La producción para el ciclo 2008-2009 de la zona de Las Segovias, al norte del país, podría ser afectada severamente si el Gobierno no logra resolver a corto plazo el fuerte conflicto que mantienen desde hace tres meses el Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios con varias microfinancieras que operan en la zona, con quienes tienen una deuda que asciende a más de 15 millones de dólares, la cual piden que sea reestructurada.
Los representantes de las microfinancieras, quienes decidieron el pasado viernes cancelar el desembolso de 10 millones de dólares para financiar la producción de este ciclo agrícola, acusan a los líderes del Movimiento de estar “promoviendo la cultural del no pago”, situación “que ya creíamos desterrada”.
La protesta del Movimiento de Productores está siendo encabezada por el ex alcalde sandinista de Jalapa, Omar González Vílchez, y por el actual candidato para la Alcaldía de Ocotal por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Andrés Castillo Urbina, quienes aducen que los productores están siendo víctimas de encarcelamiento y de despojos de sus propiedades por parte de las financieras, a causa del retraso en el pago de sus deudas.
Ambos líderes demandan al Gobierno que inicie un proceso de reestructuración de la deuda de aproximadamente 15 mil productores, cuyos nombres y monto adeudado fueron registrados en una lista que enviaron al presidente Daniel Ortega, de quien todavía no tienen una respuesta concreta.
CANDIDATO DEL ALN TIENE MILLONARIAS DEUDAS
El gerente regional de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural (Fundeser), Efrén Sánchez, aseguró que el trasfondo del conflicto y la campaña de no pago que impulsa el Movimiento de Productores radica en que el candidato para la Alcaldía de Ocotal por la ALN, Andrés Castillo Urbina, tiene una millonaria deuda con varias microfinancieras de la zona.
“José Castillo Urbina (...) tiene una deuda impresionante con varias microfinancieras. Solamente deudas de él ascienden a un poco más de cien mil dólares que equivalen a un poco más de dos millones de córdobas. Ahora también su esposa tiene deuda con otras microfinancieras (…) que suman un poco más de 300 mil córdobas”, aseveró.
“ Nosotros calculamos que la deuda de él (…) tanto directa como la de sus amigos viene redondeando como los casi siete y ocho millones de córdobas”, añadió.
En ese sentido, Castillo Urbina expresó que las acusaciones de las microfinancieras de estar promoviendo la cultura del no pago en Las Segovias es de índole política “porque saben que yo soy candidato a la Alcaldía por el ALN aquí en Ocotal”.
Sin embargo, reconoció que tiene deudas con las microfinancieras, las cuales puede saldar con la venta de uno de sus dos vehículos de la marca Dodge RAM y Nissan valorados ambos en más de 70 mil dólares, sin incluir sus dos propiedades ubicadas en la zona norte del país.
Documento en poder de LA PRENSA indican que hasta marzo Castillo Urbina tenía una deuda con varias microfinancieras, cuyo monto ascendía a un millón 440 mil 445 córdobas con 90 centavos.
Entre octubre del 2006 y diciembre del 2007 Castillo Urbina adquirió un préstamo de un millón 608 mil 878 córdobas netos, de los cuales debía hasta marzo de este año un millón 440 mil 445 córdobas con 90 centavos.
En tanto, su esposa Marina del Carmen Herrera López, hasta esa misma fecha, tenía una deuda de 251 mil 996 córdobas con 30 centavos, según refleja del documento.
Entre julio del 2006 y marzo del 2007, Herrera López adquirió un préstamo de 342 mil córdobas, de los cuales hasta finales de marzo de este año debe 251 mil 996 córdobas con 30 centavos.
Hasta finales de marzo de este año, el matrimonio Castillo Herrera tiene una deuda de un millón 6 92 mil 422 córdobas con 20 centavos, según registros financieros.
OTRA CONTRADICCIÓN
El aspirante a la Alcaldía de Ocotal, José Andrés Castillo Urbina, también negó que esté liderando el Movimiento de los Productores para “enmascarar” sus deudas con algunas microfinancieras.
“...No me voy a incluir dentro de la lista de los posibles reestructurados de la deuda (...) porque yo tengo con qué asumir mi responsabilidad, pero no voy a desaparecer como líder de los productores”, insistió Castillo, quien aseguró que en esa zona “existe una gran anomalía en el sistema financiero”, insistió.
El dirigente dijo no tener en su poder la lista que enviaron al Gobierno con los nombres de los tres mil productores que piden la reestructuración de la deuda, que se calcula en un poco más de 15 millones de dólares.
Sin embargo, LA PRENSA constató que Castillo Urbina sí se incluyó en la lista enviada al Gobierno, en cuyo documento aparece tres veces con una deuda que asciende a 70 mil dólares.
ACUERDO QUE ESPERAN RESPUESTA
En abril pasado, los productores acordaron con el Gobierno llamar a negociar a los representantes de las microfinancieras para ampliar los plazos de pago hasta en 20 años y “con una tasa de interés justa”, según se lee en un documento firmado por ambos líderes de los productores y el delegado de Gobernación en Ocotal, Félix Pedro Talavera Herrera.
La firma del acuerdo antes mencionado dio paso a la suspensión de una protesta prolongada que realizaron los productores en la zona fronteriza con Honduras.
El ex alcalde sandinista, Omar González, señaló que otro de los logros de ese acuerdo fue la emisión de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde ordenó cancelar las 26 órdenes de capturas en contra de productores de Nueva Segovia por el no pago de sus deudas con las microfinancieras. González dijo no tener en su poder la resolución de la Corte.
Por su parte, Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Microfinancieras (Asomif), expresó que “el Gobierno de Nicaragua podría servir de buen interlocutor, pero no venir a resolver o interferir en actividades que no son del Gobierno”.
Las microfinancieras aseguran que no pueden extender los plazos de pago hasta 20 años, tal a como propone el Gobierno, porque ellos reciben financiamiento con organismos internacionales a plazos menores de tres años y con una tasa de interés de un 10 por ciento.
El directivo de Fundeser, Efrén Sánchez, tras casi tres meses de haber firmado el acuerdo con el Gobierno, no ha recibido ninguna citatoria para estudiar el conflicto financiero que predomina en el interior del país.
Por su parte, el gerente de crédito de la Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse), Guillermo Gaitán, aseguró que si el Gobierno está dispuesto a comprar la cartera adeudada ellos están dispuestos a venderla.
