Rafael Solís fue padrino de bodas del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Dice que ahora que Ortega está en el poder, lo llama más para pedirle asesoría en temas jurídicos.
Solís afirma que el 50 por ciento de los jueces del sistema judicial son sandinistas, pero niega que el FSLN tenga una influencia directa en la Corte, una de las instituciones más criticadas por la opinión pública, precisamente por las acusaciones de corrupción y politización que se le achacan. El magistrado dice que esas críticas no le preocupan.
Solís se ha convertido en el rostro de la Corte desde finales del año pasado, cuando se dio una fuerte crisis entre el presidente Ortega y los diputados de oposición en la Asamblea por la insistencia del mandatario de legalizar los Consejos del Poder Ciudadano. Solís, con apoyo de los magistrados sandinistas, zanjó la controversia, fallando a favor de Ortega.
Dice que no le interesa la popularidad y más bien prefiere mantener un perfil bajo.
“No aspiro a más funciones de las que tengo, que he asumido con responsabilidad. No he sido amante del poder o de escalar funciones con responsabilidades mayores en la Corte, sino las que se han producido por consenso. Sí he defendido mis criterios y los voy a seguir defendiendo”, afirma.
Fue embajador en Washington, ocupó importantes cargos dentro del Ejército Popular Sandinista, fue diputado durante 15 años, asesor legal de la bancada sandinista por otros tantos, hasta que se convirtió en el cerebro del Frente Sandinista en la Corte Suprema, posición que él niega.
Magistrado, existe la impresión de que usted se ha convertido en la cara más visible de la Corte. Que ha pasado de un perfil más o menos bajo a alguien con mayor liderazgo. ¿A qué se debe ese cambio?
Yo no lo veo de esa manera. A mí no me gusta aparecer tanto en lo medios ni tener, entre comillas, tanto protagonismo. Sin embargo es cierto que esto se produjo, pero tiene sus razones, que fue más que todo a partir de octubre del año pasado, cuando tuve que involucrarme porque la Asamblea Nacional entró en conflicto con el Poder Judicial, con el Ejecutivo. Yo sostuve un punto de vista sobre eso, alrededor de lo que debían de ser las facultades de la Asamblea, del Presidente y del Poder Judicial. Eso hizo que me involucrara en esa polémica. La realidad es que la crisis se solucionó y yo espero volver al perfil bajo. Creo que a veces es necesario que el Poder Judicial siente posiciones, en la medida en que sus facultades se vean menoscabadas.
¿Eso incluye posiciones de confrontación? Porque a usted en esa crisis se le vio una posición bastante fuerte.
Pero no de confrontación. ¿Por qué comenzó el problema? Porque la Asamblea creyó que el Presidente no tenía facultades para crear los CPC. Ese fue el origen del problema. Después que había una ley que establecía que sí podían existir, aprobaron otra reforma a esa ley, pasando encima de un veto presidencial, diciendo que el Presidente no podía crearlos. Yo tuve que salir defendiendo la posición tanto del Presidente en cuanto a su facultad de crear los CPC, como del Poder Judicial para poder resolver recursos de amparo, aunque la ley no haya concluido su proceso de discusión y aprobación final.
En este caso lo que sorprendió, magistrado, fue la forma y rapidez con que se hizo, con que se emitió esa resolución a favor del Presidente.
No. La sentencia ya estaba lista. Incluso no sólo para ser producto de una sentencia de sala y de Corte, sino de consenso. La realidad es que nosotros sacamos la sentencia en horas de la tarde y no a las nueve de la noche, como dijeron. Fue a la cinco de la tarde, que estábamos convocados en una reunión que empezó a las diez de la mañana, y que nos quedamos esperando a los dos o tres magistrados que se fueron a hacer consultas y que no regresaron a la Corte. Producimos la sentencia. Ya estaba lista y en ella trataba de dejar establecidas las facultades del Presidente y de la Asamblea.
::: Pero casos como éste, y también otras resoluciones que han sido bastante criticadas, crean una visión negativa de la Corte. ¿Cómo se siente usted, cuando cada mañana entra en su oficina y mira titulares críticos, escucha críticas hacia la Corte?
A mí no me preocupa, porque he estado en la vida pública por casi 30 años. A mí eso, te lo digo sinceramente, no me quita el sueño. Yo sé que en mis actuaciones he estado apegado a la ley, he sido correcto, independientemente de la percepción. Esos son debates polémicos, pero que no me afectan en cuanto a mi función pública; aunque prefiero no verme involucrado en ese tipo de debates y tener un perfil bajo. No aspiro a más funciones de las que tengo, que he asumido con responsabilidad. No he sido amante del poder o de escalar funciones con responsabilidades mayores en la Corte, sino las que se han producido por consenso. Sí he defendido mis criterios y los voy a seguir defendiendo.
