La presidenta del Consejo de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), María Lourdes Aguilar, aceptó a LA PRENSA que una empresa petrolera identificada como MKJ Exploraciones Internacionales “sí” hizo una “donación” a ese Consejo para desarrollar en diciembre pasado una sesión en la turística Corn Island, en la misma zona donde esa autoridad aprobó una concesión para la exploración petrolera en el Mar Caribe, que benefició a la empresa patrocinadora.
Aguilar, elegida por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue señalada ese mismo diciembre por algunos concejales de haber recibido ese financiamiento para beneficiar a la empresa extranjera.
Sin embargo, es hasta hoy que Aguilar da una respuesta sobre el caso, porque supuestamente desconocía esas críticas, y confirmó el financiamiento al ser entrevistada por LA PRENSA en Managua.
DICE QUE ES LEGAL
Aguilar afirmó que la donación recibida fue legal, porque “la ley manda que las empresas pueden aportar, pueden donar, ya sea material o económico para llevar a cabo cualquier actividad, y en este particular cumplimos con lo que manda la ley”.
Además, dijo que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) conoció de esa donación y el gobierno regional tuvo “una estrecha relación” con ese ministerio, por lo que estimó que “se cumplió con procedimientos tanto legales como técnicos para llevar a cabo la actividad”.
LA PRENSA intentó conocer la versión del MEM, pero fue imposible localizar a sus representantes.
En la entrevista, Aguilar se amparó en la Constitución Política de Nicaragua; en la Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica; la Ley 40, de Municipios, y la Ley 445, de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas.
Pero ninguna de esas leyes establece que alguna empresa privada puede financiar actividades de cualquier autoridad municipal, regional o nacional.
Tampoco la Ley 323, de Contrataciones del Estado, establece entre los requisitos de ley que las empresas privadas nacionales o extranjeras puedan o deban financiar una actividad.
RECHAZA CONFLICTO DE INTERESES
Al Consejo Regional se le criticó que el financiamiento de la sesión pudo influir en la concesión aprobada, pero Aguilar niega cualquier tipo de conflicto de interés y asegura que no teme por esos señalamientos.
“No (hay temor) porque no te lo prohíbe la ley. Si la ley te prohíbe alguna actividad no lo hacemos. Nosotros somos muy respetuosos (de la ley) y trabajamos en base a lo que manda y trabajamos en base con una institución, con un ministerio serio que es Energía y Minas”, sostuvo la funcionaria regional, quien agregó que la donación fue “un porcentaje de lo que cuesta la actividad”.
Aguilar precisó que la donación de la petrolera osciló entre treinta y cuarenta por ciento del costo de la sesión, estimado por ella misma en 20 mil dólares, por el traslado de los 45 miembros del Consejo a Corn Island.
