La Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, conocida como ley antifraude, terminaría de ser discutida y aprobada en lo particular hasta el próximo martes, por la Asamblea Nacional, a pesar de la prisa del partido gobernante en cumplir con ésta como uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La discusión de la ley fue suspendida porque los diputados de la oposición rompieron el quórum de ley, en protesta por las intenciones del partido gobernante de suspender las elecciones en tres municipios de Atlántico Norte, según el presidente de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, quien propuso la moción que sólo fue rechazada por los sandinistas.
De manera que la ley de tres capítulos y 34 artículos fue aprobada ayer hasta el primer capítulo con sus nueve artículos, por 63 diputados con seis abstenciones y tres votos en contra de la bancada de la alianza Movimiento Renovador Sandinista (alianza MRS).
Estos artículos establecen qué acciones se consideran como infracción para los clientes o consumidores del servicio de energía y por la empresa distribuidora, Unión Fenosa.
La mayoría de los diputados encontró el consenso en que los clientes no podrán instalar conexiones ilegales, manipular o alterar los medidores, vender energía a terceros ni manipular equipos de verificación de la empresa ni del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
También coincidieron en que la distribuidora no podrá instalar medidores que no estén certificados por el INE, suspender el servicio sin avisar al cliente al menos cinco días antes ni cuando el cliente presente recibo de pago, ni realizar inspecciones sin la presencia del INE.
La distribuidora tampoco podrá alterar intencionalmente la factura del cliente, cobrar costo de materiales de reparación o cobrar energía no registrada cuando sea por defectos de lectura o el aparato.
Sin embargo, faltan aún los artículos más polémicos sobre la penalización a estas infracciones y la gradualidad de las mismas.
La bancada del MRS calificó la ley como un “atropello” a los consumidores y que responde a compromisos del Gobierno con la empresa distribuidora.
CONSUMIDORES: LEY ES INFUNCIONAL
El presidente de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, Gonzalo Salazar, opinó que la ley antifraude no resolverá el robo de energía, el que calificó como una consecuencia de la estructura de la industria eléctrica que adolece de muchos problemas que no se pueden resolver con una ley.
Según Salazar, la ley más bien generará corrupción, porque las cuadrillas encargadas de la supervisión estarán sometidas a sobornos de parte de la población, que podría ofrecer dinero a cambio de no aplicar la ley. El dirigente sostuvo que el Gobierno busca “quedar bien” con el Fondo Monetario Internacional.
