Una carta de un grupo de feministas del Perú en solidaridad con nueve activistas de la Red de Mujeres contra la Violencia, procesadas en Nicaragua por presunto delito de encubrimiento de violación en el caso Rosita, arrancó la promesa del embajador de Nicaragua en ese país, Tomás Borge, de que el caso “quedaría en nada”.
El grupo de representantes feministas señaló a Borge, entre otras cosas, los acontecimientos en materia de derechos humanos ocurridos en el régimen de Daniel Ortega, que incluye “el acoso a nueve feministas por el caso de Rosita, y los riesgos de la alianza con la cúpula de la Iglesia que impactan en la región”.
Según Borge, los resultados de la investigación en la Fiscalía en contra de las nueve activistas de la Red de Mujeres contra la Violencia sería favorable a ellas. “Se refirió a los costos políticos de las alianzas políticas necesarias para ganar una elección, como fue la concretada con monseñor (Miguel) Obando para neutralizar su ataque a los sandinistas. Borge indicó que mostró su discrepancia con tal vinculación, pero fue una decisión adoptada por Ortega, a quien calificó con debilidades para conducir el proceso revolucionario en su país”, señalan las feministas peruanas en un informe enviado a sus homólogas nicaragüenses.
Borge se adelantó a advertirles a las representantes feministas peruanas que muchas de las explicaciones que les ofreció “no podría sostenerlas públicamente, pues formaban parte de procesos internos y contradictorios en el Gobierno de su país, que podrían ser aprovechados por la derecha”.
Borge les negó que el régimen sandinista tuviera responsabilidad en la anulación del derecho al aborto terapéutico, que se dio en el Gobierno del presidente Enrique Bolaños. Sin embargo, reconoció que en el voto mayoritario en el parlamento participaron liberales y sandinistas, aunque aclaró que él no asistió a esa sesión por estar en desacuerdo.
Las activistas fueron denunciadas ante la Fiscalía, a finales del año pasado, por la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), cuyo presidente ejecutivo es el Obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, quien en ocasiones anteriores ha negado que su denuncia responda a intereses de la pareja presidencial.
La ANPDH denunció a María Luisa Molina Argüello, Juana Antonia Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Martha Munguía y Norla Norori Gutiérrez.
