Marco Tulio Cicerón (106-43 antes de Cristo) dijo en una muy conocida sentencia que: “La justicia es reina y señora de todas las virtudes”. Y acerca de los jueces, se hizo célebre, por su certeza, la frase de don Francisco de Quevedo (1580-1645) de que: “Menos daño hacen los delincuentes, que un mal juez”.
Pero no hay necesidad de ir tan lejos. En el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ley internacional y por disposición de la Constitución de Nicaragua está integrada a la legislación nacional, se establece que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Por otra parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, que también por mandato constitucional está incorporada a la legislación nicaragüense, determina en su artículo 8, entre otros derechos fundamentales, el de que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Como si todo eso fuera poco, la Constitución de la República de Nicaragua dice en su artículo 160 que: “La administración de justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en asuntos o procedimientos de su competencia”. Y en el artículo 165 señala que: “Los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y la ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita”.
Pues bien, prácticamente todos esos principios y garantías de justicia son irrespetados en Nicaragua, por la misma autoridad judicial, como lo demuestra entre muchos otros casos el acoso que está sufriendo el Diario LA PRENSA, en las personas de su director, Jaime Chamorro Cardenal, y su jefe de redacción, Eduardo Enríquez, por un delito que no han cometido. Y el colmo es que el juez, parcializado en contra de LA PRENSA, después de negarle sus derechos a los acusados injustamente y de poner oídos sordos a sus reclamos legales, ha decidido dejarlos en indefensión al excluir la participación en el proceso de su abogada defensora, por un supuesto “abandono de la defensa técnica”.
Este absurdo juicio es una agresión contra la libertad de prensa y un atropello a las normas legales, tanto sustantivas como de procedimiento, que debería ser materia de estudio en las facultades de derecho como un prototipo de injusticia y mala práctica judicial. En realidad, es insólito que Chamorro y Enríquez sean acusados por unas señoras pertenecientes al movimiento sandinista de los CPC, que dicen haber sido calumniadas por una información en la que no se les menciona y de quienes los acusados ni siquiera conocían su existencia. Además, la asesoría legal de las acusadoras ha sido identificada como vinculada al FSLN, ellas se movilizan en vehículos de la secretaría de ese partido para ir al juzgado, y el juez que sigue la causa ha sido recusado, aunque en vano, porque no se le considera independiente ni imparcial en este caso.
Mientras tanto, el director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal sí es calumniado de manera flagrante y desmedida, en una propaganda que por cuenta del mismo movimiento sandinista al que pertenecen sus acusadoras difunden los medios de comunicación oficialistas. Sin embargo, es al calumniado a quien se le procesa y el juez se presta a esta farsa, que significa un atropello a la dignidad humana de los acusados y una violación de la Constitución, de las declaraciones de derechos humanos y de los principios universales de la justicia.
Así será denunciado este acoso contra el Diario LA PRENSA en la asamblea de la SIP, que comienza mañana en Caracas, Venezuela.
