El retroceso político y cultural de Nicaragua, en tan sólo año y medio, tiene una expresión cada vez más cotidiana: la agresión violenta contra las personas que piensan distinto.
Pero no se trata de acciones aisladas de grupos de fanáticos, que en cualquier momento podrían ser controlados o disuadidos por las autoridades.
Es peor. Se trata de una política avalada y promovida por el Gobierno del Frente Sandinista (FSLN), contra quienes expresan ideas críticas y piden cuentas al presidente Daniel Ortega.
Con la derrota electoral del Gobierno sandinista en 1990, Nicaragua entró en una etapa de democratización, y la población fue adoptando nuevas formas de hacer política, otra cultura en que poco a poco la discusión de ideas y la tolerancia al otro, al que opina diferente, fue suplantando a la pedrada y el arma de fuego.
Poco a poco el concepto de enemigo fue sustituido por el de adversario, cuando se trataba de confrontar opiniones políticas e ideológicas; y en las elecciones generales de 1996 participaron 24 partidos políticos, lo que constituyó un récord en el país y quizás en América Latina, por el tamaño desproporcionado de la boleta electoral en una nación con apenas cinco millones de habitantes.
Esa contienda fue por tanto una suerte de testimonio del pluralismo que ya vivía Nicaragua, aunque los votos terminaran concentrándose en dos fuerzas políticas.
En un ambiente de más libertad persistieron también grupos opuestos a la democracia que, por ejemplo, cada año montaron asonadas contra los gobiernos electos, hasta terminar en mesas de negociación tras hechos sangrientos, con heridos o muertos y la destrucción de infraestructura pública y bienes privados.
Esos grupos violentos casi siempre fueron identificados con el sector ortodoxo del FSLN, comandado por Daniel Ortega, quien al perder las elecciones en febrero de 1990 advirtió que gobernaría desde abajo, y esto significaba hacerle imposible la vida a los gobernantes.
Ortega y sus fanáticos se convirtieron así en una oposición peligrosa, que prefería la disputa política con piedras y palos antes que el debate con ideas nuevas y argumentos, un comportamiento que les fue quitando adeptos en tanto que sandinistas más reflexivos y educados rechazaron la violencia y el autoritarismo del pasado y optaron por la vía cívica.
Ortega ganó las elecciones de noviembre del 2006 con apenas el 38 por ciento de los votos, gracias a una oposición dividida y a ventajas que obtuvo en la legislación electoral mediante un pacto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Ahora, el gran problema para Nicaragua es que la política de violencia contra las ideas libres e independientes ha cobrado fuerza y un carácter casi oficial, se han convertido en una virtual política de Estado, porque Ortega agrede de forma verbal a quienes le critican y, después, las turbas de su partido se encargan de lanzar piedras y lodo a los opositores, como le sucedió a Dora María Téllez, en León.
El dictador ha llegado al extremo de pisotear los derechos de autor de artistas reconocidos, porque le adversan, con lo que también viola las leyes del país.
Ortega ha demostrado en 18 meses que es tan autoritario e intolerante como en la década de 1980, y su empeño por implantar el “socialismo” en Nicaragua podría ser sólo una justificación para eliminar partidos opositores y restringir las libertades de expresión y de prensa.
