LA PRENSA recibió otra “mala señal” de la justicia sandinista en la querella por una supuesta calumnia que contra este Diario presentaron cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano, luego que la juez Segundo de Distrito Penal de Juicio, Adela Cardoza, no dio lugar a una recusación en contra del juez Octavo Local Penal, Celso Urbina, cuando este último incluso ya envió a juicio la causa.
La recusación fue presentada por LA PRENSA desde el 9 de enero de este año, pero no fue sino hasta hace poco más de una semana que la juez Cardoza se enteró del escrito y hasta este lunes pasado lo revisó porque tenía otras causas pendientes.
Helga Asher, representante de LA PRENSA, recusó al juez Celso Urbina porque éste, al inicio del proceso, aconsejó a las querellantes al prevenirles que debían llegar acompañadas de un abogado y luego emitió opinión sobre la causa.
La recusación también se presentó porque la querella ingresó de forma anómala ante el juez Urbina.
Inicialmente, según la primera notificación que llegó a LA PRENSA, la querella fue ingresada en el Juzgado Séptimo Local Penal, el 21 de diciembre pasado, pero el juez Henry Morales la devolvió a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de los Juzgados de Managua, porque él estaba de vacaciones por fin de año.
Pero la querella no fue sorteada de nuevo porque, según la directora de Ordice, Elba Gaitán Delgadillo, fue enviada al siguiente Juzgado en relación al Séptimo Local, en este caso el Octavo Local, que de casualidad sí estaba de turno.
El argumento del juez Morales fue “celeridad procesal”, es decir que no se le demorara la tramitación de la causa a las partes involucradas.
Pero inexplicablemente el juez Urbina citó a la primera audiencia hasta el 7 de enero de este año 2008, precisamente el día en que se terminaron las vacaciones de fin de año, y no tuvo ningún sentido que el juez Morales haya alegado la celeridad procesal.
ARGUMENTOS DEL RECHAZO
La juez Cardoza explicó en su resolución que el juez Urbina no emitió ninguna opinión ni aconsejó a las querellantes, sino solamente actuó apegado a las normas de asegurarse que las partes llegaran acompañadas de un profesional del Derecho y evitar atrasos a la hora de realizar la audiencia inicial del caso.
La juez también obvió el argumento de la representante de LA PRENSA, quien alegó que también recusaba al juez Urbina a fin de evitar posibles apelaciones ante el juez Octavo de Distrito Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortez, superior jerárquico de Urbina, porque con el juez Cortez ella tiene un conflicto de interés.
Pero la juez Cardoza alegó que esa situación es improcedente, porque el conflicto no había sido comprobado ante ella.
Tras la resolución, Asher dijo que ella la esperaba. “En cuanto a las consideraciones jurídicas, la juez Cardoza dice que yo no presenté prueba documental del Juzgado Séptimo Local, algo que es falso, porque sí acompañé dos autos, el del Séptimo y el del Octavo. En todo caso, la invocación de que el juez Tomás Cortez se debería inhibir y que plasmé en el escrito de recusación era porque así lo establece el procedimiento”, dijo Asher.
Asher también argumentó que si el juez Morales se separó, debió conocerse, tramitarse y resolverse de previo esa separación, y tenía que ser por el superior inmediato de él, y Ordice no debió pasar el expediente sin sortearlo, al Octavo.
“El hecho de aconsejar a las querellantes para que se hicieran representar por abogado, era una clara muestra de interés y parcialidad, porque la ley establece que debe recaer en profesionales del Derecho”, manifestó la defensora.
De esa manera la juez Cardoza dejó maniatada a LA PRENSA, porque sus representantes en este juicio, el Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez y el Presidente de la Junta Directiva, Jaime Chamorro Cardenal, han sufrido la mano dura del juez Urbina, quien ha negado todas las peticiones de la defensa de una forma parcializada a favor de las querellantes.
Las querellantes son cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes dicen que una publicación de LA PRENSA les dañó su honorabilidad.
La publicación fue por una golpiza que la seguridad personal del presidente Ortega le propinó al reportero Jorge Loáisiga, la cual se tituló: “CPC con licencia para dar golpizas”.
Pero en ninguna parte de la nota aparecen los nombres de las querellantes, quienes se identifican como Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, Marcia Auxiliadora Silva Marenco, Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez y Teresa del Socorro Muñoz. LA PRENSA ha constatado que detrás de las querellantes se encuentra la mano del FSLN, pues las mismas se transportan en una camioneta propiedad de la Secretaría Departamental de ese partido en Managua.
