BOGOTÁ .- La decisión del gobierno del presidente Alvaro Uribe de emitir un decreto para facilitar la excarcelación de guerrilleros de las FARC si liberan a sus secuestrados, pareció surgir de la presión por versiones sobre el grave estado de salud de algunos de esos rehenes, principalmente de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
El jueves tarde el gobierno emitió un decreto de tres artículos en el que dice que si el grupo armado libera "a la o las personas secuestradas" considerará que ya se ha cumplido un intercambio humanitario --o un canje de rehenes por rebeldes en prisión-- y que por tanto procederá de inmediato a pedir a los jueces la suspensión de la pena, o sea, la excarcelación de guerrilleros.
El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, al anunciar el decreto explicó que tiene vigencia inmediata, que ampara todos los tipos de delitos y que por el momento carecen de un número exacto sobre cuántos rebeldes podría beneficiarse de la medida, tan pronto se de una o varias liberaciones.
La decisión del gobierno se produjo tras llamados por parte de la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica por la liberación de la ex candidata presidencial colombo-francesa, debido al agravamiento de su salud por padecimientos como hepatitis.
De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Volmer Pérez, y jerarcas de la iglesia, campesinos en zonas del sur del país, donde estaría Betancourt y donde es mayor la presencia insurgente, han asegurado que está muy grave.
Secuestrada en febrero del 2002 por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Betancourt, de 46 años, fue vista por última vez en imágenes de video grabadas por los insurgentes y decomisadas por el gobierno en noviembre. En ese video, Betancourt aparece visiblemente delgada, pálida y en silencio, sentada en una rústica silla en medio de la selva.
Betancourt ha padecido de varias enfermedades, como leishmaniasis, y está deprimida ante el maltrato al que es sometida por parte de los guerrilleros, que la encadenan e insultan, han dicho compañeros de cautiverio ya liberados, como el ex senador Luis Eladio Pérez.
En el mundo "nadie va a entender, obviamente si a Ingrid le ocurre algo...si no hay un gesto por parte de las FARC (como liberarla) eso va a ser evaluado de manera muy negativa por parte de la comunidad internacional", dijo a la cadena radial Caracol Astrid Betancourt, hermana de la ex candidata presidencial. Si Ingrid muere "va a ser el principio del fin de las FARC. También se le va a cobrar al gobierno", dijo.
Por dos años, las FARC han pedido al gobierno negociar un intercambio de al menos unos 40 secuestrados por cientos de rebeldes en prisión, como parte de sus esfuerzos por ganar reconocimiento político. El gobierno se ha negado a la principal exigencia de los rebeldes de retirar a la fuerza pública, o despeje, de dos municipios del sur del país para discutir allí el canje, indicando que las guerrillas han liberado a seis ex políticos este año sin precisar ese retiro.
El gobierno también se había negado a considerar que una eventual excarcelación amparara todos los tipos de delitos --como secuestros y masacres-- lo cual fue incluido en el decreto del jueves porque fue "un acto fruto de la presión ante las informaciones que Ingrid Betancourt se está muriendo", dijo en entrevista telefónica con AP Claudia López, analista e investigadora política.
"El gobierno dice que emite el decreto por razones humanitarias, si fuera por eso el decreto pudo salir el día uno de los secuestros...pero lo hace ahora ante la evidencia del mal estado de salud" de los cautivos, agregó López destacando, que "de todos modos hay que reconocer que es un gesto generoso" del gobierno.
El senador del Partido Liberal, de oposición, Héctor Elí Rojas, indicó telefónicamente que con el decreto "el gobierno esta planeando una justificación ante un posible resultado fatal como la muerte de Ingrid Betancourt o de otros secuestrados. Quizá hasta fue bien intencionado pero ineficaz porque las FARC no van a actuar porque siempre han insistido en el despeje y no creo que cambien ahora" su posición.
El decreto "es una medida anticipada, es como decir: 'antes que me echen la culpa de las no liberaciones o que se mueran los secuestrados"' el gobierno actuó, dijo el analista político Armando Borrero. "En poner la pelota en el campo de las FARC, habrá que ver que pasa", dijo en dialogo telefónico.
