En consulta El proyecto de Ley de Costas fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional en octubre del 2005. Ahora se encuentra en un proceso de consultas entre diferentes sectores, principalmente ligados al turismo. El proyecto establece una zona costera propiedad estatal de 300 metros para la zona del Pacífico y 250 en el Atlántico, según el anteproyecto de ley. Incluye también las zonas de los ríos, lagos y lagunas, a lo que se opone el sector privado por considerar que afectaría las actividades privadas. Sin embargo Cantur afirma que es necesario incluirlos, pues hay establecimientos que vierten desperdicios en esos lugares.

Una Ley de Costas debe tener un mayor énfasis en la protección ambiental, que dé visión empresarial de corto plazo, aseguró Juan Iván Bugna, presidente de la Cámara Nicaragüense de Turismo, que aglutina a las Pequeñas y Medianas empresas turísticas (Cantur).

Según Bugna, esta cámara respalda la posición de fomentar la inversión turística en las zonas costeras, pero las mismas tienen que hacerse de manera responsable con el medio ambiente.

“Donde diferimos de todo el mundo es que pensamos que la Ley de Costas es facultad de la ley ambiental, no de turismo, ni de la municipal. Es un problema ambiental”, agregó.

Explicó que aceptan que no se debe construir en una faja de 50 metros desde la marea alta, pero agregó que buscan reducir esa área a 30 metros de costa, sin embargo, insiste en que es necesaria la preservación del medio ambiente exigiendo que las empresas que construyan más allá de esa área en estas zonas deben tomar todas las medidas ambientales.

“Después de los 50 metros para adentro, toda construcción debe estar hecha con estudios ambientales”, agregó Bugna.

MÁS FÁCIL REGULAR SÓLO COSTAS MARÍTIMAS

René Vallecillo, del bufete de abogados René Vallecillo Quiroz & Asociados, y experto en temas fiscales, expresó que el proyecto está en discusión.

Agregó que todavía hay puntos que no están muy claros, como el de incluir los ríos y lagos en esta ley reguladora de costas.

“Por ejemplo, si un río pasa por una hacienda entonces esa hacienda pasa a manos del Estado. Entonces, la propiedad privada estaría siendo afectada”, sostiene Vallecillo.

Según afirma, esto complica la discusión, ya que “hay derechos adquiridos desde antaño”, de forma que sostiene que si sólo se regula el de costas marítimas la discusión podría ser más fácil.

Sin embargo, coincide con la posición de Cantur, en que hay que regular el uso de la playa respetando los derechos adquiridos por las empresas turísticas.

Sostiene que debe haber acceso público a las mismas.

En ese aspecto, Juan Iván Bugna considera necesario establecer un marco legal claro.

“La posición que tenemos es que necesitamos una situación clara a nivel jurídico, sobre la Ley de Costas, porque esto afecta a la grande y pequeña empresa. No hay ley que dé las reglas del juego correctas”, afirma Bugna.

Agregó que se ha estado hablando mucho de este proyecto de ley, pero mucha gente no ha sido consultada, como es el caso de la Costa Caribe nicaragüense, donde los empresarios turísticos afirman que no conocen el proyecto de ley.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) mostró su preocupación por algunos puntos de este proyecto, los cuales consideran que van contra la inversión en el sector.