La presidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera, manifestó que el incremento en la tarifa de agua potable de entre el siete y el 44 por ciento está “apegado a derecho” y va encaminado a proteger a los sectores más pobres, promover el ahorro del agua y evitar el derroche.
“Nosotros hemos hecho todo apegado a derecho. Yo vengo de luchar con la ley en la mano y sería muy tonta de mi parte que ahora, estando en una función pública, me olvide de cómo se hacen las cosas”, dijo, agregando que “está abierta para explicarles, para darles datos” a las organizaciones que lo soliciten.
Manifestó que el alza en la tarifa no afectará a los usuarios que consumen entre cero y 20 metros cúbicos, los que representan el 56 por ciento de la población, no así a aquellos que “derrochen el agua y tengan fugas en sus medidores”, quienes podrían verse afectados con el 35 y hasta 45 por ciento.
Pero estimó que el dinero que logren recaudar no cubrirá los 20 millones de córdobas de déficit que tiene la institución.
Representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Liga de Defensa de los Consumidores (Lideconic) recurrieron ayer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para solicitar que declare nula la resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), a través de la cual autorizó el aumento de tarifas del agua y alcantarillado mediante la indexación.
En el recurso firmado por Bayardo Izabá y Leonor Edmunda Midence, del Cenidh y Liga del Consumidor, respectivamente, solicitan a esa autoridad que suspenda de oficio los efectos de la resolución.
“Resulta inaceptable, arbitrario e injusto imponer más cargas para la ya deteriorada calidad de vida de los y las nicaragüenses, en particular de los asalariados que pagamos nuestros impuestos”, dice el recurso.
