La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha hecho un llamado a aspirantes para ocupar el cargo de Relator especial para la Libertad de Expresión, función que durante los dos últimos años fue ejercida por el venezolano Ignacio Álvarez, quien acaba de anunciar que no se postulará para un segundo período.
Álvarez es el tercero en desempeñar la Relatoría, fundada hace diez años. Santiago Canton fue el primer Relator y al ser designado como secretario ejecutivo de la CIDH, fue sustituido por Eduardo Bertoni. La designación de Álvarez fue muy discutida por diversas organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, fundamentalmente por una cuestión de formas, lo que, en alguna medida, le restó fuerza y respaldo a su gestión.
Otra vez vacante el cargo, ello sin duda ha de provocar, debe estar provocando, una gran actividad — “lobbys” de todo tipo—, para incidir en la nominación y elección del candidato. Desde las organizaciones de defensa de la Libertad de Expresión que ven en el Relator un instrumento importante en la lucha por esa libertad básica, pero que a la vez saben el riesgo que implica y lo contraproducente que resultaría que el cargo sea ocupado por un mal candidato, hasta los propios gobiernos que conforman la OEA y organizaciones allegadas o financiadas por éstos que saben que es clave tener un “amigo” en ese puesto. También les preocupa y les interesa especialmente el tema a abogados y organizaciones que se ocupan profesionalmente de casos que se ventilan en la Corte Interamericana de Justicia, y para lo cual en los casos específicos de prensa y libertad de expresión, que son la mayoría, una buena consonancia con el Relator ayuda mucho.
No es fácil encontrar al hombre para esa función. Sería malo que fuera un mero burócrata, que no quiera problemas y busque lavarse las manos y posarla bien sin hacer mucha ola. Pero esa alternativa no sería la peor. Más peligroso —para la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos— sería la elección de alguien con “prejuicios”, que de antemano sepa qué es lo que está bien y qué lo que está mal en la materia y a partir de ahí le imprima una acción a la Relatoría sujeta a su visión y sus creencias. Nadie niega que la libertad de expresión es de todos y para todos, pero en la práctica son demasiados los que piensan que es un producto a redistribuir de acuerdo con sus conveniencias y sus ideologías y en casos hasta en función de sus frustraciones y sus resentimientos.
Como se ve son muchos los riesgos y muchas las presiones, lo que no hace fácil el proceso de elección del Relator. Y aun acertando, el tema no termina ahí: hay, por ejemplo, problemas de financiamiento, cuya solución no podría depender exclusivamente del aporte de los países miembros de la OEA, y menos de algunos en particular, por más mano abierta que sean.
La autonomía e independencia del Relator es básica, como también lo es tener ahí a un hombre que no ceda a las presiones ni se asuste por los griteríos e insultos que al más alto nivel hoy son tan comunes en la región, y que a la vez tenga la lucidez de captar las nuevas amenazas e instrumentos que se aplican para limitar la libertad de prensa y coartar el derecho a informarse de los ciudadanos.
Si bien es cierto que el recurso burdo y bastardo de asesinar periodistas no ceja, también han proliferado nuevas formas de ataques al periodismo, que ya no pasan por la prisión o las clausuras, pero que son mucho más efectivas, porque lo son en sí mismas y porque son mucho más difícil de percibir y por tanto de denunciar. Los atentados contra la libertad de prensa ahora pasan por la discriminación en el otorgamiento de la publicidad, por el hostigamiento fiscal, dividiendo a medios y periodistas en buenos y malos, y por brutales y flagrantes abusos de poder que se pretenden asimilar y como tal se justifican, al mero ejercicio del derecho a la libertad de expresión del mandamás de turno.
No es fácil encontrar al Relator que hoy se necesita y, si se le ubica, la tarea que le espera será aún mucho menos fácil.
