Caracas (AIPE).- El 17 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela acordó “acatar la decisión de la Contraloría General de la República” en relación con 368 ciudadanos venezolanos inhabilitados políticamente por estar incluidos en la llamada Lista Russián.
Ésta es una clara extralimitación de las facultades del CNE, dado que ese ente oficial no puede negarle el ejercicio de los derechos políticos a ningún ciudadano. Según los artículos 42 y 65 de la Constitución vigente, sólo pueden ser inhabilitados los ciudadanos sobre los que pese “una sentencia firme y definitiva” de un tribunal, por delitos contra el patrimonio público.
Es claro que esta írrita decisión está dirigida a impedir la participación, en los comicios del 23 de noviembre, para elegir gobernadores y alcaldes, a los candidatos más fuertes de la oposición, entre ellos Leopoldo López y Enrique Mendoza. Se concreta así de facto una de las primeras acciones de manipulación pública de los resultados de las próximas elecciones.
El CNE, además, en un malabarismo legal, le lanzó la pelota al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al “exhortarlo” a decidir “perentoriamente los recursos individuales” interpuestos por los candidatos inhabilitados.
En un país donde se respeta la Constitución y la independencia de poderes públicos se esperaría que el TSJ declarara nula por ilegal esa decisión de inhabilitar, dictaminada por la Contraloría. Más aún, si en Venezuela se respetara la ley se le estaría abriendo un juicio al Contralor y al CNE por abusos de poder.
Cabe además recordar que en Venezuela existen varios precedentes de ciudadanos que aún habiendo estado sujetos a investigaciones judiciales han competido en elecciones a cargos públicos, han ganado la contienda y están en ejercicio. Ejemplo claro es el propio Presidente de la República, Hugo Chávez, quien a pesar del delito de efectuar un golpe de Estado contra un gobierno electo democráticamente, no fue inhabilitado políticamente por la extinta Corte Suprema de Justicia en 1998, con el argumento de que éste no tenía sentencia firme de un tribunal en su contra. Pero, en la Venezuela donde manda Chávez, tal autonomía del máximo tribunal es impensable.
Es más, analistas afirman que la Contraloría, el CNE y el TSJ están actuando en contubernio. Y señalan como base a esta afirmación que, “casualmente”, hace tan sólo dos semanas el TSJ, a manera de establecer un precedente, inhabilitó al gobernador chavista del Estado Yaracuy por supuestos delitos administrativos, a pesar de que éste no ha sido aún juzgado ni condenado por tribunal alguno.
Lo grave es que se está creando un nefasto precedente para el ejercicio de la democracia. Y no es que López y Mendoza no puedan ejercer su derecho a competir. Lo grave es que si la complicidad de los poderes públicos puede descalificar a los ciudadanos a discreción y sacar del juego electoral a venezolanos aptos y privarlos de su derecho constitucional a competir, el próximo presidente de Venezuela será seleccionado por el dedo de Hugo Chávez, como lo hizo con los candidatos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Y más grave aún es que así se viola flagrantemente el derecho ciudadano a elegir en libertad.
