La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el viernes al presidente Evo Morales que “recupere la cordura” y frene supuestos ataques “contra el aparato productivo y las libertades económicas”.
El presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub, declaró a la AP que “el Gobierno está perdiendo la cordura” y que la muestra más clara es un decreto de la semana pasada que prohibe la exportación temporal de aceites comestibles, uno de los principales rubros de las ventas al exterior bolivianas que alcanza unos 200 millones de dólares anuales. Insistió en que la medida debe ser derogada.
El Gobierno ha señalado que mantendrá el decreto mientras los fabricantes de aceites no bajen los precios, al acusar a éstos de preparar una escalada en los valores con el objetivo de dañar políticamente al presidente Evo Morales y obtener grandes ganancias a costa de la economía popular.
Dabdoub agregó que la disposición “tiene contenido político” y que respondería a una baja de la popularidad del Presidente, de modo que con la disposición contra el empresariado buscaría recuperar apoyo en sectores populares.
El Gobierno, en tanto, inició esta semana la venta de aceite de una pequeña fábrica estatal, a un precio menor, lo que ha atraído a largas filas de compradores. Sin embargo, el paliativo ha dado lugar a la creación de un mercado de reventa y, nuevamente, al encarecimiento.
Dabdoub dijo que el decreto parece apuntar a castigar al departamento oriental de Santa Cruz por su insistencia en acudir a un referendo convocado por la prefectura (gobernación) departamental, para el 4 de mayo, con el que quiere darse sus estatutos autonómicos, un acto al que el Gobierno considera “ilegal y separatista”.
El veto motivó el rechazo de varios sectores, especialmente de Santa Cruz, el motor económico boliviano, el único productor de soya y el principal de aceites de oleaginosas.
Los empresarios y trabajadores del transporte pesado, los fabricantes de aceites, los productores de soya y los agricultores que operan en el sector iniciaron el miércoles el bloqueo de recintos aduaneros en el centro y oriente del país y anuncian para el lunes la toma de nuevas medidas de presión para que el Gobierno derogue el decreto.
Según las principales organizaciones empresariales de Santa Cruz, el decreto dejará sin empleo a 300,000 personas, entre cultivadores de soya, empleados de las aceiteras, vendedores de insumos para la actividad y los transportistas.
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) ha señalado que las pérdidas totales en un año podrían aproximarse a los 500 millones de dólares, y que el daño puede ser mayor en perspectiva, pues llevará a la pérdida de las aceiteras de sus mercados en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina, entre otros.
Dabdoub dijo que “el Gobierno debe retirar esos decretos contra las libertades económicas” y que si no lo hace, la CEPB como el resto del aparato productivo y el comercio tomará medidas contra el Gobierno.
