De acuerdo con estadísticas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 895 adolescentes de ambos sexos se encuentran con sanciones activas en todo el país, tras haber sido procesados en los juzgados penales de adolescentes, pero sólo el 18 por ciento de ellos, 159 varones y cinco mujeres, se encuentran privados de libertad.
El presidente de la Sala de lo Penal de la CSJ, magistrado Armengol Cuadra, explica que encerrar a los adolescentes que entran en conflicto con la ley no es la solución al problema, sino que lo idóneo sería educar a esos adolescentes en libertad y reinsertarlos a la sociedad, convertidos en nuevas personas, lo que en términos técnicos el magistrado Cuadra llama Justicia Restaurativa.
Pero los obstáculos nunca faltan y el económico aparece de primero en la fila. Aún no existe un centro especial que, lejos de ser una cárcel, sea un lugar donde pueda ofrecerse a los adolescentes esa Justicia Restaurativa, un término nuevo, pero que en la Constitución Política de Nicaragua de 1987 ya aparecía reflejado de manera menos elaborada, pues en el artículo 35 establecía que el adolescente no podía ser juzgado y se le debía atender en un centro especializado.
El magistrado Cuadra reveló que la Corte está trabajando de la mano con el organismo suizo Terres de Hommes (Tierra de Hombres), con quienes el próximo 10 de marzo realizarán el Tercer Seminario Internacional de Justicia Juvenil Restaurativa, el que pretende activar un proyecto piloto en las regiones autónomas del Atlántico, donde los adolescentes sufren diferentes tipos de vejámenes en las cárceles, debido a que no existen condiciones en las prisiones de esa zona del país.
En el Segundo Seminario, realizado en la CSJ en agosto del pasado año 2007, los operadores de justicia dijeron considerar que la sociedad visualiza el Código de la Niñez y la Adolescencia como una normativa que promueve la impunidad entre los adolescentes.
Pero el magistrado Cuadra indicó que la población habla de impunidad porque hasta ahora no se han visto los resultados de lo que puede lograr la Justicia Restaurativa, hacer de un adolescente que transgrede las leyes en una persona útil a la sociedad.
Explicó que la Justicia Penal de Adolescentes de Nicaragua, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de 1990, inició en marzo de 1998 con la aprobación de la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia.
Dicha ley derogó la Ley Titular de Menores y su Reglamento, que como su nombre lo indica, le correspondía sólo al Estado la aplicación, seguimiento y ejecución de sanciones, como era el internamiento en un “Reformatorio para Menores”, entre otras no menos crueles, dictadas por un Tribunal de Justicia que atendía a nivel nacional, sin tener definidas jurídicamente las edades de los menores sujetos a Justicia.
En 1998 apenas había dos juzgados penales de adolescentes, por lo que los jueces de Distrito debían asumir la función de juez de adolescente.
En la actualidad existen 18 Juzgados de Distrito Penal de Adolescentes ubicados en las cabeceras departamentales del país, con un psicólogo y una persona que da seguimiento a la Ejecución y Vigilancia de las sanciones impuestas.
Significa que para que un juez dicte una sentencia a un adolescente, esta debe ir acompañada de un estudio social y psicológico al adolescente procesado, un trabajo arduo que también es acompañado por la Corte, a través de la Oficina Técnica para el Seguimiento del Sistema Penal de Adolescentes (OTSSPA - CSJ).
Esta oficina está a cargo de Marielos Medal, quien explica que desafortunadamente el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia (Mifamilia) no tiene centros donde se pueda dar seguimiento a los adolescentes que son sancionados judicialmente.
A pesar de la falta de condiciones, el magistrado Cuadra manifestó que los jueces de adolescentes han hecho un buen uso de las medidas socioeducativas, que son alternas a la prisión.
Velar por el cumplimiento de esas medidas es el trabajo de Medal, quien indica que cuando un adolescente es sancionado, se busca a los padres o tutores para que obligatoriamente matriculen a sus hijos o hijas en las escuelas y los funcionarios de la OTSSPA-CSJ se encargan de visitar los colegios para verificar si el adolescente sancionado está asistiendo a clases, y si se encuentra que no cumple se le lleva a prisión.
Si un adolescente sancionado expresa que no desea estudiar, Medal explica que se le lleva a la Alcaldía del municipio donde reside, o a los bomberos o centro de salud, para que allí ese adolescente preste un servicio comunitario.
En todo caso, manifiesta el magistrado Cuadra, lo que se pretende es que la cárcel sea la última medida para corregir al adolescente.
Medal menciona que otras medidas son la prohibición de que el menor asista a bares, que se abstenga de beber licor, que tenga una residencia lejos de donde acostumbraba a delinquir, para que no sea mal influenciado por las amistades y, si es adicto a alguna droga, se le lleva a un centro para ser tratado debidamente.
Medal reveló que la mayoría de los adolescentes que son sancionados judicialmente provienen de familias desintegradas, es decir con padres adictos al alcohol y que crecieron en un entorno de violencia.
Todos los adolescentes sancionados en edades comprendidas entre 13 y 15 años ya han consumido licor, y los de entre 13 y 15 años ya han tenido contacto con las drogas.
Desde 1998, 37 mil 319 adolescentes han sido llevados a los juzgados penales de adolescentes. El pasado año 2007, tres mil 999 adolescentes fueron procesados, de los cuales 164 están en las cárceles de todo el país, entre ellos cinco mujeres.
La mayoría fue detenida por delitos menores, como hurtos y robos, y en menor porcentaje están quienes cometieron delitos graves, como asesinato, violación y robos con violencia.
El magistrado Cuadra aseguró que Nicaragua es líder en Justicia Restaurativa en relación a Centroamérica, y ayuda que no hay maras como en El Salvador, Honduras y Guatemala.
