La empresa distribuidora de energía eléctrica, Unión Fenosa, tendrá nuevas responsabilidades con el Estado y los usuarios de ese servicio, a través de la nueva Ley de Distribución y Uso Responsable de la Energía Eléctrica, conocida como ley antifraude, que mañana jueves será discutida en lo particular por el parlamento.
Así resultó ayer según algunas de las principales mociones consensuadas entre los diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de esa comisión, José Pallais, precisó por ejemplo que la distribuidora deberá presentar al Estado una garantía de cumplimiento junto a su plan anual de inversiones para mejorar el sistema de distribución de energía eléctrica, que deberá ser aprobado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Pallais agregó que la propuesta establece que una factura alterada “ocasionará (para Fenosa) además de la sanción administrativa, que se deba retribuir por el doble el valor cobrado de más al usuario”.
Además, el diputado dijo que los miembros de la comisión coincidieron en que el INE será el responsable de valorar los casos y montos de indemnización al usuario por daños sufridos contra la propiedad o las personas por deficiencias del servicio de energía.
Para este aspecto, Pallais explicó que el INE establecería una tabla en base a valores técnicos de reposición, pero no en cada caso para evitar cualquier riesgo de favoritismo.
En general, Pallais valoró que el consenso de ayer alrededor de la ley sanará varias debilidades que persistían en el contrato de Unión Fenosa con el Estado.
Lo que no prosperó en el consenso de la comisión fue la propuesta de algunos diputados para aumentar de 500 a mil el monto mínimo del consumo de kilovatios mensuales para aplicar la sanción.
Sin embargo, Pallais aclaró que los consumidores de 500 kilovatios serán afectados con sanciones administrativas, pero se mantendrán las sanciones penales para los consumidores de más de 800 kilovatios por mes, según establece el Código Penal, en base al cálculo de tres salarios mínimos del sector industrial multiplicado por tres.
A la sesión de la comisión también asistieron la viceministra de Energía y Minas, Lorena Lanzas; el director ejecutivo del INE, David Castillo, y el gerente de Negocios de Unión Fenosa, José Ley Lau.
Castillo estimó que la discusión de ayer mejoró “en mucho” la ley antifraude, pues admitió que en el contrato original entre el Estado y Unión Fenosa no se incluyó la petición de planes de inversión a la distribuidora.
FENOSA DICE QUE ESTÁ SATISFECHA... POR AHORA
Por su parte, Lau afirmó que Fenosa está “de acuerdo” con las nuevas responsabilidades propuestas ayer por los diputados en la ley antifraude, que les permitiría recuperar hasta un ochenta por ciento de las pérdidas por el robo de energía, que él cálculo en 50 millones de dólares anuales.
Sin embargo, no omitió que aún esperan más de parte del Estado sobre esta ley que dijo es parte de una “campaña contra el consumo ilegal de energía”, por lo que planteó que una vez la empresa logre legalizar a los asentamientos que consumen ilegalmente la energía, el Estado debería establecer que cualquiera que robe ésta sea sancionado, sin importar el monto de su consumo mensual.
Lau también aseguró que Fenosa invertirá hasta 30 millones de dólares durante los próximos tres años y confió en que la nueva participación del INE será positiva para los usuarios del servicio y la misma distribuidora.
REGULAR A LA DISTRIBUIDORA
También ayer, el sector privado resaltó la prioridad de la aprobación de la ley antifraude como una forma de evitar que el país pierda esos 50 millones de dólares por el robo de energía.
César Zamora, presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), dijo que la aprobación de esta ley “no debe verse como una imposición del Fondo Monetario Internacional, sino como un asunto de interés nacional”.
Zamora se mostró a favor de las regulaciones para hacer que la distribuidora cumpla con el contrato de inversión en infraestructura. “Si se compromete a invertir, debe cumplir”, dijo.
Agregó que esto implica eliminar toda una cultura en cuanto a que “no se trata de ver el tema de cárcel, sino que hay que cambiar una cultura, y la del robo es mala”.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aseguró que el sector privado sigue insistiendo en la aprobación de esta ley, que considera como necesaria porque incluso la misma “evitará que la tarifa de energía siga subiendo”.
Consideró que los distribuidores deben cumplir también con su parte del contrato de distribución, en cuanto a inversiones, pero sostuvo que en las acusaciones a la distribuidora Unión Fenosa por sobrefacturación del servicio, debe resolverse a través de las instituciones establecidas.
