En un encuentro entre activistas de derechos humanos y autoridades del Hospital Bertha Calderón, éstas informaron que un equipo de especialistas médicos brinda atención a la niña de 12 años que quedó embarazada tras ser abusada por su propio padre.
Bayardo Izabá, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), manifestó que en un encuentro sostenido con la directora del centro, doctora Olga María Chávez Meléndez, y el subdirector de Atención Médica, doctor Víctor Mantilla, le expresaron su compromiso de adoptar todas las medidas médicas necesarias a fin de evitar un desenlace fatal.
El Cenidh solicitó a las autoridades de ese centro asistencial “que hicieran todo lo posible por garantizarle el derecho humano a la vida a la niña”, manifestó Izabá.
Según conoció el activista de derechos humanos, la situación de la salud de la niña es “complicada”.
Pero Izabá prefirió no emitir otros criterios, sobre una posible alternativa que pudieran utilizar los médicos, en caso de que empeorara el estado de salud de la niña.
Antes de esa reunión, se había conocido extraoficialmente que el Cenidh introduciría un hábeas corpus a favor de la niña.
Consultado Izabá, dijo: “Cambia eso, porque como te digo tenemos confianza en que el hospital va a actuar, de acuerdo a las normas científicas que el caso amerita”.
CARTA A TITULAR DEL MINSA
En una carta remitida al titular del Ministerio de Salud (Minsa), Guillermo González, le piden que se le garantice la vida a la niña.
Según las organizaciones de mujeres, el único tratamiento posible es la interrupción del embarazo, que en este caso no constituye un aborto, “pues un embarazo de 24 semanas cuando se interrumpe es un parto inmaduro, que no está penalizado en la legislación nacional”.
“Salvar la vida de la niña es un deber médico y es un deber del Estado, antes que el Minsa sea condenado por exponer a personas al peligro, abandono de persona y negligencia, por el tratamiento conservador que actualmente están aplicando”, manifiestan las representantes de 16 organizaciones.
“Esperamos que el Minsa tome en cuenta la situación de alto riesgo obstétrico que implica un embarazo forzado por violación, o sea un embarazo no deseado, complicado por la edad de la niña, que multiplica los riesgos, sumado a la preclampsia severa que puede desembocar en eclampsia con una alta posibilidad de morir, y que está agravada por la desnutrición”, le refieren los organismos de mujeres al ministro González.
