Una serie de errores y confusiones hicieron que el Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) le denegara definitivamente una solicitud de exclusión de procedimiento (no hacer una licitación) a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), la cual pretendía contratar de manera directa los servicios de una empresa española que distribuye repuestos para plantas generadoras de energía.
De haberse aprobado este contrato, el Estado se habría endeudado por un monto de seis millones 500 mil dólares, lo que para los contralores significó una suma muy importante.
La decisión de los contralores fue unánime después de analizar que el contrato entre Enel, a través de su presidente Ernesto Martínez Tiffer, y la empresa española Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L. (Gero-ICI), estaba plasmado en un papel informal, sin membrete, y no en una escritura pública como lo establece la ley.
Además, según los contralores, se pretendía que la contratación no pasara por la Asamblea Nacional, violando de esa manera la Constitución Política, y la empresa ibérica no fue presentada como autenticada por las autoridades de España.
CONTRATO CONFUSO
Los contralores no vieron con simpatía el contrato, porque tampoco era claro en cuanto al pago de los intereses de la deuda, pues en su cláusula cuarta establece que: “Enel pagará a Gero- ICI con recursos y divisas propias, mediante letras de cambio emitidas por Gero-ICI y aceptadas por Enel a un plazo de 180 días con una tasa de interés anual del cinco punto noventa y cinco por ciento (5.95%) mensual sobre saldo correspondiente a (US$5,200,000.00)”.
Para los contralores no quedó claro si el interés de 5.95 por ciento era anual o mensual, porque de ser mensual significaba una “barbaridad”, según la resolución de la CGR.
La persona que firma el contrato por parte de la empresa española es Rogelio Blanco Diez, quien aparece como Consejero Delegado de la distribuidora de repuestos, lo que significó otra debilidad para los contralores en la transacción.
A Blanco Diez lo identifica el pasaporte número AE 644594 y lo acredita como Consejero Delegado de Gero-ICI una escritura número 28 29, Sociedad Limitada de fecha 11 de diciembre del 2006, ante el notario Luis Miguel Quiroga Gutiérrez, notario del Colegio de Madrid, España.
ESTADO INDEFENSO
También existía la posibilidad de que Gero-ICI pudiese pasar la deuda a un tercero, lo que, a juicio de los contralores, dejaría en indefensión al Estado, a la hora de un conflicto.
Desde el 28 de noviembre del pasado año 2007, Martínez Tiffer solicitó a la CGR la autorización para contratar directamente a Gero-ICI, porque se necesitaba con urgencia la adquisición de materiales, equipos y repuestos para el uso de las plantas de generación de energía eléctrica operadas por Gecsa e Hidrogesa, con un costo de seis millones 500 mil dólares todo el producto.
Según Enel, un estudio en conjunto con Unión Fenosa indica que las plantas mencionadas necesitaban los repuestos, pues de lo contrario la generación de energía eléctrica se vería afectada.
La deuda sería pagada con fondos de un préstamo externo o una línea de crédito, pero la CGR envió a pedir información adicional sobre los términos del contrato.
LOS PAGOS
El primer pago sería un anticipo del 20 por ciento, un millón 300 mil dólares; el segundo pago sería otro millón 300 mil dólares, mientras el tercer pago sería de tres millones 900 mil dólares, todo en un plazo de un año.
Gero-ICI iba a realizar embarques parciales de los suministros mediante entregas DDU, lo cual significa que no iba a asumir costos de desaduanaje ni de descargue.
La información adicional fue enviada entre el 18 y 21 de enero de este año 2008, pero luego la CGR pidió a Martínez Tiffer la confirmación de la disponibilidad de recursos o la evidencia de que la línea de crédito se encontraba aprobada para la adquisición de los repuestos.
El 19 de febrero de este año, Martínez Tiffer respondió a la CGR que Enel había destinado fondos de la institución para el pago y además contaban con un préstamo externo o línea de crédito.
Fue el 28 de febrero cuando la CGR le pidió a Enel el contrato firmado, pero al recibirlo, en marzo, recibió un contrato plasmado en un papel sencillo, informal y que no convenció a los contralores, y por eso decidieron rechazar definitivamente la solicitud de Enel para contratar directamente a Gero-ICI.
CASI COMO KAMUSI
Este caso, aunque no es totalmente similar, tiene su antecedente en el llamado caso “Kamusi”, en el cual Enel había solicitado a la CGR autorización para realizar un contrato de asociación en participación con la empresa panameña Kamusi Investment S.A., para instalar en Nicaragua plantas que generen 120 megavatios.
El precio de potencia de la oferta de Kamusi era de 36 dólares el kilovatio mes, más caro que el existente en el mercado nacional que oscilaba entre 17 y 20 dólares.
Después de una serie de reportajes de LA PRENSA, que escandalizaron al país por lo inverosímil de la contratación de Kamusi, cuando existían otras empresas que ofertaban una producción de energía más barata, el contrato finalmente l fue abortado.
Martínez Tiffer, en esa ocasión, no supo explicar el contrato con claridad. LA PRENSA intentó obtener una versión del presidente de Enel sobre este nuevo caso, pero no fue posible obtener una respuesta.
