siglo… Eduardo Montealegre, del ALN y Jaime Chamorro, de LA PRENSA, se le robaron al pueblo de Nicaragua 600 millones de dólares… Que paguen los ladrones”, y muestran las fotos de las dos personas calumniadas y las obras que supuestamente se hubieran hecho con ese dinero.
Al mismo tiempo, los CPC están acusando a Eduardo Enríquez y Jaime Chamorro, jefe de redacción y director de LA PRENSA, respectivamente, por supuestas injurias y calumnias, porque en el incidente del periodista Loáisiga, descrito antes, LA PRENSA tituló en su edición del día siguiente, por error, “CPC con licencia para dar golpizas”.
Pero las demandantes no aparecen en la información, lo cual invalidaría la acusación. Tampoco presentaron en el inicio del juicio ninguna acreditación, lo que también es causa para rechazar la acusación. El juez es de tendencia sandinista y a las querellantes se les transporta en una camioneta de la secretaría del FSLN. A las querellantes se les ofreció una rectificación que no aceptaron.
