La Fiscalía General de la República inició otro proceso judicial en contra de la ex Notario Uno del Estado, Morena Avilés Serrano, quien recientemente fue condenada a seis años de cárcel por vender cinco lotes de terreno que son propiedad del Estado.
Esta nueva acusación, presentada por la fiscal Georgina Murillo ayer en los Juzgados de Managua, es por el delito de falsificación de documentos públicos y auténticos.
Supuestamente Avilés Serrano falsificó una rectificación de título de Reforma Agraria para librarse de un juicio que la Fiscalía entabló en contra de ella, por la venta de terrenos en la playa Quizalá, en Masachapa, San Rafael del Sur, tierras que también son del Estado.
La fiscal Murillo explicó que durante la audiencia inicial del caso Quizalá, celebrada el 27 de febrero del año 2007, Avilés Serrano mediante su defensor presentó una supuesta certificación de rectificación de título de Reforma Agraria con número 30330, en la que hacía aparentar que el ex intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino Camacho, había extendido el documento el 21 de diciembre del año 2006.
En dicha rectificación, según la Fiscalía, se aparentaba que el Estado de Nicaragua mediante el Acuerdo MinisterialR-CA-DT-MCHP-2012-2006 ratificaba el título de Reforma Agraria otorgado por el ministro Jaime Wheelock Román a los ciudadanos Leonel Molina, Josefa Mansell y otras personas.
IMITAN PAPEL DE SEGURIDAD
El documento, extendido en un papel similar al papel de seguridad de la Intendencia de la Propiedad y con un sello de esa institución, también dirigía una solicitud al Registrador de la Propiedad Inmueble de Managua para que inscribiese dicho título.
De acuerdo con la Fiscalía, la finalidad del documento era desvirtuar la acusación de la Fiscalía en contra de Avilés Serrano, Claudia Vásquez y Fátima Rayo Bonilla, alegando la defensa que Vásquez era la dueña de la playa Quizalá y que Avilés Serrano sólo había actuado como abogada y notario en la venta de los terrenos costeros.
La Fiscalía había argumentado que la Ley Agraria del año 1917, en su artículo dos, párrafo segundo, otorga al Estado de Nicaragua el dominio y posesión absoluta de todas aquellas propiedades comprendidas en una zona de dos kilómetros de latitud a lo largo de ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, dejando establecido que tales terrenos son nacionales.
Posteriormente la Fiscalía descubrió que el documento presentado por Avilés Serrano nunca fue emitido por el Intendente de la Propiedad, Sandino Camacho, sino que el papel de seguridad perpetuo fue emitido por la Intendencia de la Propiedad el 28 de octubre del año 2005, a favor de Silvia Altamirano en referencia a una propiedad desmembrada de una finca de El Cuá, comarca San Miguel de Kilambé, en el departamento de Jinotega.
La fiscal Murillo indicó que de esa manera Avilés Serrano trató de engañar a la juez Sexto de Distrito de lo Penal de Audiencia de ese entonces, Margarita Romero.
La ex Notario del Estado fue declarada culpable por ese caso, pero en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) la Sala Penal Uno revocó la sentencia porque consideró que la causa debió ser tramitada por la vía civil y no por la penal.
PÉRDIDAS DE ALCALDÍA
Según la fiscal Murillo, la Alcaldía de San Rafael del Sur, a quien le corresponde administrar la playa Quizalá, ha dejado de percibir millones de córdobas porque los traficantes de tierra han vendido el 90 por ciento de ese lugar costero, catalogado como “un lugar exquisito”.
Avilés Serrano se ha declarado inocente de varias acusaciones que tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la República (PGR) han presentado en su contra por supuesto tráfico de tierras.
Actualmente guarda prisión en la cárcel de mujeres La Esperanza y debe enfrentar otro juicio por vender una finca en León que está a nombre del Estado.
Este último juicio, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Juicio, estaba programado para el pasado 28 de febrero, pero la defensa pidió reprogramación para el próximo primero de abril.
La fiscal Murillo dijo que la Fiscalía investiga unas declaraciones que Avilés Serrano brindó a LA PRENSA y en las que afirma que existen funcionarios del Gobierno, Poder Judicial y Legislativo involucrados en tráfico de tierras.
