El Gobierno de Nicaragua está negociando con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), cambios al programa económico con este organismo financiero internacional que las mismas autoridades gubernamentales del país propusieron el año pasado. Además, según se ha informado oficialmente, la representación del Gobierno nicaragüense está pidiendo al FMI, apoyo para la formación de un grupo internacional de ayuda a la reconstrucción material de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), que fue devastada el año pasado por el huracán Félix.
Nos parece bien que el Gobierno haga esas gestiones, en el entendido de que son para provecho de Nicaragua. Pero igualmente es necesario que se hagan esfuerzos para utilizar recursos propios en pro de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional. En los últimos treinta años el país ha dependido casi absolutamente de la ayuda extranjera, más que todo humanitaria y concesional. ¿Y cuándo comenzará a depender de sí mismo? ¿Acaso no es tiempo de comenzar a poner fin a esa penosa situación y mentalidad de dependencia de la ayuda externa, de cualquier clase y origen sea?
Las autoridades gubernamentales del país, Ejecutivas y Legislativas, deberían adoptar las medidas y realizar las acciones que sean necesarias para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, en base a las propias fuerzas e iniciativas. Medidas y acciones que promuevan el crecimiento económico y el desarrollo, no que lo detengan ni que lo desalienten. Por ejemplo, la Ley de Costas que está pendiente de próxima aprobación en la Asamblea Nacional, debe modificarse para que pueda facilitar el desarrollo de la industria turística del país.
Al respecto, en la edición de ayer de LA PRENSA se publicó la información de que “La empresa privada nacional mostró su preocupación por la discusión del Proyecto de Ley de Costas, en el cual todavía prevalecen puntos que son considerados negativos para la inversión”. En esa información, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señor José Adán Aguerri, señaló que el mencionado proyecto de Ley de Costas no define de manera clara el concepto de propiedad privada; y advirtió que “de esta ley dependen unos mil millones de dólares, que sólo esperan se definan las reglas del juego en este sentido”.
En realidad, es de primordial importancia para el país que la Ley de Costas garantice de manera inequívoca el respeto a la propiedad privada, lo mismo que defina reglas claras para que la inversión en el sector turismo sea socialmente responsable y amistosa con el medio ambiente. De eso depende que la Ley de Costas pueda servir como instrumento de desarrollo, tanto de la industria turística nacional como de las comunidades de las zonas costeras del país.
Es cierto que la Ley de Costas debe garantizar el libre acceso de la gente a las playas y riberas de los lagos, lagunas y ríos, pero igualmente tiene que proteger los derechos adquiridos de propiedad de las personas naturales y jurídicas. De otra manera, en vez de medio para promover el desarrollo nacional basado en el respeto al derecho de propiedad privada, la Ley de Costas vendría a ser un instrumento confiscatorio, desalentador de las inversiones que son indispensables para desarrollar la industria turística nacional.
El respeto al derecho de propiedad, que está consagrado en la Constitución Política de la República y en las convenciones internacionales de Derechos Humanos, es la base de la seguridad jurídica. Y esta a su vez es indispensable para atraer y facilitar las inversiones nacionales y extranjeras, las únicas que promueven crecimiento económico, impulsan el desarrollo nacional, crean riqueza y hacen efectiva la lucha contra la pobreza.
El derecho a la propiedad privada y personal es un derecho fundamental de la persona, pero también un medio indispensable para promover el desarrollo económico y social. Al derecho de propiedad están íntimamente vinculados otros derechos humanos fundamentales, de carácter económico y social. No es por casualidad que los países más pobres del mundo son precisamente los que no tienen leyes claras ni voluntad manifiesta de sus gobernantes para garantizar el derecho de propiedad. En cambio, los países desarrollados, ricos y prósperos son aquellos donde el derecho a la propiedad es, tanto legal como políticamente, uno de los conceptos más arraigados y respetados en y por la sociedad.
