Dos días antes que la Fiscalía introduzca una acusación en contra de 43 personas por estar implicadas en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), existen sospechas de que en el proceso no todos terminarán acusados en los tribunales, sino que serán los que han estado en la mira del Gobierno, entre los que destaca Eduardo Montealegre.
Se presume que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se pronunciará sobre la denuncia de nulidad de los Cenis, efectuada por la Contraloría General de la República (CGR), y sobre los recursos de amparo interpuestos por ex integrantes del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), varios de ellos mencionados en el listado de los 43.
El economista Adolfo Acevedo, miembro de la Coordinadora Civil, estima como escenario posible desde su punto de vista que la Corte Suprema va a legalizar todo lo actuado, pero como existe otra responsabilidad que le atribuyen a Eduardo Montealegre, “ que él estaba involucrado como miembro del consejo directivo del Banco Central, con el Bancentro en la renegociación y todo lo demás. Ésa es otra responsabilidad distinta”, asegura Acevedo.
Para el economista, quien aclara que desconoce detalles de la acusación de la Fiscalía, la decisión de emitir los Cenis fue ilegal porque el Banco Central no tenía atribución, así como no tenía potestad para reclasificar la cartera de los bancos liquidados, esa acusación en contra de los 43 se podría caer con la resolución que emita la CSJ. No así los señalamientos de conflictos de interés que se le hacen a Montealegre; al señalarle que como miembro de la junta directiva del Banco Central recibía dividendos con el Bancentro.
La acusación que presentará la Fiscalía incluye a los ex funcionarios del Banco Central que participaron del proceso de reclasificación de cartera, así como en la emisión de Cenis, al igual que en contra de los que actuaron rescindiendo escrituras y haciendo nuevas, así como las personas que consideran se valieron de sus relaciones y nexos accionarios para beneficiar de forma directa a sus allegados.
Entre los delitos que le imputa la Fiscalía a las 43 personas que están en el listado, destacan contra la economía, industria y comercio, fraude y tráfico de influencia.
CGR HABÍA INVESTIGADO ANTES
El contralor Lino Hernández recordó que la Contraloría General de la República (CGR) emitió dos resoluciones, una en la que declara la nulidad de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), los que fueron emitidos para mantener la estabilidad económica del país, pero después fueron utilizados para pagar deudas de los bancos quebrados hasta por un monto de 500 millones de dólares. También está la renegociación, a través de la cual pretendían recuperar tres mil millones de dólares, pero sólo recuperaron 300 millones de dólares.
“Fue una renegociación que afectaba el patrimonio estatal, subía en más de 100 millones (dólares) la deuda, para el Bancentro subía los intereses y el plazo también, entonces había un evidente perjuicio para el Estado”, recordó Hernández.
Aparentemente la Fiscalía ha profundizado en cuanto a la segunda resolución emitida por la CGR, en la que encontró presunción de responsabilidad penal en contra de seis ex directivos del Banco Central, pues en la acusación la ha extendido a otros ciudadanos particulares que supuestamente sacaron beneficios, dijo.
Sin embargo, Hernández asegura que las auditorías de la CGR únicamente pueden servir en este caso como elementos de prueba en el proceso, pues a diferencia de la Fiscalía, la CGR tiene limitaciones para reclamar bienes del Estado, pues el artículo 148 de su ley orgánica les impide pronunciarse sobre glosas ni sobre otros, después de cinco años de cometido los actos.
