Las matemáticas electorales nicaragüenses, de acuerdo a los resultados de la campaña presidencial del 2006, claramente favorecen las candidaturas municipales de la Gran Alianza Liberal entre el movimiento liderado por Eduardo Montealegre, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aun controlado por Arnoldo Alemán, y otros partidos políticos con menor representatividad pero igualmente esenciales.
El caso particular de Managua, en el que el FSLN ha resultado victorioso en las dos últimas contiendas edilicias, no sólo las matemáticas electorales favorecen a la fórmula Montealegre-Quiñónez. Todo indica que el ungido por Ortega, el ex campeón mundial de boxeo Alexis Argüello, de reconocidas limitaciones administrativas y políticas, no debería representar un serio desafío para Montealegre.
Ante este prometedor panorama, ¿qué podría descarrilar un triunfo que a todas luces se convertiría en una contundente censura al gobierno de Daniel Ortega?, ¿o qué desaciertos políticos podría la alianza cometer para que una vez más el desenlace sea una debacle electoral?, ¿o cómo prepararse para resistir la embestida de calumnias, ataques, compra de voluntades, demandas judiciales y otras atrocidades que indudablemente el orteguismo tiene preparado para nuevamente dividir a la oposición? El éxito de la unidad dependerá principalmente de lo siguiente:
* Que Arnoldo Alemán demuestre su autoproclamado liderazgo y no capitule ante las inminentes presiones que recibirá por parte del orteguismo. Dada su condición de reo con privilegios de país por cárcel, no capitular le podría costar el temido retorno a las rejas, pero hacerlo significaría, tal como ha sucedido en el pasado, que el voto del PLC en la Asamblea Nacional, el sistema judicial, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría apuntarán sus cañones a encontrar las excusas necesarias para eliminar a Montealegre de la contienda municipal, de la presidencial del 2011 y consecuentemente a darle el jaque mate a la alianza. Todo con el beneplácito de los magistrados y representantes liberales de dichas instituciones, colocados paradójicamente por el pacto Ortega/Alemán.
* Que el bloque legislativo del PLC, no obstante una posible capitulación de Alemán, mantenga total independencia entre su agenda legislativa y la de los intereses personales del ex presidente. Esa independencia de la bancada del PLC significaría que el partido finalmente habrá alcanzado el nivel de madurez institucional indispensable para asegurar el liderazgo político que le corresponde. Permitir la neutralización de Montealegre antes de la elección (despojándolo de su inmunidad parlamentaria) o después de elegido (tal como permitieron que el CSE lo hiciera con el diputado Bolaños Davis) sería una violación lapidaria por parte del PLC al acuerdo, debilitando aún más su fortaleza como partido político.
* Que se debilite el control que el orteguismo ejerce sobre el Poder Judicial. La oportunidad que tiene la alianza a través de la AN de seleccionar nuevos magistrados, utilizando criterios estrictamente profesionales y apartidistas, reemplazando aquellos que claramente priorizan los intereses políticos sobre la aplicación estricta de la Constitución, no puede ni debe ser desperdiciada.
* Que se logre mantener la cohesión interna de las diferentes fuerzas políticas que la constituyen. Dado lo coyuntural de la alianza, característica tradicional de las alianzas políticas nicaragüenses, en las que la obtención de cuotas de poder prevalece ante los principios ideológicos e intereses de la nación, el riesgo de rupturas internas es una amenaza siempre latente que no se puede ignorar. Aunque las partes firmantes alegan coincidir y actuar en base a principios propios del liberalismo, existen profundas diferencias tácticas y estratégicas sobre cómo lograr el objetivo principal, generando mutuas desconfianzas que presagian enfrentamientos internos de divisionistas consecuencias.
* Que se impida la clara intención del CSE de manipular y poner trabas en todo el proceso electoral o de alterar los resultados con el propósito de favorecer al orteguismo. La decisión sin precedente de acelerar injustificadamente la inscripción de alianzas y de candidatos y la destitución de Montealegre como presidente de ALN-PC evidencian el interés de este desprestigiado y politizado cuerpo electoral en crear un clima de confusión entre las fuerzas opositoras a Ortega. Dada la presencia mayoritaria de magistrados fieles ejecutores de las órdenes de Ortega, esta opción seguramente se usará si otras medidas divisionistas no logran su cometido. De ahí la enorme importancia que representa la participación de observadores nacionales e internacionales, sobre todo cuando la oposición a dicha participación ya ha sido manifestada con meridiana claridad por el presidente del Consejo.
Finalmente, debe Montealegre convencer al electorado, a los que lo han apoyado y a los indecisos, de que su decisión de aliarse con el PLC no significa que su lucha antipacto ha terminado o que su visión de nación haya sido comprometida. Que en eso no claudica, pero que las lecciones históricas, las circunstancias actuales y un necesario pragmatismo político enseñan que sólo la unión de las fuerzas antiorteguistas podría evitar el retroceso del proceso democrático iniciado en 1990.
