En la sección Domingo del Diario LA PRENSA se publicó un reportaje sobre calidad de atención brindada en las Empresas Médicas Previsionales adscritas al INSS. En las entrevistas se hacen afirmaciones y se emiten juicios y criterios éticos, morales, jurídicos, administrativos, gerenciales y, por supuesto, contractuales, con implicancias negativas para los verdaderos dueños del Seguro Social (cotizantes, jubilados, pensionados y patronales) a quienes se les está enturbiando la situación diagnóstica del modelo de atención. Ningún sistema o subsistema de salud es bueno, si no cuenta con controles adecuados y más aún cuando se trata de compra de servicios de salud a los sectores públicos y privados donde la relación contractual es muy sensible.
Es debatido a nivel técnico del sector Salud, que hay incapacidad institucional del Minsa en materia de regulación y habilitación para el cumplimiento a la Ley General de Salud. Todo indica que las autoridades actuales del INSS por incapacidad y/o obediencia a la orientación política de su compromiso están desmantelando por la vía del desgaste y complacencia, el modelo de salud previsional que tanto ha costado instaurar y desarrollar después del gran desastre administrativo-financiero a que fue sometido en el Sistema Único de Salud (SNUS) de los ochenta.
Actualmente desactivaron mecanismos de control que se ofrecían a través del proceso dinámico de certificación aplicado por profesionales y técnicos capacitados para estos fines (proceso consensuado y mandatado por la Ley General). Se eliminaron las herramientas e instrumentos de supervisión y evaluación y fueron empacados con doble seguro y mandados a una bodega como material de alta peligrosidad que atenta contra los intereses del socialismo del siglo XXI. Además se ejecutan despidos frecuentes, solicitudes de renuncias y otras formas de despedir a integrantes valiosos del bolsón técnico o funcionarios probos con pleno conocimiento del manejo de la Seguridad Social y Seguro Social.
Los proveedores de servicios de salud públicos y privados deben también cumplir con su responsabilidad asumida en el contrato y no aprovecharse de estas debilidades de falta de control que facilitan la contención de costo, vía cómoda de obtener mayores utilidades en detrimento de la calidad así como de incumplir salarios a recursos médicos contemplados en la estructura de costos. La ausencia de controles no beneficia al proveedor, más bien atenta a mediano plazo contra la viabilidad y sostenibilidad del modelo sustentado en la compra de prestaciones sanitarias, criterios que inducen a pensar a sospechar la decisión de descargar en trabajadores sociales la responsabilidad operativa de representar al INSS en el momento del otorgamiento de las prestación médica en las EMP.
Técnicos con independencia de pensamiento coincidimos en analizar los últimos anuncios supuestamente de impacto nacional en beneficio de los derecho-habientes y el Seguro Social, efectuados por autoridades del INSS y el presidente Ortega. Sin temor a sesgar mi experiencia y formación, debo confesar que no tienen ninguna trascendencia con relación a los emitidos en la era neoliberal, como los actuales gobernantes suelen llamar al período de post-revolución.
El Ministerio de la Familia y otros entes son responsable de garantizar a la población nicaragüense la administración de lo concerniente a bienestar social, por ejemplo comedores infantiles con asignación vía Presupuesto de la República, así como administrar y distribuir bujías. Es demagógico mencionar que en las EMP atienden sin colilla, pues desde la era neoliberal se montaron los sistemas mecanizados y a cada EMP se le ha suministrado listas de asegurados activos y patronales con y sin mora. Actualmente se hace fácil pensar que existen las posibilidades de ordeño financiero para otros fines que atentan al futuro de la estabilidad de reservas técnicas heredadas.
¿A quiénes benefició el anuncio de que los subsidios por incapacidad temporal los pagaría el INSS? Estoy completamente seguro de que no es al derecho-habiente demandante de atención sino, por el contrario, a un reducido grupo de influyentes.
Cuando se anuncien nuevas prestaciones en cobertura de salud de problemas de media y alta frecuencia no incluidos en el listado vigente y soportados con planes institucionales de difusión de derechos, entonces hablaremos de medir incidencia e impacto social. Mientras tanto no podemos coincidir con mensajes mediáticos y populistas que están dañando la imagen y credibilidad del Seguro Social.
Las autoridades del INSS deben despolitizarse y distanciarse de corrientes porristas, que los han embarcado con propuestas inapropiadas que fomentan división y polarización en los actores del modelo, y retomar el camino de nuevas actitudes concertadoras, proactivas e integradoras como compradores de servicios. Basta desempolvar y aplicar los instrumentos guardados y acompañarlos de decisiones coherentes, para lograr la satisfacción deseada.
