Tras la demanda internacional que Nicaragua presentó en contra del Grupo Barceló, porque no ha cancelado la compra del Complejo Turístico Montelimar, la empresa española está analizando si busca el acuerdo amistoso para dirimir el conflicto o lo resuelve por medio del arbitraje internacional.
Tomás Delaney Solís, representante legal de Barceló en Nicaragua, reveló que hay abogados de la empresa en España, Costa Rica (sede de Barceló para Centroamérica) y también en Nicaragua analizando la demanda, porque el Estado nicaragüense no sólo exige el pago de 10 cuotas anuales no canceladas, sino también busca el resarcimiento de lucro cesante y daños y perjuicios.
“No puedo decir qué acciones vamos a tomar, hasta que finalice el estudio”, dijo el representante de Barceló.
ESTIRA Y ENCOGE DESDE CUANDO BOLAÑOS
En una de las cartas, Chester Noguera Cuadra, presidente de la Junta General de la Cornap en el 2005, le dice a Barceló en tono casi irónico que:
“Es una lástima que el Hotel Barceló Montelimar durante este período (2004/2005) no haya podido obtener un mayor porcentaje que el descrito, ya que esto va en detrimento tanto para el Estado de Nicaragua, como del mismo hotel”.
Un ex funcionario de la Cornap en tiempos del ex presidente Enrique Bolaños, afirmó, pidiendo no ser identificado, que los funcionarios de la Cornap en ese tiempo sospechaban que la contabilidad en Barceló, sobre los niveles de ocupación, se manejaban en un “doble juego”, pero nunca nadie quiso decir nada porque significaba ir a arbitraje, lo cual es muy costoso para el país.
Inclusive dijo que la reciente demanda internacional, emprendida por la Procuraduría General de la República (PGR), de ganarla, le va a costar un mínimo de dos millones de dólares al Estado. De perderla sería peor, porque habría que indemnizar a Barceló.
El procurador Hernán Estrada dijo hace unos días que Barceló oculta información.
Según Estrada, la empresa hotelera no informa correctamente sobre los aterrizajes de charters con turistas canadienses y españoles en Montelimar.
“Eso es lo que dice el procurador, eso tendrá que probarlo, para esos son los tribunales. No existe tal ocultación. La gente de Price Waterhouse Coopers no son niños inocentes, esa gente no nació ayer, esas son firmas expertas, internacionales”, dijo Delaney Solís.
ALEGAN QUE TIENEN “ESPECIE DE FINIQUITO”
Delaney manifestó que cada año la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), la institución estatal que estaba a cargo de las privatizaciones de propiedades del Estado, iba extendiendo una especie de finiquito, cuando admitía las auditorias de Price Waterhouse Coopers y manifestaba que ese año Barceló realmente no tenía que pagar nada al Estado porque no se alcanzaron los niveles de ocupación establecidos en el contrato.
Ribas mostró seis cartas de la Cornap al Hotel Barceló, en que la institución estatal declaraba exenta de pago alguno a la empresa española.
BARCELÓ IGUAL QUE ORTEGA
En una conferencia de prensa realizada ayer, el español Juan José Ribas, director general de Barceló para Centro y Sur América, explicó que en 1993 la empresa española pagó tres millones 30 mil dólares por el terreno y las instalaciones del Complejo Turístico Montelimar.
Después de tres años de estar ocupando Montelimar, Barceló empezaría a pagar 10 cuotas anuales conforme al nivel de ocupación del hotel, pero Ribas señaló que en ningún año desde 1996 hasta el 2006 los niveles de ocupación alcanzaron los establecidos en el contrato, según determinó la firma internacional Price Waterhouse Coopers.
Pero cuando una periodista quiso interrogarlo a profundidad sobre los niveles de ocupación del Hotel Barceló, Ribas fue cortante y se negó a responder.
¿Para qué nos llamaron a conferencia, si no va a responder?, le reprochó la periodista a Ribas.
Delaney Solís se encargó de responder y señaló que Barceló está convencido de que no le debe al Estado nicaragüense.
Indicó que todo el problema es por el no pago de las 10 cuotas, de lo cual se deriva que ahora Nicaragua desea recuperar el Complejo Turístico Montelimar para su patrimonio.
La cláusula siete del contrato establece que, después de cancelada la prima de los tres millones 30 mil dólares, en el cuarto año de ocupación Barceló comenzaría a pagar 10 cuotas anuales que serían determinadas en función de la ocupación del Hotel Barceló.
Según Delaney Solís y Juan José Ribas, cada año a partir de 1996 Price Waterhouse Coopers auditaba los niveles de ocupación del Hotel Barceló y nunca alcanzaron los porcentajes mínimos establecidos en el contrato.
Pero el Procurador General de la República, Hernán Estrada, señaló que lo que quedó condicionada fue la forma de pago y no la obligación real, “por tanto, al no alcanzar el Hotel Barceló los porcentajes establecidos y pactados, no implica de forma alguna la exoneración, exención o condonación de la deuda”.
CONTRADICCIÓN
En mayo, Barceló dijo que turistas canadienses eran de sus mejores clientes, pero ayer Delaney Solís indicó que turistas nacionales son sus principales visitantes, porque los canadienses sólo llegan de enero a marzo de cada año, cuando andan huyendo del frío de América del Norte.
Destacó también que Barceló sólo se mantiene en Nicaragua, pero no son grandes las ganancias.
Consultado sobre por qué si no hay mucha clientela construyeron 90 habitaciones, aparte de las 202 ya existentes en Montelimar, Delaney argumentó que como inversionistas están previendo que en Nicaragua exista un despegue económico.
Juan José Ribas destacó que Barceló ha cumplido con todas las cláusulas , entre ellas una inversión de más de cinco millones de dólares.
Sobre una primera demanda que el Gobierno entabló contra Barceló en el Juzgado Tercero de Distrito de lo Civil de Managua, Delaney dijo que la Procuraduría debe decidir en qué tribunal va a dirimir el asunto, aunque el contrato dice que debe ser en un tribunal internacional, por medio de arbitraje.