Se dice, se critica, el hecho de que hay un alto nivel de corrupción y politización dentro de la Corte y el sistema de justicia...
Eso lo dicen personas interesadas, hombré. (...) En todo el mundo hay casos de corrupción en un poder del Estado o en otro. Lo que yo he defendido es que la corrupción en el Poder Judicial no es la generalidad (...) Y si te ponés a ver otros casos que tienen que ver con situaciones políticas, es obvio que en casos políticos la Corte se pronuncia también sobre la base de la Constitución, con una sentencia que puede ser interpretada políticamente.
¿Qué influencia tiene el Frente Sandinista en la Corte?
La influencia que pueda tener cualquier tipo de partido político u organización cuando llegan casos de ellos a la Corte: presentar sus criterios a los magistrados, a las salas, hacerse oír en sus posiciones y esperar una resolución que pueda ser favorable para ellos. Yo no he visto casos, en estos ocho años que tengo de estar aquí, en los que el Frente Sandinista me haya ejercido presión y diga “tenés que fallar en este sentido, así o asá”. Mis convicciones, y eso yo las he dicho públicamente, siguen siendo las mismas de hace 30 años, eso no lo he negado. He sido sandinista, y lo voy a seguir siendo hasta que me muera. Pero eso no quiere decir que no falle con forme a la Constitución y a las leyes.
Se dice, magistrado, que usted es la cabeza jurídica del presidente Ortega en la Corte, y además que hay personajes como Lenín Cerna y Bayardo Arce que tienen bastante influencia en la institución...
Hombré, eso es parte de la especulación política del país. Yo he tenido una muy buena relación con el Presidente, eso es cierto, no lo niego. Mi relación es buena con el comandante Ortega...
¿Son amigos?
Por distintas razones... Sí, pues sí, tengo mucho tiempo de conocerlo. Y ahora que está en el poder, y que es el Presidente, ha habido más consultas sobre temas que le interesan al país, al Gobierno, al Poder Ejecutivo...
¿Qué tipo de consultas? ¿Sobré qué temas?
De distinta naturaleza. Por ejemplo cuando se emitió el decreto creador de los CPC y se hizo el otro decreto cuando se integraron al Conpes. Opiniones sobre si eso era o no legal. He dado mi opinión sobre la Ley de Amparo. Soy defensor del parlamentarismo porque fui diputado 16 años y creo que es un sistema más democrático que el presidencialista. Aplaudí las reformas del 2005. Me opuse a la Ley Marco y después firmé derogándola. Hay una relación normal de hacerle ver, en lo que yo creo que son los puntos de vista jurídicos correctos. En eso siempre he tenido oídos abiertos de parte de él y un respaldo obviamente fuerte.
¿Habla a diario con el Presidente?
No, no.
¿Él lo llama acá, a su oficina?
No, no... Yo no diría que diario, pero sí tenemos comunicación... No sé... Cuando hay temas importantes con mayor frecuencia, pero, pero... Si no los hay, (hablamos) cada cierto tiempo, no te pudiera decir si semanal o quincenal, pero sí hemos tenido una buena relación. Y él tiene toda la libertad de llamarme, como yo también he hecho uso de esa libertad. Hay una buena relación y hay confianza, que es bien importante. Pero no hay una relación de supeditación; más bien de amistad.
¿Y qué hay de esos rumores que dicen que personajes como Cerna y Arce, junto a usted, tienen la potestad de poner y quitar jueces basados en intereses políticos?
No, hombré, si queremos terminar con eso. La realidad es que los más interesados en que se acaben esos nombramientos de jueces, hemos sido magistrados originalmente provenientes del sandinismo. Aquí hay que dejar a los jueces en su lugar, no destituirlos o nombrarlos por razones políticas, abrirnos a los concursos.
¿Cómo será entonces las elecciones de magistrados, ya que pronto se les vence el periodo a algunos? ¿Cómo están las negociaciones?
