El Procurador General de la República, Hernán Estrada, notificó a Inversión Auxiliair (Grupo Barceló) sobre una demanda en su contra que Nicaragua presentó a nivel internacional, por el incumplimiento de esa empresa española en cancelar la deuda por la compra del Complejo Turístico Montelimar, ocurrida en el año de 1993.
La demanda, denominada controversia relativa a inversiones, fue presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, entidad que pertenece al Banco Mundial (BM) y que fue creada para resolver disputas en negocios internacionales.
El monto mínimo de la demanda es de 30 millones de dólares, debido a que, según el procurador Estrada, el Grupo Barceló no ha cumplido como comprador de Montelimar, de cancelar al Estado el saldo del pago principal que fue de tres millones 30 mil dólares, así como intereses ordinarios y moratorios, y daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.
Aún así, de acuerdo con lo establecido por el propio tribunal CIADI, deben pasar seis meses antes de que el conflicto se resuelva por medio de arbitraje, para que en ese tiempo Barceló pueda acercarse a la Procuraduría nicaragüense y llegar a un acuerdo amistoso, explicó el procurador Estrada.
El 19 de mayo de 1993 por medio de la escritura pública número 67, que levantó el notario público José Denis Maltez Rivas, ahora magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), el Grupo Barceló, representado en ese momento por el costarricense Rodrigo Ortiz Salazar, compró Montelimar al Estado con una prima de tres millones 30 mil dólares, pero además se comprometió a pagar obligaciones amortizadas en 10 cuotas anuales, con base a niveles de ocupación habitacional, años de operación y otros porcentajes con tres años de gracia, por lo cual la primera cuota debió ser cancelada en 1996, pero no fue así.
En el año 2006 se terminó el período del contrato, pero Estrada aseguró que el Gobierno de Enrique Bolaños no le dio el finiquito (que el contrato ya fue cumplido) al Grupo Barceló.
Debido a que Barceló no honró ninguna de las cuotas, el procurador Estrada estima que la empresa española debe cumplir con el pago, pero además existe una cláusula en el mismo contrato que establece la cancelación del mismo si hubiese el incumplimiento de al menos una de las otras cláusulas.
“Basta solamente con que el procurador vaya a un tribunal y disuelva el contrato por mero derecho, por vía incumplimiento”, aseguró Estrada.
Según el funcionario de Gobierno, el Estado ratifica su mejor disposición de tratar de arreglar de buena fe el conflicto, mediante un acuerdo amistoso, pero hasta ahora el Grupo Barceló no se ha acercado a la Procuraduría y sólo ha dicho en los medios de comunicación que no le debe nada al Estado nicaragüense.
CUOTAS ESTABAN CONDICIONADAS
Tomás Delaney Solís, representante legal del Grupo Barceló en Nicaragua, explicó recientemente que las cuotas a las que se refiere el procurador estaban condicionadas.
“El punto esencial es que él (Estrada) demanda unas supuestas cuotas, pero nosotros decimos que no hay obligación de pagarlas. Es cierto que se pactaron, pero estaban condicionadas a la reactivación del turismo en Nicaragua y los niveles de ocupación en el hotel”, explicó Delaney.
Barceló entregaría al Estado, además de los tres millones 30 mil dólares de prima, otros 50 mil dólares anuales por diez años si el nivel de ocupación del hotel llega a entre el 60 y el 64.9 por ciento; 100 mil dólares si estaba entre el 65 y el 69.9 por ciento; 175 mil dólares si lograba entre 70 y el 74.9 por ciento, y 250 mil dólares si el nivel de ocupación fuera del 75 por ciento en adelante.
Delaney explicó que de acuerdo con un estudio que realizó una firma internacional, Price Waterhouse Coopers, los niveles de ocupación de Montelimar nunca han llegado al 60 por ciento, sino que su punto máximo ha sido el 42 por ciento.
Pero el procurador Estrada refuta esas auditorías porque no contaban con la aprobación de la Junta Directiva de la vendedora, Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).
Además, explicó que no otorgan certeza para tener un respaldo sólido, por lo cual es necesario implementar las revisiones y medidas administrativas que incluyan una exhaustiva comprobación de las tasas de ocupación con base a la cantidad de habitaciones que originalmente tenía el Complejo Turístico Montelimar al celebrarse la compra-venta, así como el análisis de los estados financieros.
Estrada manifestó que el total que el Grupo Barceló pagó por Montelimar, una playa con características privilegiadas, hasta ahora es de aproximadamente un millón y medio de euros, la misma cantidad de dinero, según él, con que en Madrid, capital de España, se compra un apartamento pequeño o una casa también pequeña en el interior del país ibérico.
Según Estrada, el Gobierno tomó la iniciativa de presentar la demanda para que la opinión pública conozca que a Nicaragua le asiste la razón.
“Por eso nosotros mismos estamos yendo para evidenciar todos estos montos que nos deben y para asegurar a la opinión pública que el derecho nos asiste”, dijo.
“Lo estamos haciendo en el tribunal que a ellos más les gusta, que es el CIADI, que es en Washington”, dijo Estrada, quien agregó que están conscientes de que en el CIADI se dirimen y se favorecen intereses ajenos “a los intereses populares”.
