Caracas (AIPE)— La impresión de que Venezuela se encuentra al borde de la peor de las crisis de su historia democrática se intensifica desde comienzos del 2008. Las dificultades se agudizan en todos los ámbitos y el deterioro se acrecienta día tras día. Las últimas encuestas de opinión revelan que el descontento de los venezolanos hacia Hugo Chávez, y su tremendamente corrupto e incompetente Gobierno, es cada día mayor. La oposición siente que Chávez se está debilitando rápidamente.
Por primera vez desde 2002, algunos de los críticos han sugerido públicamente que Chávez podría verse forzado a dejar la Presidencia mucho antes de que culmine su período constitucional en 2013. Las señales de la creciente crisis nacional se perciben por todas partes. La escasez de alimentos y otros productos básicos es cada día peor, pero la única respuesta que el presidente Chávez ofrece es amenazar con nacionalizar Alimentos Polar, Nestlé, Parmalat y las cadenas nacionales de supermercados.
Por su parte, los funcionarios del Gobierno no hacen más que insistir en que el desabastecimiento es un invento de los medios y de empresarios especuladores. Pero las cosas van de mal en peor: la semana pasada, cientos de pobres saquearon el depósito de Mercal en Sabaneta de Barinas, la ciudad natal del presidente Chávez. Incidentes similares han ocurrido en los estados Bolívar y Anzoátegui.
El país se está hundiendo en medio del remolino de la inseguridad personal, con más de 14,000 asesinatos en 2007, sobre todo en las zonas más pobres del país. Y aunque el índice de homicidios por habitante supera al de Colombia y Brasil, la respuesta del nuevo Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, es responsabilizar a paramilitares colombianos y anunciar que la Policía Metropolitana de Caracas será transformada en una fuerza policial “socialista, subversiva, insurgente y revolucionaria”, bajo el control directo de su ministerio.
El colapso de Petróleos de Venezuela es tan extenso y contundente que el presidente Chávez y el ministro para Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, denuncian que el Gobierno de Estados Unidos y la CIA están trabajando en forma clandestina, a través de la ExxonMobil, para paralizar financieramente a PDVSA y desestabilizar a Venezuela.
Aunque Chávez sigue insistiendo en que su gobierno es fiscalmente sólido, en enero admitió que el Ejecutivo ya no está en capacidad de financiar algunas de sus numerosas misiones sociales. Varios incidentes indican que la Misión Barrio Adentro, que introdujo a médicos cubanos en los barrios pobres, ya colapsó. La desesperación fiscal es tan grave que en enero se ordenó a PDVSA aumentar de $120 millones a $180 millones a la semana sus transferencias de dinero. Pero las compañías que mantienen relaciones comerciales con el Gobierno Central y con los gobiernos estatales y municipales se quejan de que los funcionarios están incumpliendo sus deudas, alegando insuficiencia de fondos.
La coalición del Gobierno bolivariano también está resquebrajándose. Los intentos de Chávez en crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUC) se están yendo a pique y partidos políticos como Podemos emergieron como enemigos acérrimos de los planes de Chávez de reformar la Constitución para convertirse en presidente vitalicio. Chávez señaló que su nuevo Gabinete Ejecutivo sería más eficiente, sin embargo no es otra cosa que un Gabinete severamente militarizado.
Los múltiples síntomas del deterioro han avivado las especulaciones sobre las causas del evidente colapso de la revolución y también sobre el resultado probable de la crisis por venir. Algunos creen que Chávez ha perdido el olfato político que le permitió consolidar su régimen autoritario de los últimos nueve años. Otros plantean que cuando finalmente estalle la crisis, el mandato de Chávez terminará rápidamente, cuando los militares entren en escena para restituir el orden.
Otros analistas piensan que el presidente Chávez busca el caos en forma deliberada. Alegan que no hay duda de que los problemas sociales, políticos y económicos están empeorando, pero que Chávez está agravando la situación a propósito. Su teoría es que Chávez desea desencadenar una violenta crisis política para justificar la declaración de un Estado de excepción en el país, el cual le permitiría gobernar por decreto y desplegar al Ejército para “restituir” el orden.
El presidente Chávez sólo sabe gobernar con amenazas e intimidación. La violencia es su instrumento favorito y siempre apela a su arsenal de insultos, intimidación y amenazas. Chávez no es un negociador y no acepta sugerencias ni críticas a su prioridad de seguir siendo Presidente por el resto de su vida.
