La mejor arma de Daniel Ortega es un sistema judicial que funciona como maquinaria partidaria. Este sistema comenzó a ser forjado hace más de 20 años y se ha convertido en el “el nudo gordiano” a desatar en Nicaragua
Cuenta la leyenda que en el año 333 a.C., Alejandro Magno, se encontró en Gordión con un nudo tan complicado que nadie podía desatarlo, y se decía que quien lo lograra conquistaría Asia. Alejandro Magno resolvió el problema con un golpe de espada. Desde entonces se denomina como nudo gordiano a una situación tan enrevesada que para solucionarla se requiere de paciencia tibetana o, a lo Alejandro Magno, de un corte radical.
Algo similar ocurre actualmente con el Poder Judicial. Un nudo hecho para no ser desatado por nadie.
El cinco de diciembre pasado quedó demostrado cuán socado está ese nudo.
A las seis de la tarde, cuando la sede de la Corte Suprema de Justicia quedaba vacía, cuando los magistrados de tendencia liberal habían dejado el edificio, sus homólogos sandinistas se reunieron en una sesión inesperada, trabajando horas extras.
La encerrona se extendió hasta las nueve de la noche. A esa hora, los magistrados Francisco Rosales, Rafael Solís, Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez Pérez, las caras más visibles del sandinismo en la Corte, aparecían ante los medios de comunicación mostrando un texto con la tinta de sus firmas aún fresca: los magistrados legitimaban los Consejos del Poder Ciudadano, el proyecto político del presidente Daniel Ortega, en una sentencia que permitía a los CPC “participar directamente en la gestión estatal”.
De esta manera, los magistrados sandinistas no sólo mostraban ser una fuerte maquinaria que responde a los intereses de su partido sino que tienen el poder suficiente para poner en jaque a otro poder, la Asamblea Nacional, debilitada por la incapacidad de unificación de las bancadas opositoras. El nudo se cerraba más, haciendo más difícil desatarlo.
Luego de aquella sentencia de los magistrados sandinistas, vinieron otras que sólo llegaron a confirmar la influencia que el sandinismo tiene en el Poder Judicial, su tablero de ajedrez, cuyas piezas mueven magistralmente, como si el mismo Bobby Fischer, el genio del tablero, estuviera jugando a su favor una de sus históricas partidas.
El 10 de enero pasado, los magistrados sandinistas de la Corte Suprema, con el magistrado Rafael Solís a la cabeza, le llevaron hasta la Asamblea Nacional un regalo al presidente Ortega, que ese día se presentaba ante el Plenario para rendir su primer informe anual.
El regalo eran un paquete de resoluciones —acordadas con los magistrados liberales a cambio de que su líder Arnoldo Alemán pudiera moverse con mayor libertad— que terminaban legitimando la existencia de los CPC, declaraban inconstitucional la Ley Marco aprobada en 2005 y establecía la vigencia de las reformas constitucionales de ese año, que reducían facultades al Ejecutivo.
Si hay algo que el Frente Sandinista ha dejado bien demostrado es su capacidad para aprovechar las oportunidades, para hacer una buena pesca en ese río revuelto que es el sistema político del país. Eso quedó demostrado en 1999, cuando movió a su favor las fichas del tablero, en el pacto que firmó con el entonces presidente Arnoldo Alemán. El líder del sandinismo —entonces oposición— Daniel Ortega, se garantizó el control de los Poderes del Estado, aunque a mitad, con Alemán.
Pero como afirma Alberto Saborío, ex candidato a la Presidencia por el Partido Conservador, mientras que el PLC y Alemán buscaba con el “amarre” beneficios económicos, el Frente Sandinista puso a sus “fichas” en puestos clave de los principales Poderes del Estado y reformó la Constitución a su favor para garantizarse el triunfo en las elecciones de 2006.
Con sus “fichas” en la directiva de la Corte Suprema, el sandinismo se garantizaba el control del Poder Judicial con una presencia partidaria cuyos datos varían según quien saque las cuentas: 80% de jueces sandinistas según el magistrado liberal Manuel Martínez o 50% según reconoce el sandinista Rafael Solís. Todo un entramado legal a su favor.
