La administración, regulación de la inversión y las utilidades de las actividades comerciales en las costas del país deben ser una competencia exclusiva de las alcaldías, sostuvo la directora ejecutivo de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), Patricia Delgado.
Aunque las municipalidades aún no tienen la capacidad logística y monetaria para desarrollar estrategias económicas y ambientales en las zonas costeras, según admitió Delgado, las costas están dentro de los territorios municipales y son una competencia “exclusivamente municipal”.
“Si hay conflictos en las playas, ¿quiénes están más cerca del territorio?, las autoridades municipales. Están más cerca del conflicto y más cerca de la solución”, defendió la directora ejecutiva de Amunic.
Bajo esa premisa, Amunic puja una reforma al proyecto de ley de costas, engavetado en la Asamblea Nacional.
Las municipalidades también están recibiendo el respaldo de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
ACCESO TOTAL
El documento legislativo promueve que se respeten las propiedades privadas adquiridas legalmente en las playas, aunque eso signifique que en algunas zonas como Salinas Grandes no haya acceso de la población a la playa.
Sin embargo, según dijo Delgado, en la ley debe primar un acceso sin restricciones a todas las costas para acabar con las discriminaciones.
“No se pueden establecer diferencias de ciudadanos de primera y segunda. Que no puedan entrar a una playa determinada, pero que a otra sí puedan y viceversa”, dijo.
La no aprobación de la ley de costas también está causando retrasos económicos, porque según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hay unos sesenta proyectos de inversión turística que esperan por la aprobación de la ley para ser ejecutados.
