La Ley para la distribución y uso responsable del servicio eléctrico podría dejar comprometido al Gobierno de Nicaragua ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que al negarse la administración de Daniel Ortega a publicar el nuevo Código Penal no se podrá imponer ninguna sanción a quienes roban energía ni a Unión Fenosa.
José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, advirtió ayer que dentro de los acuerdos de Nicaragua con el FMI está el de una ley que regule la distribución de energía.
El proyecto, dictaminado ayer, contempla castigos administrativos y penales, los cuales se tomarán de lo que ya establece el nuevo Código Penal, que van desde multas de mil días de salario hasta cárcel por cinco años.
Pallais indicó que la ley aplicará por un período de sesenta días un total de 15 artículos del nuevo Código Penal.
El problema es que al expirar esos sesenta días, el Código Penal podría seguir sin vigencia, debido a que el presidente Ortega se niega a publicarlo, aduciendo que el parlamento le envió la ley con sustanciales cambios a lo que en realidad se aprobó.
NO HABRÁ DINERO
Pallais admitió que en ese posible escenario, la ley que regula la distribución de energía podría terminar como “papel mojado” en lo relativo a los castigos, porque no se podrían imponer las sanciones al no estar en vigencia el nuevo Código Penal.
La no aplicación de las condenas “tendría el efecto de que se suspenderían los desembolsos” del FMI, dijo Pallais.
“Uno de los acuerdos del Gobierno es entrar a resolver el problema de la ‘irrentabilidad’ del sector de energía eléctrica y se llama un acuerdo de ejecución”, precisó Pallais.
El legislador liberal sostuvo que el FMI no ha condicionado sus desembolsos a la aprobación y aplicación de la ley, pero tampoco negó la posibilidad de que el organismo multilateral suspenda algunos préstamos al no contar Nicaragua con una verdadera herramienta para controlar el sistema de distribución y consumo de energía.
“Entre lo que firmó el Gobierno y el FMI estaba la obligación de hacer esta ley, entonces si esta ley no sale, el FMI perfectamente puede determinar que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos suscritos”, explicó Pallais.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó que la ley contra el robo de energía eléctrica debe ser aprobada lo más pronto posible para evitar que el país siga perdiendo recursos por esa vía.
Aguerri dijo que es necesario que los grandes consumidores de electricidad paguen la energía que consumen, sin embargo aseguró que el Gobierno también debe buscar formas para solucionar el problema de los asentamientos, donde gran cantidad de los pobladores que consume la energía no la pagan.
