“¡Por favor, no le digan a mi madre que soy
político, ella cree que toco piano en un burdel!”.
Tom Clancy
Atribuido a un senador romano
en “Clear and Present Danger”
Con tantas causas en el mundo por las cuales luchar, es difícil escoger una. Pero, la causa de los jubilados y pensionados es por la cual debe lucharse hasta el final. Alguien tiene que gritar por ciento cincuenta mil trabajadores, obreros, oficinistas, profesionales y empleados públicos que depositaron sus contribuciones en una institución que mal usó, malversó y desvió los fondos que se le entregaron, que no supo cumplir con su cometido, que continúa haciendo lo mismo y nadie protesta ni se preocupa por el mal uso de los fondos que administra.
A lo anterior se suman más de medio millón de asegurados que cotizan al INSS y que con el transcurso del tiempo llegarán a jubilarse y pensionarse, y nadie les asegura que habrá dinero o institución que les cubra sus pensiones y jubilaciones.
El monto de la deuda no registrada por el INSS ni por el Estado de la República de Nicaragua ascendía al cierre del año 2003 (últimas cifras disponibles), a setenta y siete mil millones de córdobas y al crecer exponencialmente, al día de hoy alcanza los ciento cincuenta mil millones de córdobas que convertidos al tipo de cambio promedio suman siete mil seiscientos millones de dólares.
Esta deuda implícita no registrada supera en siete mil millones de dólares a la deuda de los Cenis (explícita, registrada y pagándose) y nadie habla de ella; porque no hay opositores políticos a quienes destruir, no hay de premio una posición política ni hay ideologías que imponer.
No se trata de juzgar si la emisión de Cenis fue correcta, legal y transparente, lo único que se persigue es demostrar que la situación de la seguridad social sigue precaria y nadie se preocupa por su salud financiera-actuarial y sobre todo de su buena administración.
El Fondo Monetario Internacional es el único que le da cierta importancia, de tal forma que lo incluye como meta en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras del Programa Macroeconómico, pero el Gobierno difiere su solución por tres años más y sólo se compromete a evaluar el incremento de la cobertura, la recuperación de deudas, la diversificación de las inversiones, fortalecer la gestión del riesgo y a no realizar cambios en los aportes o beneficios mientras no se identifique su financiamiento.
El mismo documento indica que se formará una comisión para determinar el futuro de la institución antes de junio del 2008. Cabe preguntar si ya se formó la comisión, quiénes la forman y cuáles son sus avances. Pero siempre se impondrá el secretismo o simplemente no se ha formado dicha comisión.
Esto es un compromiso formal del Gobierno a fin de mantener el programa macroeconómico, pero, ¿está el INSS en capacidad de hacer este trabajo con el personal que ha contratado en el último año?
Es preocupante la actitud de la actual administración del INSS al mantener una política de proselitismo y populismo político al efectuar inversiones en programas que competen a otras instituciones y violan el documento suscrito con el FMI y, lo que es peor, violan su propia Ley Creadora.
El Art. 15 del Decreto 974 (Ley Orgánica del INSS) dice, entre otras cosas, que el presidente ejecutivo deberá ser designado por el Presidente de la República de entre personas de reconocida honestidad y de competencia en asuntos sociales. Se vuelve a preguntar si se cumple la ley, pues nadie conoce las calidades y cualidades del actual presidente ejecutivo.
Se trae a colación lo anterior, pues preocupa que el organismo que tiene que dictar la pauta a la comisión que dictaminará los cambios del INSS no tenga un presidente ejecutivo con los conocimientos necesarios para sugerir cambios, analizar opciones, hacer y comprender las proyecciones financieras y actuariales necesarias y orientar el rumbo de la institución para proteger los dineros que se le han dado en administración.
