“Tous les régimes autoritaires sont effrondrés”
Raymond Aron
¿Cuándo, juristas, en Nicaragua prevalecerá el Estado de Derecho?, ¿por cuánto tiempo los ciudadanos deberán tolerar las distorsiones del poder?, ¿a qué extremo se lanzará la audacia desenfrenada de unos pocos? No sé el país que heredaremos a nuestros hijos y nietos. Desde luego, no poseo una bola de cristal y estoy lejos de ser profeta.
Pero lo que sí sé es que la permanencia, como advierte Norberto Bobbio, de las élites de poder, se opone a los ideales democráticos, que la regla mínima de convivencia y pauta de desarrollo es el sometimiento de todos, Estado y ciudadanos, a la ley.
Se cuenta que el caso que hizo famoso a Cicerón, en la Roma de su tiempo, fue aquel en que acusó de corrupción al asistente-administrador de uno de los dictadores más crueles que ha registrado la historia: Lucio Cornelio Sila (su epitafio: “El mejor amigo y el peor enemigo”).
La escritora australiana Colleen McCullough nos narra: “Cicerón, sin ningún temor, expuso la historia (…) dejando claro para el jurado y el público que la línea principal de su defensa sería la corrupción a que daban lugar las proscripciones de Sila (…) el veredicto, fue el previsto”, el que favoreció al gran orador, jurista y filósofo. Con la palabra, razón, derecho, vocación y valor, Cicerón se enfrentó al poder. Ganó la batalla.
Alexis de Toqueville plantea que el gran objeto de la justicia es el de sustituir la idea de la violencia por la idea del derecho. Ciertamente, la justicia es un tema que concierne a todos los miembros de una sociedad. Sin embargo, son los juristas (del latín iurista, cuya raíz significa “justicia”) los que son llamados, en primera fila, como conocedores del derecho, a exponer razones, motivos y actuar para que prevalezca la expresión más elemental de voluntad colectiva, otra vez: la ley.
Más de mil nicaragüenses, de todos los sectores sociales y profesiones, juntando sus aspiraciones y sueños cívicos-democráticos, suscribieron en agosto del año 2007 en Managua (en el marco de la Semana de la Justicia) la Declaración Ciudadana por la independencia judicial y el Estado de Derecho, un texto que demuestra la valentía e inteligencia de un pueblo deseoso de progreso y cuyo mensaje principal podría hacer suyo el resto de centroamericanos:
“Demandamos que se respete y fortalezca el Estado de Derecho y por ende las instituciones del sistema de justicia, con el fin de que su gestión sea transparente, efectiva e independiente. La justicia es un tema común, un tema de todos”.
Es abominable ver cómo dos personas, a veces tres o cuatro, deciden el futuro de millones de nicaragüenses; a través de entidades marionetas (con apariencia de instituciones). Fortalecer el Estado de Derecho es hacer que el Estado no sólo ejerza el poder sub lege (sometido a la ley), sino que lo ejerza dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo (Bobbio, 2007: 26).
Por lo general se tiene la tendencia a considerar el Estado de Derecho como un concepto eminentemente teórico, sin efectos prácticos. El Estado de Derecho no es únicamente un forma del ejercicio del poder, sino una esencia y, por lo tanto, una cultura, forma de vida y actitud en la relación: ciudadano-Estado/Estado-ciudadano/ciudadano-ciudadano.
Juristas: jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos, litigantes, policías, filósofos, profesores de derecho, académicos, por el supremo bien de la patria, defiendan y fortalezcan el Estado de Derecho en Nicaragua. Hay muchos que desde hace varios años iniciaron, en silencio, la labor. Piensen ustedes si después de 20 ó 30 años Nicaragua es capaz de ser un referente en el mundo de progreso, civilidad y respeto a la ley. Para terminar, citaré las líneas de Cicerón: “No nacemos únicamente para nosotros, sino que parte de nuestro nacimiento lo exige la patria”.
