La Asamblea Nacional aprobó en lo general, antes de Semana Santa, la denominada Ley de Distribución y Uso Responsable de la Energía Eléctrica, cuyo propósito es castigar y de esa manera reducir por lo menos el robo de energía eléctrica. Su aprobación en lo particular, o sea artículo por artículo, supuestamente se llevará a cabo el jueves de esta semana. La iniciativa de esta ley fue presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado, pero no porque los gobernantes de Nicaragua hayan cobrado conciencia de que el robo de electricidad es un delito como cualquier otro y que por lo tanto debe ser penalizado, sino porque es una condición del Fondo Monetario Internacional (FMI). En efecto, según informó LA PRENSA en su edición del sábado 15 de marzo corriente: “La ley antifraude obedece a una condición para que el país reciba un desembolso de 16 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual el Gobierno firmó a mediados del año pasado un Programa Económico Financiero de tres años”.
Es vergonzoso que tenga que venir un organismo financiero internacional a enseñarle a los nicaragüenses que la energía eléctrica que se consume debe ser pagada y que a quienes la roban hay que aplicarles la ley. Pagar por el consumo de electricidad o de cualquier otro servicio es un acto de elemental honradez y responsabilidad personal y social. Es indigno, repetimos, que sea una condición para recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como dijo el asesor económico del Presidente de la República, Bayardo Arce, a los diputados que insisten en que la ley sólo debe castigar a los usuarios de más de mil kilovatios al mes que roben energía eléctrica, “…ni siquiera a los (consumidores) de cien (kilovatios al mes) se les debería permitir robar (…) porque no podemos partir nosotros de que el robo es legal”.
Las pérdidas de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Unión Fenosa, por el robo de electricidad se cifran entre 48 y 50 millones de dólares cada año, de los cuales 30 millones de dólares corresponden al sector domiciliar y productivo formal y los otros 18 a 20 millones de dólares, a los asentamientos humanos pobres. Cabe señalar al respecto que los clientes de Unión Fenosa que sí pagan por su consumo de electricidad, se quejan de que sus abultadas facturas se deben no sólo al problema del petróleo, sino también a que pagan el consumo de los que están conectados a la red eléctrica de manera ilegal. Pero la queja de los consumidores formales y honrados es desestimada por la empresa, la cual alega que salvo errores ocasionales siempre cobra lo exacto por la energía consumida. En todo caso, la ley contra el robo de energía también debe obligar a la compañía distribuidora a ser más eficiente en la prestación del servicio y a no alterar las cuentas de los usuarios.
Ahora bien, esta ley, para que pueda cumplir su cometido tiene que ser acompañada con una intensa acción educativa, a fin de hacer comprender a la gente que el valor de la electricidad lo determina su costo real y que quien la consume debe pagar lo que ella cuesta. Son muchas las personas que creen tener derecho al servicio de electricidad sin pagarlo. No entienden que la generación y distribución de electricidad tiene costos que deben ser pagados por quienes reciben el servicio. Y que, además, las empresas generadoras y distribuidoras deben recibir los ingresos indispensables para cubrir sus gastos operativos, para efectuar las inversiones que son necesarias y para obtener sus apropiadas ganancias. De allí que la ley contra el robo de electricidad tiene que aplicarse a todos los que roban, independientemente de su rango de consumo.
Los congelamientos y subsidios de tarifas nunca han dado buenos resultados. Más bien incrementan la corrupción y refuerzan la mala cultura del no pago y de creer que el Estado debe facilitar todo a todos, gratuitamente. Los diputados democráticos debieron sentir avergonzados de que un reconocido populista como es Bayardo Arce les recordara que el robo de energía eléctrica no se debe justificar ni legitimar, ni siquiera en los sectores más pobres. A estos el Gobierno debe buscar los mecanismos más apropiados para apoyarlos.