Solís afirma que este poder no se dio de la noche a la mañana sino que fue el producto de décadas de trabajo. Todo comenzó en 1979, cuando el nuevo gobierno revolucionario realizó una barrida en el Poder Judicial, destituyendo jueces y magistrados leales al somocismo.
A partir de entonces, jueces sandinistas comienzan a ejercer, respaldados por el sandinismo. La mayoría, explica Solís, eran jóvenes universitarios deseosos de una oportunidad, que comenzaron a ocupar puestos en el sistema judicial, en momentos en que nadie quería trabajar en juzgados, debido a los bajos salarios y prestaciones.
“Eran jóvenes recién salidos de la universidad, que tenían una simpatía con el Frente Sandinista”, afirma Solís. Jóvenes que más tarde comenzarían a escalar dentro del sistema, ocupando puestos estratégicos y manteniéndose leales al partido.
“Son jueces que tienen catorce, quince, veinte años. Hay jueces suplentes, locales, de distrito, que vienen de la década de los ochenta. Y en la de los noventa se continuó promocionando a muchos jueces locales que habían sido nombrados en esos once años.”
Lo que Rafael Solís llama “la herencia de la Revolución” se ha convertido en una maquinaria que mueve sus engranajes a favor del partido que la creó.
Eso sucedió a mediados del año pasado, cuando el programa televisivo Esta Semana dio a conocer un caso de extorsión en el que se vieron involucrados miembros del Frente Sandinista y que además dejó clara la existencia de una red de tráfico de influencias que atraviesa al Poder Judicial.
En octubre pasado el diputado liberal José Pallais, quien presidió una comisión de la Asamblea Nacional para investigar la supuesta extorsión, el “caso Tola”, como se le llamó más tarde, denunció “la existencia de un entramado que ofrece solucionar casos en el poder judicial mediante pagos sustantivos”. En este caso se trataba de supuestas presiones que Gerardo Miranda, ex diputado del Frente Sandinista, hacía al inversionista Armel González para que pagara cuatro millones de dólares a cambio de librarse de litigios territoriales que podrían afectar el proyecto turístico Arenas Bay, que se desarrollaba en las playas de Tola, Rivas.
En ese escándalo, los Poderes del Estado, con el Consejo Supremo Electoral y el Poder Judicial a la cabeza, se movieron para favorecer a Miranda, quien quedó libre de cargos y continuó en su puesto como cónsul nicaragüense en Costa Rica.
Una de las cosas que más sorprendió de esta denuncia es que las negociaciones se llevarían a cabo directamente en la Secretaría del Frente Sandinista, que además funciona como sede de Gobierno. Precisamente, se ha criticado que importantes miembros de la cúpula sandinista influyen directamente en el Poder Judicial, manejan la justicia del país, presionando para nombrar o quitar jueces o influyendo en los fallos y resoluciones.
Una de las personas señaladas de ejercer estas presiones es Lenín Cerna, jefe del Departamento de Organización del FSLN y otrora todopoderoso de la Seguridad del Estado durante el régimen sandinista de la década de 1980. En una entrevista publicada por el semanario Confidencial en febrero de 2004, Cerna negó esas acusaciones.
“No soy ni abogado ni juez, con dificultad llegué a primer año de la universidad, no tengo nada que ver con justicia ni magistrados ni nada... ¡Imaginate redactar sentencias, ah!”
El magistrado Rafael Solís también niega las acusaciones, que dice son parte de la “especulación política del país”, aunque él mismo afirmó que la mitad de jueces del sistema son de tendencia sandinista y que ése fue un trabajo de décadas para mantener esa ventaja.
A Solís se le llama el cerebro del presidente Ortega en la Corte Suprema, posición que él niega, aunque no hace lo mismo con su militancia sandinista: dice que será sandinista hasta su muerte.
“Me debo a la Constitución, lo que no quiere decir que vaya a confrontarme con el partido”. Una frase que desconcierta al ser pronunciada por el segundo al mando del Poder Judicial.
