La decisión que tomó el presidente Daniel Ortega el jueves recién pasado, de romper las relaciones diplomáticas de Nicaragua con Colombia, causó mucha inconformidad en amplios sectores de la sociedad nicaragüense. Afortunadamente el conflicto de Colombia con Ecuador, en el que Nicaragua se involucró innecesariamente por el impetuoso seguimiento del presidente Daniel Ortega a las políticas aventureras de Hugo Chávez, se atenuó en la Cumbre del Grupo de Río celebrada ayer en República Dominicana, donde los actores de esta tragicomedia internacional terminaron abrazados y prometiendo resolver pacíficamente sus diferencias y conflictos.

En el ámbito del derecho internacional la ruptura de relaciones diplomáticas no es cualquier cosa. Y si Ortega fuese un gobernante auténticamente democrático, antes de tomar esa decisión que apenas al día siguiente se vio obligado a revocar, debió haber consultado a la oposición política y la sociedad civil, o por lo menos adoptarla en sesión del Consejo de Ministros. Si un simple contrato, convenio o acuerdo internacional requiere ser aprobado por la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 150.8 de la Constitución, con mucha mayor razón algo tan delicado como es la ruptura de relaciones diplomáticas con otro Estado, al menos debió decidirse, repetimos, en Consejo de Ministros. ¿Acaso éste no fue creado constitucionalmente, precisamente para discutir y resolver situaciones como ésta?

La ruptura de relaciones diplomáticas es un acto inamistoso que se realiza en respuesta o devolución de un daño u ofensa grave del otro Estado. A la ruptura de las relaciones diplomáticas le siguen las represalias pacíficas, entre las que se incluye la nacionalización o confiscación de bienes del Estado, con el cual se han roto las relaciones diplomáticas; o sea lo que el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, amenazó que iba a hacer cuando estaba escalando su propio conflicto con Colombia. Y después de eso, el siguiente paso es el de las acciones denominadas con el eufemismo de “legítima defensa”, que simple y sencillamente significa la guerra.

Eso, precisamente, fue lo que se evitó en la Cumbre del Grupo de Río, aunque inevitablemente el conflicto continuará en términos diplomáticos y verbales, quien sabe por cuánto tiempo. Por supuesto que resulta muy difícil creer que el presidente Ortega estuviera pensando seriamente en lanzar a Nicaragua a la guerra con Colombia. Eso no lo desean ni siquiera los militares nicaragüenses. La decisión de romper relaciones diplomáticas con Colombia había que verla más bien como una reacción visceral de Ortega, al fulminante ataque militar colombiano del sábado 1 de marzo, que cobró la vida de “Raúl Reyes” y asestó un golpe demoledor a las guerrillas narcoterroristas de las FARC, de cuyos dirigentes el gobernante nicaragüense se ha declarado como su camarada y hermano. Pero fue también una actitud de servilismo político con el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, quien tomó como propio el conflicto de Colombia con Ecuador y movilizó varios miles de soldados a la frontera colombo-venezolana y los puso prácticamente en pie de guerra.

Por otro lado, es muy probable que el propósito del presidente Ortega al mezclar el conflicto colombo-ecuatoriano con la disputa de Nicaragua con Colombia por la frontera marítima en el Caribe, era el de crear en el país un clima de histeria patriotera y belicista, que le facilitara neutralizar a la oposición política que es mayoritaria pero se encuentra dispersa, así como acallar a los medios críticos a su gobierno. Y en este mismo orden, la decisión de Ortega fue una bomba de humo para encubrir el objetivo de someter al Ejército a sus designios políticos particulares, como prácticamente ya lo ha hecho con la Policía Nacional.

Irreflexivo como es, Ortega no consideró que es un grave error vincular el reclamo de Nicaragua a Colombia por la frontera marítima en el Caribe, con el pleito de Ecuador con Colombia. Pleito que además debe ser resuelto, como afortunadamente parece que se está resolviendo, por los medios pacíficos previstos en el derecho internacional, no con medidas de fuerza y mucho menos con desenfreno belicista.

Como se dijo en la Cumbre del Grupo de Río, aumentar la tensión entre los países en conflicto es un camino peligrosamente equivocado. Por fortuna a pesar de los Chávez y Ortega, los medios diplomáticos para resolver los conflictos siguen teniendo vigencia.