Un estimado de 200 personas entre desmovilizados del Ejército, Policía Nacional y campesinos pobres se tomaron varias manzanas de tierra de la finca San Ignacio, propiedad de la señora María Julieta Choiseul, ubicada en las periferias de la ciudad de Granada.
El detonante de estas invasiones de tierra parece ser un extraño cóctel que combinaría las necesidades económicas de campesinos de la zona, el oportunismo económico de personas vinculadas al Ejército Nacional y la incidencia de los denominados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como organismos políticos en las comunidades pobres que rodean la finca San Ignacio.
El cuidador de la finca y compadre de Choiseul, Julián Marenco, relató que el viernes en la mañana le informaron estaban ofreciendo solares gratis para vivir en los terrenos que forman parte de la finca San Ignacio.
Cuando mandó a inspeccionar el lugar, le reportaron que varias familias se habían asentado en el sitio, instalando champas y delimitando los terrenos con mecates y pedazos de tela amarrados en unos enclenques palos de madera.
La mayoría de los invasores son familias asentadas en un barrio pobre aledaño, conocido como El Pantanal.
Marenco dice desconocer quién está detrás de estas tomas, pero dice que hace tres meses le informaron que empleados de la Alcaldía sandinista de Granada, estaban haciendo delimitaciones de terrenos pertenecientes a la finca.
Choiseul mantiene una disputa legal contra el Estado de Nicaragua por la propiedad de la finca que se encuentra entrampada en las gavetas de la Corte Suprema de Justicia.
MENCIONAN A CPC
María Edith Peralta, una humilde madre soltera, junto a sus pequeñas gemelas, estaba trabajando en delimitar lo que ahora llama su “terrenito” antes de que lleguen más personas a asentarse en los terrenos de la San Ignacio.
“Nosotros tenemos muchas necesidades. Queremos un lugar en el cual levantar aunque sea una champita y cuando nos dimos cuenta que se estaban metiendo gente aquí, le preguntamos a la gente del CPC porque no nos estaban solucionando, y ellos nos dijeron que aprovecháramos y nos viniéramos a meter”, cuenta.
CPC RECHAZAN TOMAs
Róger Ramírez y Carlos García, coordinadores de los CPC de la Primera Etapa de El Pantanal, rechazaron que estos organismos estuviesen promoviendo la invasión a la propiedad y acusaron directamente a alguien de nombre Noel Estrada, ex militar y supuestamente delegado del Ministerio de Gobernación en Granada.
Ramírez asegura que los invasores son miembros retirados del Ejército, Policía y Ministerio de Gobernación dirigidos por Estrada que llegaron a la finca en la madrugada del viernes.
“Este señor Noel Estrada es el que les puede decir por qué se vino a meter aquí con toda esa gente y en base a qué lo hizo. Los CPC trabajamos de conformidad con la ley y nosotros no hemos instigado ni promovido que la gente se viniera a meter aquí”, aseguró García.
La mención de los CPC en este conflicto viene, de acuerdo a sus coordinadores, a una desesperación de parte de los pobladores al ver a los ex militares estarse tomando los mejores terrenos de la finca.
“La gente está desesperada, vos sabés. Al ver que ya se estaban metiendo nos empezaron a presionar porque nos decían que nosotros le resolviéramos, que ya se estaban agarrando los mejores solares. Nosotros no podíamos hacer nada y entonces les dijimos, bueno si quieren meterse, pues vayan. Pero te aseguró que nosotros no hemos promovido estas tomas”, mencionó por su parte Ramírez.
Algo curioso en las tierras invadidas de la finca San Ignacio es que en los terrenos en los que supuestamente están asentados los militares, se pueden ver vehículos, casas de campañas costosas, y terrenos de hasta media manzana de extensión delimitados hasta con alambres de púas.
En la parte derecha, donde están los campesinos, están los terrenos pequeños, champas de plástico negro y los pedazos de trapo para dividir los solares.
LA PRENSA buscó a Noel Estrada en su supuesto negocio, un comedor llamado El Mesón, pero cuando llegamos al lugar nos dijeron que allí no vivía nadie con ese nombre.
Curiosamente el sujeto que nos atendió, nos preguntó insistentemente por qué buscamos a Estrada, a quien dice no conocer, y luego anotó nuestros nombres, la placa del vehículo en el cual nos movilizábamos y nos hizo fotos con su teléfono celular.
El cuidador Julián Marenco explicó que no pudo interponer formal denuncia ante la Policía Nacional por la invasión de la propiedad porque no cuenta con un documento firmado por Choiseul dándole un poder legal para emprender una acción de esta naturaleza.
LA PRENSA llamó al móvil de la alcaldesa sandinista de Granada, Rosalía Castillo, pero una familiar que respondió nos dijo que la funcionaria no se encontraba.
Le solicitamos que le dijera nos contactase para abordar el tema, pero hasta el cierre de la edición esto no se dio.
