Es evidente que en la sociedad nicaragüense predomina el sentimiento de desconfianza en las instituciones y autoridades gubernamentales. Los ciudadanos desconfían de los magistrados y de los jueces, del Gobierno y de todas las instituciones estatales, incluyendo por supuesto al Poder Electoral. Y lo cierto es que no hay ninguna razón para que la gente democrática confíe en unas instituciones y autoridades que han sido desvirtuadas por la codicia, la corrupción, el caudillismo y el servilismo.
Actualmente el país está abocado a otro proceso electoral para elegir autoridades municipales, el cual, debido a la situación política, será como un plebiscito de aceptación o rechazo de la población al gobierno de Daniel Ortega que trata de restaurar la dictadura. Y es obvio que el mismo Ortega y la cúpula de su partido saben muy bien que las elecciones municipales de noviembre tendrán una significación plebiscitaria. Por eso, y por el claro dominio que ellos ejercen sobre prácticamente todos los poderes del Estado, incluyendo el Electoral, es lógico que los ciudadanos democráticos sientan temor de que haya un fraude electoral para impedir el triunfo de la oposición. Por la misma razón, la minoritaria parte orteguista de la población quisiera también que se haga el fraude electoral, para evitar la derrota en las municipales de noviembre y afianzarse ellos en el poder.
A este mórbido clima de desconfianza contribuyen hechos como el de que la mayoría orteguista que controla el Consejo Supremo Electoral, destituyó a Eduardo Montealegre de la presidencia de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), con lo cual le quitó a la oposición el derecho de formar parte de los consejos electorales departamentales y municipales. También abona a la desconfianza ciudadana en la autoridad electoral, el afán de Daniel Ortega y sus seguidores por suspender las elecciones municipales en tres de los principales municipios del Atlántico Norte, con el pretexto de que todavía no se han recuperado de la destrucción causada por el huracán Félix, el año pasado. Pero en realidad, el interés de los orteguistas en suspender las elecciones en esos lugares se debe al temor a ser castigados electoralmente por la población, debido a la corrupción, el sectarismo y la ineficiencia que han demostrado ellos mismos, particularmente durante la emergencia regional provocada por el desastre natural antes mencionado.
Del mismo modo, hay motivo para desconfiar de las autoridades electorales controladas por el sandinismo orteguista, por los antecedentes de fraudes electorales que fueron cometidos en las elecciones municipales del año 2004, cuando mediante burdas maniobras le arrebataron el triunfo a la oposición democrática por lo menos en tres municipios: Granada; Santo Tomás y Cuapa. Así como también hay desconfianza porque en las elecciones nacionales del 2006, el Consejo Supremo Electoral no dio cuenta del 8 por ciento de los votos totales, por lo que es lícito suponer que esto se debió a que esos sufragios hubieran obligado a realizar una segunda vuelta presidencial, la que Daniel Ortega jamás habría podido ganar. Y hay que señalar también que alimenta el clima de desconfianza hacia las autoridades electorales, la prepotencia con que éstas manejan sus atribuciones y facultades institucionales, que las han convertido en una especie de poder de vida o muerte en el sistema electoral y político del país.
Si las autoridades electorales quisieran ganarse la confianza de la oposición y de la ciudadanía, bastaría con que, primero, resolvieran conforme a lo que estrictamente establecen la Constitución y la Ley que no hay razón para suspender las elecciones en los municipios de Bilwi o Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka; segundo, que informen por fin sobre el remanente de votos de las elecciones nacionales del 2006; y tercero, que tomen una decisión ecuánime sobre la representación opositora en los consejos electorales, reconociendo el derecho de quienes constituían la fuerza verdadera o principal de ALN en aquellas elecciones.
De otra manera, inevitablemente seguirán aumentando la percepción y la sospecha de que el Consejo Supremo Electoral trabaja para favorecer a Daniel Ortega y su partido. Lo cual, sin embargo, también debería servir como un acicate a la oposición para volcar la mayor cantidad de votos democráticos en las elecciones de noviembre, porque esto sería el mejor disuasivo de cualquier fraude que se quisiera perpetrar y que se estuviera fraguando desde ahora.