Pero si el vicepresidente de la Corte Suprema no esconde su partidismo, ¿qué se puede esperar de los jueces? En una entrevista concedida a Domingo en julio de 2007 por el entonces magistrado sandinista de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Enrique Chavarría Meza, éste afirmaba: “El comandante Ortega toma las decisiones que debe tomar”, en alusión a su destitución del TAM por haber liberado, junto a otros dos magistrados, a tres hombres acusados por la Policía de estar vinculados al narcotráfico, en uno de los casos de corrupción en el Poder Judicial más sonados de los últimos años.
En marzo de 2006 se realizó una encuesta a jueces y abogados para conocer cómo miran éstos al Poder Judicial. Los resultados mostraron que los jueces se consideran honestos e independientes, pero lo asombroso de los datos de la encuesta es que los mismos abogados afirmaron que en el sistema de justicia existe una fuerte corrupción: 49.3% de los encuestados afirmaron que sólo 1 de cada cinco abogados era honesto.
Un diagnóstico sobre el sistema de justicia, publicado en 2007, muestra que el 72% de magistrados, jueces, fiscales y defensores consideran que existen injerencias indebidas en el sistema de justicia, afectando la independencia del Poder Judicial.
“Algunas veces los magistrados les dan (a los jueces) determinadas orientaciones”, dice Carlos Padilla, juez de tendencia sandinista y presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua. “Los jueces reciben solicitudes de muchas personas, inclusive de particulares. Yo he tenido peticiones de magistrados y peticiones de personas en particular sobre un tema”, afirma Padilla, quien además es magistrado del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción central.
¿Cómo hacer para soltar el nudo gordiano del Poder Judicial? “El primer problema del sistema judicial es el acoso del Poder Ejecutivo”, “la idea del poder político de que el aparato judicial es un instrumento de sus intereses”, afirma el filósofo y ex presidente de la Corte Suprema, Alejando Serrano Caldera.
Caldera hace una lista de los principales problemas que afectan al Poder Judicial, que incluyen la dependencia política que surge del mecanismo de nombramiento de jueces, la falta de un sólido sistema de carrera judicial y de una normativa ética. Y la “actitud del Ejecutivo de utilizar al sistema judicial como un instrumento de presión y represión política”.
El aparato judicial, dice Caldera, se encuentra en un contexto político “difícil y tenso”. Para el experto, el sistema necesita una reforma profunda, que incluya fortalecer la Ley de Carrera Judicial, el nombramiento de jueces por concurso y hasta reformas en la carrera de Derecho, que la separe por especializaciones.
La Ley, aprobada en octubre de 2004, establece los nombramientos de jueces por méritos profesionales y por concurso. La Ley no se ha implementado porque los magistrados de la Corte Suprema dicen que se necesita de un reglamento que establezca el procedimiento para nombramientos de nuevos jueces.
Las negociaciones para aprobación de ese reglamento están estancadas, a pesar que los directivos de la Corte Suprema se han comprometido en varias ocasiones para aprobarla.
El trasfondo de la no aprobación de ese reglamento está en el actual sistema de nombramientos, basado en el “dedazo” y la filiación política. Un poder que ni sandinistas ni liberales quieren perder, a pesar que en octubre de 2006 el magistrado Rafael Solís prometió que no se darían más nombramientos al margen de la ley.
Aprobar ese reglamento y aplicar la Ley significaría soltar paulatinamente el nudo, renunciando al control de 16 magistrados de la Corte Suprema, 57 magistrados de los tribunales de apelaciones, 134 jueces de distrito y 185 jueces locales.
¿Cómo se soltará el nudo? ¿Con paciencia, desenredando cada hilo o a lo Alejandro Magno, de un solo filazo?
“El énfasis debe estar en romper la influencia política del poder”, afirma Serrano Caldera. “Lo mejor sería un cambio estructural, profundo, que permita fortalecer al sistema judicial, porque sin un Poder Judicial fuerte, estructurado e independiente es una ficción hablar de democracia y Estado de Derecho”, dice.
