El Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), mediante una carta enviada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió a los magistrados que fallen a favor de una resolución de la CGR, en la que declara nulas todas las emisiones de Certificados Negociables de Inversión (Cenis) ordenadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
La Sala Constitucional estudia el caso de los Cenis porque Mario Alonso Icabalceta, ex presidente del BCN, presentó un recurso de amparo en contra de la resolución de la CGR, emitida el 4 de agosto del año 2005, la cual aduce que el BCN carecía de base legal para emitir los Cenis con el fin de cubrir brechas bancarias por la quiebra de cinco bancos privados.
El presidente de la CGR, contralor Luis Ángel Montenegro, explicó que enviaron la carta porque es muy probable que en los próximos días la Sala Constitucional emita una resolución sobre el fondo del amparo presentado por Alonso y desean que dicha sentencia sea a favor de la CGR, para evitar, según Montenegro, un mayor perjuicio económico al Estado con los Cenis.
Agregó que la Ley de Amparo establece 45 días a la Sala Constitucional para resolver el fondo de esos recursos, y el de los Cenis ya lleva casi dos años, por lo cual los contralores están pidiendo a la CSJ una resolución a la mayor brevedad posible, tomando en cuenta que la fecha para el próximo desembolso del pago de los Cenis a los bancos que adquirieron las carteras de las entidades quebradas, el próximo 15 de abril, está próxima.
“Solicitamos que dictéis las providencias necesarias para que no se continúen pagando tales documentos de crédito, hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto que es materia del recurso de amparo y así evitar que el daño económico al Estado sea irreversible”, dice parte de la carta de la CGR.
La resolución de la CGR sobre los Cenis fue denunciar de nulidad el proceso de emisión de dichos certificados, que cubrían la quiebra de cinco bancos privados hasta por un valor facial de cinco mil 912 millones 942 mil córdobas, porque el BCN supuestamente no tenía facultad para emitir dichos Cenis.
El contralor Montenegro también opinó en contra de la idea de que se emitieron “Cenis buenos” y “Cenis malos”, como lo indicaron anteriormente la fiscal adjunta Ana Julia Guido y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís.
Guido y Solís afirmaron que hubo emisión de Cenis legales, es decir que realmente se utilizaron para cubrir las brechas bancarias y, en una mayor proporción, también otros ilegales.
Pero Montenegro calificó de “equivocadas” esas afirmaciones, pues aseguró que los Cenis son el “gran robo del siglo” al erario público, y el Estado no le debe nada a los bancos que adquirieron las carteras de los otros bancos quebrados, pues éstos supuestamente ya se pagaron con los activos que adquirieron de las entidades quebradas.
La Sala Constitucional ha citado a todas las partes involucradas en el proceso de emisión de Cenis, y está a las puertas de emitir una resolución.
Este miércoles llegaron los miembros de la junta liquidadora del Banco del Café (Bancafé).
El juez Julio César Arias ordenó al Ministerio de Hacienda y al BCN que suspendieran el pago de los Cenis, pero ambas instituciones estatales le solicitaron que revocara esa orden porque atenta contra la Constitución, pues el pago de los Cenis está contemplado dentro del Presupuesto General de la República, que tiene rango constitucional. El juez Arias dijo a LA PRENSA que aún no ha resuelto ambas peticiones.
Los contralores aprovecharon la carta para también pedir que la Sala Constitucional se pronuncie sobre los recursos de amparo relacionados a la auditoría especial practicada en la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI) del Ministerio de Hacienda, que son de fechas antiguas y que implican una cantidad enorme de pérdida para el patrimonio del Estado de Nicaragua.
