El cierre de las chatarreras del país dejaría a unas setenta mil personas sin trabajo, según los datos de la Fundación Nica Global.
La mayor preocupación, según expresó el director de ese organismo, Juan Alejandro Samuel, es que los principales trabajadores de las chatarreras son jóvenes desempleados y personas de la tercera edad a quienes “las puertas se les han cerrado en otros empleos”.
A la fecha, las chatarreras operan prácticamente sin restricciones en la mayoría de las municipalidades, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y delegados municipales desarrollan nuevos mecanismos legales en donde se tipifiquen y penalicen las operaciones de las chatarreras dentro del casco urbano de las ciudades.
Si los dueños de estos negocios no trasladan sus operaciones a las afueras del casco urbano, serán clausurados, lo que, de acuerdo al organismo Nica Global, provocará serios problemas a quienes subsisten de la compra y venta de metales y plástico.
“Los que trabajan en las chatarreras, en general, no tienen dinero para comprar terrenos y trasladar su negocio a las afueras de las ciudades. La municipalidad y el Estado deben ayudarles, darles un crédito o comprarles un terreno para que el acopio de la chatarra no entre en conflicto con las leyes”, dijo Samuel.
Hasta el momento, las chatarreras siguen funcionando dentro del casco urbano de las ciudades, y si incumplen las normas de fumigación y limpieza, ruido o paso vehicular son multadas.
Las multas pueden ser apeladas. Pero, si persisten con las malas prácticas, podrían ser cerradas en un plazo previamente establecido.
UTILIZARÁN FUERZA PÚBLICA DE SER NECESARIO
La municipalidad de Managua será la pionera en establecer normas estrictas contra los centros de acopio de chatarra, que ya suman más de 84 en la capital.
El Vicealcalde de Managua, Felipe Neri Leiva Orochena, informó que para los próximos días estará lista una ordenanza municipal que obligará a los dueños de negocios de compra y venta de chatarra a ubicarse fuera del casco urbano de la ciudad, porque de lo contrario dispondrán de la fuerza pública para hacer cumplir tal disposición.
Según el funcionario, estos negocios deberán ubicarse —como mínimo— a cinco kilómetros de la ciudad, para no enfrentarse en poco tiempo con el crecimiento habitacional.
“Vamos a tener que hacer uso de la fuerza policial (si no quieren reubicarse), vamos a pedirle (a la Policía) que actúe con la beligerancia debida”, aseguró el vicealcalde Leiva Orochena.
Además de la Alcaldía, instituciones como el Marena, Minsa y la Policía Nacional han mostrado su preocupación por el incremento de las chatarreras por los puntos cardinales de la capital.
La afectación en la salud de los capitalinos, por ser fuentes creadoras de zancudos y hasta moscas, es una de las consecuencias directas de estos negocios que preocupan a las autoridades.
El vicealcalde indicó que las chatarreras también promueven la destrucción de la ciudad, porque los delincuentes roban las tapas de los manjoles y las venden a estos negocios.
“Creemos que deben estar los más lejos posible de la población, no vamos a permitir que estén dentro de los barrios, vamos a sacarlas (a las chatarreras)... de tal manera que podamos cumplirle a los managuas, que no se sigan corriendo riesgos. Una vez en una chatarrera encontramos hasta un puente peatonal”, agregó este sábado el funcionario.
Para el vicealcalde Leiva Orochena, la ordenanza estará lista en poco tiempo, porque, además de que existe un acuerdo entre todas las instituciones, el alcalde Dionisio Marenco, quien por ley tendría que firmarla, ya regresó al país luego de una gira de trabajo.