No se han comenzado. Todavía no ha habido negociación en la Asamblea. Es obvio que eso es algo que habrá que negociar en la Asamblea, porque nadie tiene 56 votos. Y también hay que negociar con el Presidente, porque es obvio que él se va a involucrar. Aquí en la Corte no hemos hablado. Yo no tengo nada en contra de los ocho magistrados que se les vence el periodo. Han hecho un buen trabajo y a mi juicio deberían ser reelectos, pero esa es facultad de la Asamblea. Obviamente ahí puede haber una decisión política de quién se va y quién se queda; pero en general los ocho han hecho un buen trabajo y como estoy a favor de que los periodos sean más largos, y como algunos de ellos sólo tienen cinco años, debiera dárseles, por lo menos, un segundo periodo. Hay que irlo viendo con calma, porque si no vamos a entrar en crisis en unos meses, porque esto se vence en junio.
¿Por qué la crisis?
Si no hay elección. ¿Por qué? Porque ahí habría un problema. Primero la Corte podrá funcionar en dos o tres meses con once magistrados, pero en septiembre quedaría desintegrada. Pueden funcionar los jueces y tribunales de apelaciones, pero no la Corte.
¿Por qué cree que se retrazaría la elección?
Es que el problema es que se obtengan los 56 votos. Siempre hay un temor de algunos diputados de decir el pacto va, el pacto viene; el pacto aquí, el pacto allá. Si comenzás a discutir desde ahora y se arregla la bancada del Frente que tiene 38 diputados con la del PLC, que tiene 25, ya con eso nombrás. El Frente necesita 18 votos. ¿Con quién los va a obtener? ¿Con el PLC? Es una posibilidad. ¿Con ALN? Esa es otra. La otra es que se reúnan las tres bancadas y se consensúen a los ocho magistrados, es una posibilidad que no descarto; la veo más difícil porque es un año electoral donde ALN (ahora Movimiento Vamos con Eduardo) está en una posición más fuerte de oposición más fuerte al sandinismo. Creo yo que después de Semana Santa se va a incrementar la negociación y cabildeo sobre esos nombramientos.
Pero el temor de repartición de esos cargos debido al pacto entre liberales y sandinistas es general...
Es que lo que se debiera hacer es abrir la elección, hacer un concurso nacional, independientemente que la decisión final la tome la Asamblea.
Hace dos años el magistrado Manuel Martínez afirmaba en una entrevista con LA PRENSA que en el sistema judicial la repartición de cargos, en general, era ochenta frente a 20 entre sandinistas y liberales, respectivamente...
Ahí tiene esa entrevista él encuadrada en su oficina. Yo desconozco de donde sacó él esa cifra. Cada vez que le pregunto me dice que ese es el estimado que él hace. Sí creo que este es un Poder Judicial, que sufrió un gran cambio en el 79, ahí se destituyó a un 95% de los jueces. Hubo una gran barrida. De ahí comenzó ese mito de que una gran cantidad de jueces son sandinistas, porque una gran cantidad de jueces que se nombraron en el 79, y que estuvieron en su cargo hasta el 90, todavía son jueces y magistrados de apelaciones, talvez en un 50%, me atrevería a decir. Son jueces que tienen catorce, quince, veinte años. Hay jueces suplentes, locales, de distrito, que vienen de la década del ochenta. Y en la del noventa se continuó promocionando a muchos jueces locales que habían sido nombrados en esos once años.
¿Y cuáles son sus cálculos?
No me he puesto a sacar números. Una gran cantidad de jueces, nombrados en esos once años (del gobierno sandinista de la década de 1980), muchos de ellos fueron promovidos a magistrados de apelaciones. Son personas con más de 20 años en el poder judicial.
Pero mencionaba una cantidad de 50% que se definen como sandinistas
En el 90 el Poder Judicial estuvo más vinculado a la Revolución, porque fue fuente de Derecho. En los subsiguientes nombramientos se conservó, en una buena cantidad, el número de jueces que se nombraron en los once años anteriores. El estimado que siempre se ha hecho es que por lo menos se logró mantener la mitad de los jueces nombrados, y que ahora son jueces de distrito, magistrados de apelaciones, algunos magistrados de la Corte. Mantuvimos, de alguna manera, algo de herencia de la Revolución, de jueces que efectivamente venían del sector sandinista. ¿Por qué? Porque a nadie le interesaba trabajar en el sistema judicial. Los jueces que postulaban eran jóvenes recién salidos de la universidad, que tenían una simpatía con el Frente Sandinista.
Se ha definido como sandinista. ¿Es militante del partido?
Soy militante del Frente, sí, sí, lo sigo siendo. No participo en actividades públicas, más que las protocolarias, donde me invitan y voy como vicepresidente de la Corte, pero sí sigo siendo sandinista.
¿Y eso implica lealtad al partido?
Lealtad a la Constitución, en mi caso.
¿Y al partido?
Al partido no. Me debo a la Constitución, lo que no quiere decir que vaya a confrontarme con el partido.
