Que sea reformada la Ley 202, o sea la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y la aprobación de un protocolo que garantice el cumplimiento de la convención sobre los derechos a los discapacitados, es una de las principales demandas de ese sector.

Actualmente ese sector reclama derechos como la educación para sordos y no videntes, que actualmente no tienen oportunidades en las escuelas regulares. Por ejemplo, en las escuelas hacen falta intérpretes para personas con discapacidad de sordera. O el formato en el sistema braille para profesionalizar a los no videntes.

En una sesión de trabajo realizada ayer por parte de representantes de diferentes instituciones del Estado, presidida por el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, manifestó que en Nicaragua agilizarán que se apruebe el protocolo facultativo, tras entrar en vigencia hace como un mes la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Procuradora Especial de los Discapacitados, Rosa Salgado, expresó que el protocolo “viene a garantizar el cumplimiento de la Convención en cuanto a los derechos a la salud, educación y a los derechos sociales que tenemos”.