La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su preocupación por los privilegios penales que se podrían otorgar en Nicaragua a los condenados por los asesinatos de los periodistas María José Bravo y Carlos Guadamuz.
Se trata de una situación que, a juicio de la SIP, “aumenta el clima de impunidad alrededor de la libertad de prensa en América Latina”.
En días pasados la SIP mostró su intranquilidad por los beneficios penales que se han concedido a numerosos criminales, tras un análisis pormenorizado de los procesos judiciales en torno a 84 asesinatos de periodistas que la organización hemisférica viene dando seguimiento.
El trabajo de la SIP, al que se puede acceder en www.impunidad.com, denuncia que 27 condenados por el asesinato de periodistas han visto reducidas sustancialmente sus condenas o gozan de regímenes de arresto domiciliario, entre otros beneficios.
Si bien estos aspectos se ajustan a la aplicación de leyes vigentes, la SIP ha denunciado la “flexibilidad que muestran algunos jueces”.
Así lo ha destacado en la Conferencia Hemisférica Poder Judicial, Prensa e Impunidad que se celebró el año pasado en República Dominicana.
Como ejemplos, la SIP citó los casos de los periodistas colombianos Guillermo Cano y Orlando Sierra, y de José Luis Cabezas, en Argentina.
Según denunció esta semana el Diario LA PRENSA, magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, aparentemente motivados por intereses políticos, estarían intentando beneficiar a Eugenio Hernández González, ex alcalde condenado en enero de 2005 a 25 años de prisión por el asesinato de la periodista María José Bravo, ocurrido el 9 de noviembre de 2004.
María José Bravo era corresponsal de los diarios LA PRENSA y Hoy, en la ciudad de Santo Tomás, Chontales.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, aseguró que estarán “atentos al curso de esta situación en Nicaragua” y que esperan que “la justicia mantenga sus veredictos en firme”.
