Hace poco el presidente de Ecuador Rafael Correa anunció que duplicaría el presupuesto de la empresa estatal de petróleo este 2008, llevándolo a US$4,240 millones (casi la mitad del presupuesto total del Estado) frente a los US$2,470 millones de los que la empresa dispuso en 2007. El cambio coincidió con el relevo de los directivos de Petroecuador por cuatro oficiales de la Marina y “choqueó” al país, pasando a ser una de las medidas más riesgosas desde que está en el poder.
El único mandatario economista de la región, Correa, se está jugando la sostenibilidad de su plan económico, que depende de los ingresos petroleros para aumentar el gasto social y hacer crecer la economía por encima del magro 2.6 por ciento del año pasado, uno de los coeficientes más bajos de la región.
Para entender por qué se llegó a esto, cabe recordar una historia que retrata cómo la petrolera estatal ha llegado a ser un peligro para su propio país. El colegio técnico Luis Tello, en la zona costera, está a pocos metros de la vieja refinería de Esmeraldas, la mayor del país. Sólo el año pasado sufrió tres incendios. Y aunque éstos no dejaron víctimas, nadie en la ciudad ha olvidado febrero de 1998, cuando una parte del poblado ardió en llamas tras la rotura de un ducto de combustible. Más de 100 personas sufrieron quemaduras y 18 murieron. Nueve años después, el ahora ex presidente de Petroecuador, Carlos Pareja, encontró en una visita sorpresa a varios operarios durmiendo durante el turno de noche.
La historia de la refinería es, además, señal de una nueva singularidad de la compañía. En un mundo donde la capacidad de refinación es escasa y genera cuellos de botella que hacen subir los precios de los combustibles, ella trabaja a menos de la mitad de su capacidad. En eso se confunde con su dueña, Petroecuador. En crisis desde hace 12 años, la compañía asistió impávida el año pasado a un derrumbe de 10 por ciento en su producción de crudo, justo cuando los precios del petróleo alcanzaron récords.
En una reacción a esto, que algunos interpretan como desesperada y otros como una jugada política, el presidente Rafael Correa puso al contralmirante Guillermo Zurita Fabre en la presidencia de la petrolera, que enfrenta una situación delicada por desastres ecológicos, además de su acentuada desinversión.
“Haber llamado a oficiales de la Armada para que se hicieran cargo de Petroecuador es una medida desesperada, pero, sobre todo, una jugada política del Gobierno para tener a la Marina de su lado”, dice el director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Vicente Albornoz. “El Presidente ya le dio las carreteras al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y tiene intenciones de entregar los aeropuertos a la Fuerza Aérea”, agrega. En un país donde los gobiernos caen cuando pierden el respaldo de las Fuerzas Armadas, Correa podría estar comprando lealtades. El peligro es que la crisis de Petroecuador se profundice y “creo que el Presidente no se ha dado cuenta de ese riesgo”, opina.
Geólogos de mar afuera
Los hombres de la Marina tienen formación en oceanografía y geología marina, pero poca experiencia en manejo empresarial. Su debut en el mundo petrolero fue polémico, no sólo por las denuncias que lanzaron sobre sus antecesores, sino también por los millonarios contratos que deberán manejar.
Ni bien se posesionó, Zurita denunció ante la prensa la corrupción en la empresa y se declaró posible víctima de una conspiración: “Hay actos dolosos desde miles hasta decenas de millones de dólares, los vamos a descubrir y a hacerlos públicos”, afirmó. Esperaba numerosos ataques no sólo por las denuncias, sino también por “el manejo nacionalista” que se le quiere dar al petróleo: “Ahora el blanco soy yo, porque estamos tocando intereses económicos muy fuertes”. Pero Carlos Pareja, el hombre al que Correa le confió el manejo de Petroecuador en su primer año de gobierno, alega que las acusaciones son poco más que un show.
La nueva administración enfrenta un señalamiento no menor. Los marinos quieren dar sin licitación un contrato de US$ 20 mil millones (medio PIB de Ecuador) para la provisión y construcción de un sistema de almacenamiento de gas de uso interno a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), cuyas acciones son en un 100 por ciento de la Marina.
Flopec, que también nació sin licitación en 1972, es la única salida para combatir a las mafias alrededor del negocio del gas, un producto que Ecuador no produce y debe importar. El argumento del Gobierno para justificar el contrato es que estas mafias se han encargado de sabotear la construcción de un complejo para almacenar el gas importado. Actualmente el GLP se guarda en un barco en alta mar para luego ser repartido a los terminales y de ahí a las empresas que lo envasan.
Para controlar la cantidad y la calidad del gas que estaba comprando, Petroecuador instaló medidores en el Terminal del Tres Bocas, pero Trafigura, la empresa que le vende gas al país, los hizo retirar porque estaban entorpeciendo el flujo del producto, de acuerdo con una denuncia ventilada por el Ministerio de Defensa.
Paradójicamente, el nombramiento de los militares en Petroecuador coincidió con una crisis de tintes insurreccionales en los altos mandos de la Marina. La base se encuentra en el inconformismo de algunos oficiales frente al sistema de ascensos, que fue exacerbado por la perspectiva de manejar la mayor empresa del país, con una facturación de US$7,000 millones y más de tres mil empleados.
Pero Correa está decidido seguir adelante. De allí la apuesta a ampliar el presupuesto a US$4,240 millones. Después de todo, el problema común de las petroleras estatales es que jamás tienen los recursos para superar la subinversión, lo que les impide ser más agresivas en la exploración de nuevos yacimientos.
No todos creen que sea la solución. Por más dinero que haya “va a ser muy difícil que el gobierno logre hacer subir la producción estatal de crudo”, opina Vicente Albornoz.
La medida, sin embargo, es consistente con la manera de pensar de Correa, quien además de defender una intervención activa del Estado en la economía cree en que un gasto público en expansión incentivará el crecimiento. Analistas como el ex ministro de Economía Mauricio Pozo son críticos. “Los proyectos del gobierno no van a tener mayor impacto si no hay reformas para mejorar la administración pública”, apunta.
La petrolera estatal misma será sometida a una reestructuración cuyo plan fue encargado a la consultora especializada en energía Wood McKenzie. Pero aunque fuese exitosa, no significa que vendrán mejores tiempos para la industria petrolera no estatal en tierras ecuatorianas.
Después que el Gobierno decretó que se quedaría con el 99 por ciento de las ganancias obtenidas por las petroleras privadas con alza de precios del crudo, “Correa creó los incentivos perfectos para espantar la inversión”, se lamenta Albornoz. La medida ha forzado a los privados a sentarse a la mesa con el Gobierno, que quiere llevarlos a cambiar sus contratos de participación por contratos de prestación de servicios. El resultado es que este año las petroleras invertirán mucho menos de los US$ 800 millones previstos. “En 2007 la producción privada, que era la única que crecía un poco, también va a caer”, advierte el analista.
Con una petrolera en la ruina por los enormes márgenes del crudo, el fuerte gasto público y los privados, invirtiendo lo mínimo, Ecuador se enfrenta a una aguda petrodependencia. Albornoz hace hincapié en que, por debajo de los US$60 por barril, Ecuador tendrá problemas fiscales. Quizá el destino de Petroecuador mejore si Correa y la Marina se inspiran más en Petrobras que en la desidia y la codicia para que su economía del oro negro sea más de “oro” y de color menos “negro”.
La tragedia de la refinería de Esmeraldas en 1998 aún no se olvida.
