El juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, decretó el abandono de la defensa técnica de Helga Asher, quien representa a funcionarios de LA PRENSA en el juicio que por calumnia entablaron en contra de este Diario, cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
El judicial actuó a petición del abogado de las querellantes, Eduardo Mejía, quien sobre la base del artículo 274 del Código Procesal Penal (CPP) argumentó que Asher no cumplió con entregarle en tiempo y forma, dentro del término de cinco días después de ser enviada la causa a juicio, el intercambio de información y pruebas para el juicio, reprogramado para el próximo 17 de abril.
Pero Asher le respondió al juez Urbina que el argumento del abogado de las querellantes no es válido, porque se encuentran dentro de un proceso de orden privado, sobre todo cuando con sus actuaciones ha demostrado una defensa férrea a favor de sus representados.
Asher explicó que el artículo 274 del CPP habla que la defensa debe entregar intercambio de información y pruebas al Ministerio Público y acusador particular, si lo hubiere, pero no habla de querellante, que es el caso del abogado Mejía.
Asher también indicó que el CPP hace la diferencia entre un acusador particular, que es para los delitos de orden público, y el querellante, para los delitos de orden privado, como en este caso es la calumnia que las mujeres CPC le atribuyen sin fundamento a LA PRENSA, por una noticia en la que ni siquiera aparecen mencionadas.
La defensora indicó que el juez Urbina la quiere obligar a cumplir con algo que va en contra de la misma Constitución Política de Nicaragua, la cual establece en su artículo 32 que: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”.
“Por lo que de este último artículo constitucional puede inferirse que si el artículo 274 CPP no dice de manera expresa que le tengo que entregar copia del escrito de intercambio a la parte querellante, no estoy obligada a hacerlo, pues así lo estatuye la Constitución Política de la República de Nicaragua, máxime, que si lo que Vuestra Autoridad busca es cómo excluirme del presente caso, tendría que ser por otras razones y no bajo el supuesto abandono del ejercicio de la defensa”, dice Asher al juez Urbina.
Asher recordó que la juez Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza, utilizó ese mismo artículo de la Constitución para justificar a Urbina, cuando éste fue recusado para que no siguiera conociendo la causa en contra de LA PRENSA, porque había recibido la acusación a pesar de que el sistema computarizado de los Juzgados de Managua no le había asignado a él la causa, sino al Juzgado Séptimo Local Penal.
ABOGADA, NO ADIVINA
Además, en el escrito de información y pruebas que presentó Mejía en contra de LA PRENSA, éste no identifica dirección para ser notificado.
“Ni usted ni yo podemos suplir tal omisión, primero, porque a Vuestra Autoridad la ley se lo prohíbe, y en cuanto a la suscrita, no tengo el don de la clarividencia o adivinación como para establecer dónde —en el hipotético caso de que la ley lo prevea— debo presentar mi escrito de intercambio de información y pruebas, y luego remitirle copia al judicial, si no es a través de Ordice (Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua)”, señaló Asher al juez Urbina, en un escrito de reposición de auto.
INFORME A LA CSJ
Tal y como lo pidió el abogado Eduardo Mejía, el juez Celso Urbina, quien a LA PRENSA le ha negado todo tipo de petición, ordenó enviar un informe del infundado abandono de defensa de Helga Asher a la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También previno a los funcionarios de LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, Presidente de la Junta Directiva del Diario, y al Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, que deben designar un nuevo defensor en el término de tres días.
El juez Urbina avisó a Chamorro Cardenal y Enríquez que, si LA PRENSA no nombra un nuevo defensor, él les va a nombrar uno de oficio.
El pasado lunes Asher presentó un recurso de amparo en contra del juez Urbina, debido a que todas las resoluciones del judicial han violentado las garantías y derechos constitucionales a Chamorro Cardenal y a Enríquez.
Además, presentó quejas ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, en contra de Urbina, del juez Séptimo Local Penal, Henry Morales, y de la juez Segundo de Distrito Penal de Juicio, Adela Cardoza, judiciales que también han intervenido de distintas formas en el proceso por calumnia que se le lleva a LA PRENSA.
Asher va a presentar en el juicio, los spots publicitarios del sandinista Canal 4, en el que sin fundamentos y pruebas llama ladrón a Chamorro Cardenal y LA PRENSA, por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), lo cual sí constituye injurias y calumnias.
Los spots publicitarios, que forman parte de una campaña sucia de denigrar a Chamorro Cardenal y LA PRENSA, son auspiciados por los CPC.
Las mujeres que querellan a LA PRENSA son miembros de los CPC del Distrito Cinco de Managua y, cuando asisten a los Juzgados de Managua son transportadas por una camioneta vinculada a la Secretaría Departamental de Managua del Frente Sandinista (FSLN).
Las querellantes se identifican como Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, Marcia Auxiliadora Silva Marenco, Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez y Teresa del Socorro Muñoz.
Además, Yorlene Mendoza Solís, asistente del abogado Mejía, labora como asesora legal en la bancada sandinista de la Asamblea Nacional.
Las querellantes alegan que les ha causado perjuicio y dañado su honorabilidad una publicación de LA PRENSA, en su edición del 20 de diciembre del 2007, la cual fue titulada “CPC con licencia para dar golpizas”, editada después que el periodista de LA PRENSA, Jorge Loáisiga, fue agredido por miembros de la seguridad privada del presidente Daniel Ortega.
Según las mujeres, después de la publicación, sus vecinos las llaman “pandilleras”, y ese es el perjuicio que han sufrido.
