El resultado de la contienda electoral del 5 de noviembre del 2006 sólo podría haberse dirimido en una segunda vuelta. Por eso, previendo su inevitable derrota, el seguro perdedor, Daniel Ortega, y su cómplice pactista Arnoldo Alemán, que se había comprometido a impedir la elección de Rizo o de Montealegre como Presidente, decidieron recurrir al fraude para impedir la segunda vuelta. He aquí los hechos:
Hacia las 5:30 de la madrugada del lunes 6 de noviembre del 2006, en el Hotel Princess, de Managua, Raúl Alfonsín, ex Presidente de Argentina, jefe del grupo de observadores de la OEA, expresó a los candidatos del PLC, José Rizo y José Antonio Alvarado, en esencia, lo siguiente: “En base a nuestra experiencia en decenas de elecciones en todo el continente, podemos asegurar, con un margen de error inferior al uno por ciento, que van a una segunda vuelta”. Poco más tarde, Alfonsín confirmó lo anterior agregando: “...sin embargo, es notoria la complacencia con la que los magistrados liberales del CSE están dejando pasar todo”. Y concluyó advirtiendo: “Si ustedes me citan ante los medios, mi función me obliga a desmentirlos”.
Escuché estas revelaciones terribles de la boca del propio José Rizo, en presencia de José Antonio Alvarado, ante una decena de dirigentes políticos y sindicales nacionales.
De otras fuentes averigüé que, paralelamente, Agustín Alemán, sobrino y hombre de confianza de Arnoldo Alemán, cortó abruptamente a dirigentes de partidos aliados del PLC y a la hija de José Antonio Alvarado, la entrada al Centro de Cómputos, instalado en la sede del PLC en Vinsa.
De esta información, es cierto, no se puede colegir si la segunda vuelta habría sido entre la fórmula del PLC (Rizo-Alvarado) o de la ALN (Montealegre-Cajina) con los candidatos del FSLN. Sin embargo, tres cosas quedan perfectamente claras: primero: que la segunda vuelta era inevitable; segundo: que los candidatos del FSLN, Daniel Ortega y Jaime Morales Carazo, habrían sido abrumadoramente derrotados y, tercero: que hubo fraude.
La gravedad del abuso es todavía mayor ya que, ni siquiera con el fraude revelado por Rizo y Alvarado puede el comandante Daniel Ortega demostrar haber obtenido el 38 por ciento de votos, porque, el CSE nunca rindió cuentas del ocho por ciento de los votos emitidos. Sin el ocho por ciento, ese hecho político y jurídico único e indivisible que son las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de noviembre del 2006, está inconcluso. Al eliminar el ocho por ciento —equivalente a unos 200,000 votos (es decir, el número de votos emitidos en los departamentos de Carazo, Granada y la mitad de Boaco)— los magistrados del CSE incurrieron en un gravísimo delito por el que deben ser juzgados por haber viciado de manera insubsanable el resultado de dichas elecciones. Al hacerlo —además de perjudicar a los candidatos presidenciales— impidieron a varios candidatos a diputados ser electos, afectando así la proporcionalidad de las bancadas y de las votaciones futuras en la Asamblea Nacional.
Todo lo anterior nos obliga a constatar que el comandante Daniel Ortega Saavedra no es Presidente sino que, actualmente, ejerce de facto el Poder Ejecutivo —compartiéndolo, también de facto, con su esposa, la señora Rosario Murillo—, ya que su proclamación como Presidente de Nicaragua es falsa e inválida. Queda por verse si, apartándose de su deplorable trayectoria actual, el comandante Ortega logra adquirir una “legitimidad de ejercicio” que, de alguna manera, compense la “ilegalidad y la ilegitimidad de origen y de derecho” de la que obviamente carece.
Estamos, por consiguiente, ante una gravísima situación que amenaza la existencia misma y la estabilidad de nuestra República ya que, de no reconocerse y atenderse de inmediato, tendría consecuencias fácilmente imaginables y ya las está teniendo. Esta situación no se resuelve con discursos estridentes ni con insultos o descalificaciones sectarias ante dóciles asambleas mono-partidarias y de aterrorizados empleados públicos. Es responsabilidad de todos los partidos y demás sectores representativos del país buscar conjuntamente, con civismo, serenidad y orden, un acuerdo remedial que restaure la institucionalidad democrática. Esto debe incluir un plan de gobierno y un gabinete de consenso nacional integrado por personas capaces y honestas con garantías exigibles y verificables y con aval internacional, de que los acuerdos de Estado que alcancemos serán rigurosamente respetados durante todo el período actual.
Con este artículo presento formalmente —sin perjuicio de hacerlo por la vía judicial— ante el pueblo de Nicaragua y ante la comunidad democrática mundial un testimonio-denuncia, obligándome a la prueba.
