El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Armengol Cuadra, aseguró ayer que la elaboración de la sentencia que beneficiaría al asesino de la periodista de LA PRENSA, María José Bravo, será suspendida, debido a que magistrados liberales pretenden sacar de inmediato al ex alcalde liberal de El Ayote, Eugenio Hernández.
Cuadra negó que él esté interesado en que salga libre Hernández, porque no lo conoce ni son correligionarios.
“Yo estaba haciendo el proyecto (de sentencia) para tratar de que ellos (liberales) no lo saquen, porque (el asesinato) lo querían hacer (homicidio) culposo (accidental) y ahí nomás liquidarle la pena, pero no les voy a pasar nada”, expresó Cuadra, un tanto molesto porque dijo que los liberales querían hacer creer que él estaba interesado en sacar libre a Hernández, condenado a 25 años por el crimen contra Bravo.
LA PRENSA denunció ayer que en la Sala Penal de la CSJ se estaba fraguando la elaboración de un proyecto de sentencia que beneficiaría a Hernández González.
El plan consistía en cambiarle en la casación, el tipo de delito, de asesinato que se castiga con una pena de 15 a 30 años, a homicidio cuya condena va de seis a 14 años.
Pero el magistrado Cuadra confirmó que lo peor era que, cuando se lograra cambiar el delito a homicidio, se buscaría que se calificara como culposo, cuya pena es de uno a tres años de prisión, con lo cual Hernández estaría en libertad, pues está cerca de cumplir los cuatro años de condena.
RECHAZO TOTAL
La noticia causó la repulsión de la sociedad nicaragüense, especialmente entre los familiares de la periodista de LA PRENSA, María José Bravo, y los habitantes de Chontales, de donde era originaria.
La progenitora de María José, la señora Antonia Sánchez, manifestó su malestar al conocer la noticia a través de este medio, aunque reveló que esa noticia ya se rumoraba en su ciudad.
“Yo no creo que ellos (los magistrados) se dejaran engañar por el abogado defensor del asesino de mi hija, y si eso pasa entonces las leyes son cochinas. Si ellos se ponen a sacar al hombre (Hernández González), entonces ya no va a haber ley aquí en Nicaragua, entonces todo mundo puede aparecer muerto y sin hacerse justicia”, reiteró la señora Sánchez.
“Eso es una barbaridad si lo dejan libre, que cumpla con la pena, que muera como p… en las cárceles”, insistió la señora Sánchez.
La señora Antonia Sánchez aún no se repone de la pérdida de su hija, a tal punto que cuando la recuerdan, se suelta en llantos.
Por su parte el Obispo de la Diócesis de Granada, monseñor Bernardo Hombach, consideró que como Iglesia no trabajan con rencor ni con odio a nadie.
“No es que la Iglesia quiere ver que haya gente en las cárceles, pero lo que existe en este caso es una gran sospecha de una gran manipulación, que haya intereses partidarios de bajarle la categoría (la condena). En ese sentido hay centenares de casos que con el mismo argumento después de 4 años de cárcel le pueden cambiar la categoría. Esto podría ser un juego muy peligroso porque eso quita mucha autoridad, confianza en el pueblo hacia el sistema de administración de justicia”, dijo Hombach.
El sacerdote se refería al cambio de régimen carcelario que le hicieron al asesino del también periodista Carlos Guadamuz, quien se encuentra libre bajo el régimen de convivencia familiar y ahora con el caso del asesino de la periodista María José, Hernández González.
“Puede ser que haya influencia política, intereses partidarios, porque en aquel momento el asesinato fue justamente por motivos partidarios. Si está en la cárcel o fuera de la cárcel no sé a qué partido le conviene que (Hernández González) esté libre. En muchos renace el recuerdo del asesinato si lo dejan libre”, dijo.
Monseñor Hombach finalizó diciendo que “ahí tienen que mostrar claramente las pruebas, decían que fue accidental… No sé si surgieron otras pruebas después de tres años y medio de que mataron a la periodista. Para mí está claro que él (Hernández González) la mató (a María José). La bala saltarina es puro invento”.
La “teoría de la bala saltarina” se hizo famosa cuando la defensa argumentó que el arma de Hernández se había disparado accidentalmente y la bala rebotó en varias paredes antes de impactar a la periodista.
Tras conocerse las intenciones por reducir la pena de Eugenio Hernández, el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, a través de la cual manifiesta preocupación por los intentos para reducir la pena de Hernández.
“Es preocupante cuando hay miles de reos en nuestros penales reclamando se les revisen sus casos y que tienen más del 60 por ciento de estar cumpliendo dicha pena. En estos casos la justicia ha brillado por su ausencia y no les han dado ninguna respuesta beneficiosa, pero en este caso particular en que ni siquiera ha cumplido el 10 por ciento de su condena, se le quiere beneficiar con dicha revisión judicial que hasta la fecha de la sentencia no ha podido demostrar lo contrario del delito y de la pena impuesta”, refiere Petray a Martínez.
Para el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, “el sesgo de los partidos, el clientelismo político aplicado a la justicia, definitivamente que en nuestro país está generando impunidad”.
El presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, Enrique Quiñónez, también criticó esos intentos por liberar al asesino de la periodista María José Bravo.
VIOLENTARON LEY
Quiñónez también confirmó ayer que solicitó a la primera secretaría de la Asamblea Nacional que cite a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales y al jefe de la Cárcel Modelo, alcaide Oscar Molina, para que comparezcan a esa comisión el lunes a las 2:00 p.m., y expongan todo lo relacionado con la resolución administrativa firmada que permitió que William Hurtado, autor de la muerte del periodista Carlos Guadamuz, haya sido beneficiado con el régimen de convivencia familiar extraordinario.
A criterio de Quiñónez, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) debe revocar esa resolución administrativa, pues con la misma se violentó la Ley de Régimen Penitenciario, ya que el artículo 60 establece que la convivencia familiar se otorga en un período previo a la libertad definitiva, a fin de fortalecer las relaciones del privado de libertad con su núcleo familiar, preparándolo para su vida social al obtener su libertad.
No obstante, Quiñónez indicó que en el mismo artículo se especifica que pueden acceder los privados de libertad que carezcan de antecedentes penales y cuando los delitos por los que hayan sido procesados y condenados no sean aquellos que por su naturaleza no aceptan fianza de ningún tipo.
“O sea que ese señor Hurtado bajo ninguna circunstancia puede estar en convivencia familiar, cuando su crimen fue crimen atroz, no tenía derecho a fianza, por lo tanto era un peligro para la sociedad”, afirmo Quiñónez, quien señaló que el régimen de convivencia extraordinario no existe en la ley.
“Nos llama la atención que ahora nos hablen de estrés (…) cuando sabemos la libertad que ha tenido el señor William Hurtado en la Cárcel Modelo”, dijo el diputado Quiñónez refiriéndose a una de las múltiples enfermedades que según el dictamen médico forense sufre Hurtado.
La ANPDH también remitió una carta a la ministra Morales, a través de la cual solicita una revisión del régimen aplicado a Hurtado, pues recuerda que ninguna ley está por encima de la Constitución Política de la República.
