Desde tiempos inmemoriales se sabe que la fuerza de la justicia depende de la confianza que los ciudadanos depositan en ella. No podría ser de otra manera, puesto que la justicia es el eje en el que gira la estructura, la organización y toda la vida de la sociedad, tanto en su aspecto institucional —estatal y gubernamental—, como en lo que se refiere a los asuntos comunes de la gente.
Es que el fin primordial de la justicia consiste en dar y garantizar a cada quien lo que legítimamente le pertenece. Debido a la misma naturaleza humana las personas siempre están envueltas en contradicciones y conflictos de todo tipo, y le corresponde a la justicia reconocer el derecho y la razón de uno o de otro. De manera que para cumplir esa delicada función la justicia tiene que gozar de la confianza pública, la cual a su vez sólo se puede lograr si los jueces y magistrados son reconocidos por la población como funcionarios honestos, sabios, imparciales e independientes.
En realidad, la justicia es la virtud y la condición existencial que sacó a la sociedad humana del estado de barbarie y la condujo a la civilización, al desarrollo y al progreso. Y aunque los conflictos entre las personas y las instituciones son siempre inevitables, al dirimirlos y obligar legal y moralmente a que sus fallos sean acatados, la administración de justicia garantiza la convivencia pacífica, asegura la tranquilidad social y sostiene la estabilidad gubernamental. Es en este sentido que se entiende el concepto siempre vigente de Aristóteles (384-322 antes de Cristo), de que “así como el ser humano que alcanza su perfección es el mejor de los animales, también fuera de la ley y de la justicia, es el peor de todos”. Y el sabio y prudente precepto aristotélico de que “en el medio está la virtud”, se aplica sin duda a la equidistancia que deben tener los jueces y magistrados en relación con los sujetos en conflicto, a su imparcialidad e independencia para juzgar y a la manera prudente, justa y correcta para sentenciar, a fin de que sus fallos puedan ser acatados por todos, inclusive por quienes resultan desfavorecidos.
“Los jueces no tenemos ni espada ni billetera. Todo lo que tenemos es la confianza de la gente”, aseguró el eminente jurista judío Aharon Barack, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia de Israel. Esta paradigmática sentencia del juez Barack fue citada recientemente por el periódico israelí Aurora, el cual se edita en español en la ciudad de Tel Aviv, a propósito de la gran preocupación que ha causado en ese país el dato revelado por una reciente encuesta de opinión pública, de que “sólo un 35 por ciento de la ciudadanía ve en la Suprema Corte de Justicia (de Israel) a la institución que mejor defiende a la democracia israelí, y sólo el 49 por ciento le tiene confianza”.
Pero en Nicaragua es peor. En primer lugar, aquí los jueces sí tienen espada y cartera pero nada o muy poco de confianza pública. Según las encuestas, el 75 por ciento de la ciudadanía desconfía de la administración de justicia. Y en cuanto a defender la democracia, sin duda que la Corte Suprema es la peor defensora, puesto que sus magistrados ni siquiera son elegidos realmente por la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución, sino que son escogidos previamente por las cúpulas de los partidos FSLN y PLC. Peor todavía, los magistrados son designados por los caudillos o caciques de esos partidos, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
La falta de independencia, de imparcialidad, de capacidad jurídica y de sanidad moral en la administración de justicia de Nicaragua, es trágico no solamente para la democracia sino para toda la sociedad nicaragüense. Es una tragedia porque sin justicia no hay seguridad jurídica, que es la que da la confianza necesaria para vivir, trabajar, hacer contratos, invertir y producir con normalidad y buenos resultados. Y no existe seguridad jurídica, simple y sencillamente porque la administración de justicia está condicionada a los intereses particulares y a las lealtades políticas de jueces y magistrados.
Ciertamente, en un país donde los magistrados y jueces no son los mejores juristas sino los más leales miembros del partido, los amigotes de los diputados, los hermanos del cacique y los socios en los múltiples negocios limpios, turbios y sucios que se hacen al amparo del poder, es imposible que haya confianza ciudadana y pública en la administración de justicia. Y sin confianza en la justicia el país sólo puede ir, otra vez, hacia el desastre.
