El asesor económico presidencial Bayardo Arce Castaño, defendió ayer la Ley de Distribución y Uso Responsable de la Energía Eléctrica, conocida también como ley antifraude, y que fue aprobada el jueves por la Asamblea Nacional.

Arce insistió en que, según el espíritu de la ley, “se tiene que aprobar la penalización para el que robe energía y consuma más de quinientos (kilovatios al mes)” y recalcó que esas penas que irían de seis meses a cinco años de prisión no afectarían a quienes roben energía pero consuman menos de 500 kilovatios.

La ley antifraude obedece a una condición para que el país reciba un desembolso de 16 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual el Gobierno firmó a mediados del año pasado un Programa Económico Financiero de tres años.

Además, la misma permitiría obtener otros diez millones de dólares que serían dirigidos a la reconstrucción e inversión en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), afectada por el huracán Félix en septiembre del año pasado.

Pero a pesar de su aprobación en lo general, en lo particular carece de consenso entre los diputados, aunque Arce dijo confiar en que toda la ley estará aprobada a finales de este mes.

Arce rechazó la propuesta de algunos diputados para incrementar de 500 a mil el monto del consumo para la penalización y opinó que “ni siquiera a los de cien se les debería permitir robar (…) porque no podemos partir nosotros de que el robo es legal”.

El funcionario agregó que “desde que se metió (a la Asamblea) esta ley de energía, unos (diputados) comenzaron a decir que los pobres van a pagar. (Pero) de quinientos para abajo no van a pagar”, un grupo que según Arce significa el 89 por ciento de los consumidores de energía eléctrica, por lo que criticó la defensa de las redes de consumidores.

El asesor económico dijo que desconoce cuánto es el porcentaje de usuarios que consumen más de mil kilovatios. Sin embargo, insistió en que un cambio sobre el monto del consumo por parte de los diputados afectaría el Programa Económico Financiero que el país tiene con el FMI, porque ese “está hecho en base a cálculos”.

Arce, quien fue diputado en el período legislativo anterior, afirmó que “cuando aprueban en lo general, las cosas (leyes) caminan, (pero) el riesgo es que aprueban en lo general y después te cambian todo en lo particular y entonces la ley no llena su requisito”.